El Caribe vuelve a cerrar filas en contra de la sobretasa de 8 pesos por kilovatio que, dentro de pocas semanas, pondría en marcha el Gobierno nacional como un “salvavidas” ante la crisis financiera que arrastra Air-e y amenaza con generar afectaciones a todo el sistema eléctrico del país.
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Eduardo Verano, gobernador del Atlántico y presidente de la Región Administrativa de Planificación del Caribe (RAP Caribe), aseguró que esta es una medida “desesperada” frente a un complejo panorama.
“Evidentemente, hay dificultades en el sector eléctrico por falta de financiación. Ojalá esta sobretasa no se convierta en una barrera para que hagan las inversiones que estamos requiriendo”, expuso el mandatario departamental.
Sin embargo, fue enfático al sostener que se debe dar una discusión alrededor de los mecanismos de financiación para que la empresa Air-e pueda superar su crisis administrativa y poder garantizar la prestación del servicio de energía a los usuarios en la región Caribe.
“Lo que le entiendo al ministro de Minas es que hay que buscar una solución. Se necesitan unos recursos en este momento: o los pone el Gobierno nacional con sus propios recursos, o los busca a través de sistemas de financiación adicionales, como esta sobretasa. Entonces, eso yo creo que es una discusión importante que hay que dar”, anotó.
Al tiempo, Verano lanzó duros dardos contra la intervención que adelanta la Superservicios, cuestionando los “resultados inmediatos” que se anunciaron en su momento.
“Lo que se está notando es que, como pasa en el sector salud y en el sector de la educación, muchas veces los problemas son estructurales. Cuando el Gobierno nacional ve que hay problemas estructurales, cree que es falta de manejo local; sin embargo, las intervenciones no han dado resultado”, dijo.
Al tiempo explicó: “Eso quiere decir que no se trata de quién maneje —si el Gobierno local o el Gobierno nacional—, sino de que si la estructura del negocio no está ordenada y clara la maneje quien la maneje va a tener el problema de fondo, que es la falta de una estructura adecuada”.
A su turno, el senador José David Name fue enfático al decir que con la mencionada sobretasa no se va a resolver el problema, teniendo en cuenta que las deudas de Air-e ascienden a cerca de $2,2 billones.
“Se van a recoger alrededor de unos $235 mil millones para poder mitigar un poco la deuda, pero si no se hace un esfuerzo mayor desde el Presupuesto General de la Nación no van a tener cómo responder estos generadores térmicos, que en otros fenómenos de El Niño nos han salvado anteriormente”, dijo el congresista de La U.
Al tiempo que subrayó que “por culpa de este gobierno y de la Superintendencia de Servicios Públicos hoy podemos tener no solamente una restricción del servicio en la costa Caribe, sino un apagón a nivel nacional”.
Y agregó que el país ha llegado a este panorama debido al planteamiento del Gobierno nacional de proceder a la nacionalización de empresas.
“Yo creo que este presidente, al final de la historia, lo que quiere es crear una crisis como la que creó con el sistema de salud, sacar a los privados del sistema eléctrico nacional y que todas las empresas sean públicas. Pero eso no es viable”, anotó.
Desde los gremios
Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, puso de presente que este nuevo cobro conllevará a un “incremento adicional” a los elevados costos operativos que enfrentan los empresarios en el país.
“Para una amplia variedad de negocios, como tiendas, restaurantes, hoteles, centros de servicios y pequeñas industrias, el consumo de energía eléctrica constituye un componente esencial dentro de su estructura de gastos”, dijo.
A renglón seguido, explicó que un aumento que pueda parecer moderado por unidad se traduce en una carga considerable al cierre de cada mes, especialmente para aquellos establecimientos con alto consumo energético, afectando con ello la competitividad y la productividad.
