Quejas por uso de fotomultas sin autorización en Atlántico

La denuncia de una red de veedurías sobre el uso de cámaras de fotomultas que habrían sido instaladas en la Vía Oriental sin la correspondientes autorización por parte del Ministerio de Transporte, abre la discusión sobre la validez de las multas que fueron aplicadas a través de estos sistemas entre 2017 y 2018.

La veeduría cuestiona que se hayan impuesto sanciones cuando las cámaras no estaban reglamentadas; sin embargo, la Dirección de Tránsito defiende la instalación de los equipos advirtiendo que el mecanismo ayuda a reducir la accidentalidad y que las cámaras están apagadas desde noviembre pasado a la espera de la autorización.

En ese sentido, el director del Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, informó que el jueves pasado recibieron la notificación de la autorización para el funcionamiento de ocho detectores electrónicos en la Vía Oriental. Están pendientes por aprobar otras cuatro.

La queja. Las denuncias de la veeduría tomaron como base las quejas de varios propietarios de vehículos que recibieron comparendos electrónicos entre 2017 y 2018 en la Vía Oriental, en el tramo que comunica a Barranquilla con el municipio de Calamar (Bolívar).

Ante esta circunstancia, la red de veedurías, encabezada por Luis Alfonso Vargas, solicitó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV- y a la Superintendencia de Puertos y Transporte la revisión de estos equipos, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

Tras la indagación, pudieron determinar que el Instituto de Tránsito del Atlántico (ITA), 'no estaba cumpliendo' con los términos señalados en la Resolución No. 000718 y que solo hasta agosto del año pasado procedieron a registrar los sistemas o equipos automáticos, semiautomático y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito (SAST), que no son más que las fotomultas.

Esta situación se desprende de los conceptos técnicos desfavorables que fueron hechos el 18 de enero de 2019 por la ANSV por no cumplir los criterios técnicos señalados en la Resolución No. 000718 de 2018, reglamentaria de la ley 1843 de 2017, que regula el uso de equipos electrónicos para la detección de infracciones de tránsito.

En ese momento se pudo determinar que los equipos instalados y en operación eran 15, de los cuales solo dos habían obtenido concepto técnico favorable el 12 de febrero de 2019.

De acuerdo con la información, el concepto favoreció a las cámaras de Agua Marina y Salinas del Rey, a la altura de Juan de Acosta, cuatro quedaron en trámite y las demás fueron rechazadas en esa fecha.

Carlos Granados, director del ITA, rechaza las denuncias y asegura que desde el 18 de diciembre de 2018, las cámaras dejaron de funcionar porque el Ministerio estaba exigiendo unos requisitos.

'Desde esa fecha hasta el momento, de las 15 cámaras apenas tenemos 7 funcionando, y se demoraron debido a que teníamos que esperar los permisos, los cuales fueron entregados este año. La Agencia se tomó su tiempo para darnos autorización'.

En ese sentido explica que cinco cámaras empezaron a funcionar a partir del 30 de abril de 2019: las cámaras ubicadas en Suan, Bohorquez, EDS Campo de la Cruz, en la entrada de la vía principal de Campo de la Cruz y en Ponedera.

El jueves 9 de mayo les autorizaron cuatro cámaras más: móvil de Tubará, Santa Rita (Ponedera), entrada a Martillo y Baranoa.

'De las 15, tenemos 11 autorizadas en estos momentos, incluyendo las dos de la Vía al Mar'. (Ver gráfico con fotomultas autorizadas).

Granados enfatiza en que cámara que no está autorizada por el Ministerio 'no está en funcionamiento' y que desde diciembre pasado, cuando fueron deshabilitadas, mientras cumplían con los requisitos técnicos, lo dieron a conocer.

'Aquí pueden venir y revisar si la cámara no estaba en funcionamiento, pues automáticamente ese comparendo no es valedero', dijo Granados.

Al respecto, Luis Alfonso Vargas dice que lo 'grave de esas siete cámaras a las que tuvieron que modificarles los criterios que tenían, es que vendría el asunto de la legalidad de los comparendos impuestos desde la instalación de esos equipos y los impuestos por las SAST que fueron rechazadas'.

La ley es clara en señalar que los SAST deben cumplir con los criterios técnicos y en caso de no hacerlo deben ser retirados y esta última verificación le corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte, pero al parecer lo hicieron solo con los documentos presentados por el ITA a través del aplicativo dispuesto por el Ministerio de Transporte.

'La Agencia Nacional de Seguridad aprobó sin que la Superintendencia verificara cumplimiento de criterios técnicos', advierte la veeduría.

El ITA es un organismo descentralizado de la Gobernación, el cual suscribió con la firma Construimos y Señalizamos-Construseñales S.A. el contrato No. 57 del 26-08-2011 con un plazo de 12 años y un porcentaje a su favor del 38% de la totalidad de los recursos que se generen por concepto de multas impuestas por foto multas.

Varios usuarios de las vías se preguntan si se justifica el uso de estos equipos que permitan 'prevenir ' la accidentalidad, a través de multas y sanciones.

Los municipios del Atlántico, al igual que en el resto del país, cuentan con un sistema de cámaras para registro de infracciones por exceso de velocidad y avance en luz roja en municipios del área metropolitana. Estos dispositivos son automáticos, móviles y funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Carlos Granados, asegura que la accidentalidad ha bajado en las vías del Departamento y que aunque algunas personas crean que se trata de 'un negocio', es para prevenir la accidentalidad.

Su planteamiento lo argumenta señalando que en los primeros 4 meses de 2018, más de 30 personas perdieron la vida en las vías del Atlántico, mientras que en el mismo periodo de este año 14; es decir, una disminución del 55%.

Granados destaca que aunque las cámaras estén apagadas en algunos puntos, la gente baja la velocidad pensando que están funcionando, 'lo que quiere decir que de una u otra forma ayudan a que la accidentalidad siga manteniéndose baja', aclara que continúan haciendo mantenimiento a las cámaras.

Según Granados, en promedio al año son unos 60 mil comparendos por foto-detección en las vías del departamento (Oriental, Cordialidad y Vía al Mar). (Ver recuadro)

El ingeniero Víctor Cantillo, experto en movilidad, dice que hace dos años fue aprobada una ley que intentaba ponerle un poco más de rigor a la forma como se localizaban las cámaras, vino una reglamentación y poco ha cambiado.

'Creo que las cámaras deben ser instaladas y su control debe estar en manos de la entidad de tránsito y no de privados'. Asegura que el privado tiene un interés muy claro, que es ganar dinero; por lo tanto, tiene todo el 'interés que la norma sea violada' y que las multas sean cobradas, por eso optan por reducir los límites de velocidad que en muchos casos son absurdos en algunas zonas.

Comparendos

Siniestros viales

Según las estadísticas del ITA hasta febrero de 2019 con respecto al mismo periodo del año 2015 hubo una disminución del 53,3% de víctimas fatales por siniestros viales.

En 2015 hubo 15 víctimas fatales, en 2016, 12; en 2017,15: en 2018, 21 y 7 en 2019.