El Heraldo
El contralor Carlos Felipe Córdoba estuvo en el Cari a comienzos de febrero para instalar la comisión de auditores. Jesús Rico
Atlántico

Identifican cinco irregularidades en contratación del Hospital Cari

El informe de la Contraloría General de la República, indica, entre otros aspectos, que el gerente Ulahy Beltrán se habría extralimitado en sus funciones en este caso.

La Contraloría General de la República identificó cinco irregularidades en el proceso de contratación directa del operador del Hospital Cari E.S.E de Alta Complejidad.

En el informe, al que tuvo acceso EL HERALDO, el ente de control asegura que el gerente se habría extralimitado en sus funciones y que encontró indicios de direccionamiento de la actividad contractual para favorecer al oferente que se quedó con el contrato.

El informe final recoge el análisis que hizo la Contraloría General de la documentación encontrada por la Comisión Auditora durante la visita de inspección que realizó a la institución hospitalaria el pasado 3 de febrero. En ese momento, el ente inició un procedimiento administrativo sancionatorio fiscal contra el gerente del hospital, Ulahy Beltrán,  por “obstrucción a la investigación”, al negarse a entregar información financiera y administrativa solicitada al directivo.

Para el ente de control, es sospechoso que en tan solo siete días, del 23 de diciembre de 2019 al 27 del mismo mes, se haya procedido a la conformación de un consorcio, a la presentación de la oferta del caso, a la evaluación de la misma y a la contratación.

Estos trámites, según explica el organismo de control, dada su naturaleza y extensión toman más tiempo.

Según la Contraloría, cuando fue declarada desierta la Convocatoria Pública (el 20 de diciembre pasado), se limitó el derecho de participación de las personas naturales y las veedurías ciudadanas para expresar sus pareceres frente al proceso de contratación.

Responsabilidades

Según el documento, con este proceso administrativo podría generarse responsabilidad disciplinaria y fiscal para el representante legal y el revisor fiscal, por incumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las Empresas Sociales del Estado.

Asimismo, el organismo público señala que podría haber una posible extralimitación del gerente Ulahy Beltrán López al no hallarse evidencia de la autorización de la junta directiva del centro asistencial para realizar la contratación que concluyó con la suscripción del contrato 690 de 2019.

Con dicho contrato, se entregó la operación de la sede de Alta Complejidad al Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe S.A.S., por quince años.

La Contraloría también considera establecer si asiste responsabilidad de Guido Santander, Eusebio Consuegra y Álvaro Sánchez, miembros de la junta directiva, quienes fueron asignados para hacerle seguimiento al desarrollo del proceso de selección del operador.

Tras revisar los estudios previos de la convocatoria pública, el organismo de control determinó que está justificada en la ventaja de garantizar que el operador asuma todos los gastos y costos que generen la prestación de los servicios de ambas sedes hospitalarias, refiriéndose a la de Alta Complejidad y a la de Salud Mental, lo cual evidencia la improcedencia de la causal de inadmisibilidad en su momento invocada.

Este mismo factor tampoco se tuvo en cuenta en los ajustes realizados a los documentos previos de la contratación directa. Al ajustar aspectos técnicos no se modifica el planteamiento económico del incremento de los ingresos y saneamiento del pasivo, puesto que se establece que el pago de los gastos administrativos hace parte del resorte del hospital y no del operador.

La Contraloría también estableció que no se tuvo en cuenta el impacto en la calidad y cobertura del servicio.

A su vez, la Contraloría determinó que los ingresos proyectados en el modelo de propuesta son “desproporcionados e injustificados”, porque no permitieron establecer la manera en la que el operador va a lograr un incremento de la venta de servicios para obtener unos ingresos que le permitan pasar de una facturación de $14.980 millones en 2018 (como hospital) a una de mínimo $134.180 millones como operador.

Dicho incremento se requeriría para poder cumplir con la cláusula de pago; es decir, que el hospital reciba $12.076 millones proyectados en el primer año del contrato y que corresponden al 9% de la facturación anual del operador.

Finalmente, frente a la solicitud de dar inicio a un proceso de responsabilidad fiscal por los hechos encontrados, como solicitó en su momento la secretaria de Salud del Atlántico, Alma Solano, la Contraloría General de la República especifica que es la Contraloría Departamental la competente para adelantar todo el trámite procesal.

En este punto, la Contraloría General explica que la ausencia de recursos nacionales involucrados en este contrato es lo que descarta que la CGR sea la facultada para llevar el proceso, salvo que medie una solicitud de un control excepcional.

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