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“Esto genera preocupación en un contexto económico donde los empresarios enfrentan retos importantes como la inflación, la carga tributaria, los costos laborales y la informalidad. La imposición de nuevos sobrecostos limita la capacidad de inversión, expansión y generación de empleo, y en muchos casos obliga a trasladar estos incrementos al consumidor final, afectando la dinámica del mercado y el poder adquisitivo de los ciudadanos”, remarcó.
A eso agregó que numerosos negocios se encuentran ubicados en estratos 4, 5 y 6 debido a su localización geográfica, pero ello no implica necesariamente altos niveles de rentabilidad: “Esta medida, por tanto, no distingue entre grandes empresas y pequeños o medianos comerciantes, generando un impacto desproporcionado sobre estos últimos”.
Y también alertó que decisiones de esta naturaleza pueden desincentivar la formalidad empresarial, al aumentar las cargas para quienes cumplen con sus obligaciones legales, mientras la informalidad continúa operando sin asumir estos costos.
“Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno nacional para abrir espacios de diálogo con los gremios, que permitan construir alternativas equilibradas, sin afectar la estabilidad de las empresas ni la generación de empleo en Colombia”, anotó.
Respaldo en el país
A pesar del rechazo que ha generado la medida en el Caribe colombiano, desde otras zonas del país han valorado como positivo que se empiecen a barajar opciones para evitar un “efecto dominó” en el sistema energético del país.
Al respecto, el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, indicó que es “muy valioso” que el Gobierno empiece a encontrar un camino para superar la crisis financiera de la empresa Air-e.
“La situación financiera de Air-e, si llega a presentarse un fenómeno de El Niño, puede generar un efecto dominó: una crisis en el sector y una ola de quiebras en el Caribe, lo que sería gravísimo para el país y para la gente”, anotó.
Sostuvo que el costo para los hogares colombianos sería “muy marginal”. “La mayoría de la gente consume menos de 300 kilovatios/hora; estamos hablando de 2.400 pesos de contribución. Es difícil pensar que uno no puede pagar 2.400 pesos”, especificó.
Sin embargo, alertó que para que haya un saneamiento de las deudas actuales, este cobro se tendría que hacer por un periodo cercano a 15 años.
“Para que los números cierren se necesitan, por lo menos, 15 años de este cobro. Yo he hecho los números, yo lo he modelado. O sea, con 15 años usted tiene suficiente oxígeno si pone buenos gerentes y repiensa un poco la cosa para resolver el tema de manera más estructural en el Caribe colombiano”, puntualizó Ortega.
“Debe ser concebida para todo el Caribe y no solo para Air-e”
La empresa Afinia –que presta sus servicios a Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y parte del Magdalena– ha hecho un nuevo llamado al Gobierno nacional para que contemple la posibilidad de destinarles recursos provenientes de la sobretasa que se ha contemplado cobrar para brindar un alivio a la creciente crisis financiera de Air-e.
Ricardo Arango, gerente de la compañía filial de EPM, expuso que este mecanismo permite tomar conciencia de que este es un problema de carácter nacional y que se requieren medidas para fortalecer a los operadores en el Caribe colombiano.
“Consideramos que no se debe mirar únicamente a Air-e por su condición de empresa intervenida, sino también la realidad que enfrenta Afinia. Esta compañía —y su inversionista— también tiene límites desde el punto de vista de su capacidad financiera”, sostuvo Arango.
En ese sentido, recalcó que es necesario buscar una solución que garantice la sostenibilidad de todo el Caribe colombiano, “es decir, que incluya tanto a Air-e como a Afinia, con el fin de construir una salida estructural a esta problemática que ambas empresas enfrentan a diario”.
El gerente de la compañía también explicó que sería pertinente la destinación de recursos para este operador, teniendo en cuenta que su situación es “permanentemente crítica”, evidenciando que la capacidad de generación de caja no es suficiente para cubrir las pérdidas y el bajo recaudo, a pesar de que se han implementado alternativas de solución.
