Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, acompañados de varios miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil Española, se tomaron la sede de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) para pedir información relacionada con las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la negociación de las acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P, Triple A.
La llegada de ocho investigadores, dentro de la llamada ‘Operación Acordeón’, tiene como propósito recopilar pruebas sobre el presunto pago de sobornos a políticos colombianos y si esto tiene alguna relación con el dinero del sobrecosto de la negociación de las acciones que fue depositado en paraísos fiscales y utilizado con fines que son objeto de la investigación, presuntamente para financiación del PP de Madrid y enriquecimientos personales.
También pretenden conseguir nuevos datos sobre la compra de la firma brasileña Emissao, una operación que se realizó en noviembre de 2013. Según la prensa española, también se recopilan documentos sobre la participación de empresas offshore en las negociaciones que hizo Canal de Isabel II y que implicarían directamente a Ignacio González.
El ente acusador indaga la progresiva reducción que sufrió la participación del Distrito en Triple A (pasó de tener el 85% al 13%). Asimismo, en la operación en Panamá, a través de sociedades ‘de papel’, mediante la cual el Canal de Isabel II compró en 2001 a Inassa a un grupo de barranquilleros, por medio de la cual acabó apropiándose de Triple A.
La Fiscalía General de la Nación abrió dos investigaciones en las que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía de España, una a luz de la Ley 600 porque son hechos anteriores al año 2008, cuando entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento penal en Barranquilla, y la otra, al amparo de la Ley 906 (Código de Procedimiento Penal).
La Superintendencia de Sociedades también recopiló información sobre los estados financieros de Inassa, con el fin de realizar una revisión a fondo de los mismos a raíz de este escándalo empresarial que se ha denominado por las autoridades de España como ‘El caso Lezo’.
