Una tensa calma se vive en el Atlántico. Aunque se han suspendido los cortes diarios del servicio de energía hasta el próximo 5 de agosto, existe preocupación entre los alcaldes de los municipios debido a la “imposibilidad legal” para asumir acuerdos de pago con la empresa Air-e con relación a las deudas de los barrios subnormales y zonas de difícil gestión.
Los mandatarios municipales han expresado su intranquilidad debido al impacto que tendría la reanudación de dicha medida, que comprende desde alteraciones al orden público hasta intermitencias en la prestación del servicio de agua potable.
Óscar Avilez, alcalde de Polonuevo, puso de presente que si bien el municipio no se encuentra en el listado de morosos a la empresa Air-e, el suministro de agua potable se vería afectado debido a que el acueducto que los surte se encuentra en jurisdicción del municipio de Sabanagrande y este sí se encuentra dentro de los sectores con altas deudas de energía.
“Si le quitan la energía al circuito de Sabanagrande, automáticamente se va el agua en los municipios de Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela y Baranoa, que se surten de esa planta de tratamiento. En estos municipios no tenemos una deuda alta con Air-e y no van a suspender el suministro de energía, pero si nos quitarían el suministro de agua que es vital para la comunidad”, explicó el mandatario en diálogo con EL HERALDO.
Fue enfático al mencionar que “los alcaldes no estamos de acuerdo con esa prórroga que está dando la empresa Air-e. No es más que ponernos una soga al cuello para que firmemos unos acuerdos para el pago de deudas que vienen de años atrás en los barrios subnormales. Los municipios, en la mayoría de sexta categoría, no tenemos los recursos para hacernos cargo de la deuda”.
Cabe anotar que la empresa Aqsur indicó –a principios de esta semana– que la medida de cortes diarios del servicio de energía conllevaría a variaciones en los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios de Luruaco, Repelón, Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz y Santa Lucía.
“Esto implica que nuestras operaciones de captación, tratamiento y distribución de agua potable y recolección de aguas residuales podrían experimentar interrupciones temporales o reducciones en su capacidad habitual”, sostuvo la compañía ante el inicio de la aplicación de la medida.
Rechazo a acuerdos
Ameth Juan Hanna, alcalde del municipio de Luruaco, aseguró que la normatividad vigente no posibilita que los municipios adelanten ese tipo de convenios.
“La ley no permite que yo reconozca esa deuda de terceros. Ellos acogieron el manejo en medio de una crisis y deben tener el músculo financiero y afrontar lo que se podría venir. Yo nunca voy a firmar un acuerdo bajo presión”, expuso el mandatario.
Agregó que antes de materializar dicha medida se debió agotar la vía del diálogo: “Siempre he expresado mi voluntad de trabajar de la mano con Air-e para que la comunidad reciba un mejor servicio y se comprometa a pagar el servicio. Al municipio no le toca responder por un contrato firmado por un tercero, no habría formas de sustentar legalmente ese convenio”.
Reunión en Bogotá
Yenis Orozco, alcaldesa de Malambo, indicó que la situación es “preocupante” teniendo en cuenta la actual situación presupuestal. Expuso, además, que se sienten “intimidados” con el plazo de 10 días entregado por la empresa Air-e y el Ministerio de Minas para suscribir acuerdos que frenen la reanudación de los cortes diarios de energía.
“Nos sentimos presionados con esta situación. Hemos solicitado que, por favor, eviten un estallido social”, expuso.
Indicó que el próximo miércoles esperan ser atendidos por el Ministerio de Minas para adelantar las gestiones pertinentes y acordar acciones que permitan atender esta problemática.
“Necesitamos obtener un concepto jurídico de la Contraloría y la Procuraduría para identificar fuentes de financiación. Estamos en pie de lucha buscando la mejor manera de no afectar los presupuestos de nuestros municipios”, agregó.
Indicó, además, que se han realizado dos mesas de trabajo con la Gobernación del Atlántico y la Procuraduría, sin que se haya logrado una solución definitiva. En la misma línea, propuso al Gobierno nacional establecer una mesa de trabajo con todos los alcaldes de la región, con el fin de revisar el presupuesto y la normativa vigente, para atender las actuales demandas.
Por su parte, Alcira Sandoval, alcaldesa de Soledad, hizo un llamado a la empresa Air-e para adoptar otros mecanismos que les permitan equilibrar sus finanzas: “Los alcaldes de los municipios del departamento hemos afrontado solos esta lucha contra una entidad que presta un servicio caro e ineficaz, que violenta el bolsillo de los ciudadanos”.
