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Por la interrupción en la entrega de medicamentos y en la prestación de servicios de salud que afecta a 440.000 afiliados de la Nueva EPS en el departamento, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, exigió a la entidad la presentación de un plan de contingencia integral a más tardar hoy jueves 15 de enero, el cual será evaluado rigurosamente por la entidad y los entes de control.

Asimismo, el plan debe incluir la red de dispensación clara y funcional; cobertura real en los municipios del Atlántico, no solo en Barranquilla y las medidas que no se conviertan en nuevas barreras para la población rural, como trámites exclusivamente virtuales.

Cabe destacar que desde el pasado 20 de diciembre de 2025, los usuarios —especialmente pacientes crónicos, trasplantados, oncológicos y personas con enfermedades de alto riesgo— han visto interrumpidos sus tratamientos por la suspensión de la dispensación de medicamentos, situación que ha generado una alerta sanitaria en todo el departamento sumándose a la crisis nacional.

“Lo que antes era una excepción hoy se ha convertido en la regla general: no hay entrega de medicamentos. Un paciente con cáncer, un trasplantado o una persona con diabetes no puede esperar un fin de semana ni un trámite administrativo. Estamos hablando de la vida de las personas. Por eso exigimos un plan de contingencia inmediato, serio y operativo, que será evaluado rigurosamente por la Secretaría de Salud y los entes de control”, aseveró el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán.

De acuerdo con información suministrada por la Nueva EPS durante la reunión, la crisis obedece a una severa iliquidez financiera y a embargos judiciales, que derivaron en una deuda aproximada de $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos, situación que provocó el cierre de los puntos de dispensación desde finales de diciembre en todo el departamento.

Evidencia técnica

El secretario de Salud del Atlántico presentó un estudio técnico aplicado a 1.300 usuarios en zonas urbanas y rurales del departamento, cuyos resultados evidencian la crisis.

En varios corregimientos del Atlántico la entrega de medicamentos es inexistente, y el 95 % de las inconformidades no se reportan formalmente, lo que oculta la verdadera magnitud del problema.

Por otro lado, los usuarios en condiciones de pobreza deben desplazarse entre 4 y 10 kilómetros, gastando recursos mínimos de su subsistencia diaria para recibir únicamente un sello de “pendiente de entrega”.

Durante la vigencia 2025, la Secretaría de Salud del Atlántico realizó, de manera permanente, mesas técnicas de seguimiento y evaluación con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que operan en el departamento, así como con los organismos de control competentes, con el fin de analizar las PQRD, los indicadores de oportunidad en la entrega de medicamentos y las fallas en la red de prestación de servicios.

En este marco de acciones, el martes 13 de enero de 2026 se llevó a cabo una reunión técnica con los secretarios de salud municipales, orientada a consolidar información territorial, sistematizar alertas tempranas y recoger reportes directos sobre afectaciones en cada municipio, insumo clave para la toma de decisiones a nivel departamental y la activación de acciones correctivas y de control.

La Personería informó en el marco de la mesa de trabajo que actualmente existen 42 desacatos a tutelas contra la Nueva EPS en el Atlántico y la Contraloría anunció el inicio de un plan especial de vigilancia fiscal y administrativa durante el primer semestre de 2026.

Los presentes se declararon en acción permanente para el seguimiento y posibles acciones futuras, conforme al plan de contingencia y a la efectividad del mismo.

Pronunciamiento de Nueva EPS

La EPS informó que se encuentra en proceso de contratación de un nuevo gestor farmacéutico, alegando que el ofertante cuenta con 48 puntos de atención. Sin embargo, la Secretaría de Salud manifestó su preocupación, dado que no hay claridad sobre la presencia de este gestor en los 22 municipios del departamento.

Ante esto, la Nueva EPS planteó realizar “entregatones” masivas y el uso de un link virtual para la captura de fórmulas, medidas que la Gobernación vigilará para asegurar que no se conviertan en otra barrera para la población rural.

Además, la Gobernación pidió garantías para la continuidad inmediata de los servicios de salud, tras confirmarse la prórroga del contrato con la IPS UT Bienestar hasta abril de 2026, lo que permite mantener la atención en consulta externa, medicina general y hospitalización.

La gerente regional Zona Norte de la Nueva EPS, Olga Patricia Taborda, quien asumió el cargo hace menos de un mes, reconoció la magnitud de la crisis y aseguró que se están adelantando gestiones a nivel nacional.

“Sabemos que tenemos dificultades en la entrega de medicamentos y en la prestación del servicio debido a una iliquidez temporal y embargos. Estamos comprometidos en la solución de estas dificultades. Mañana (hoy) entregaremos formalmente el plan de contingencia y confiamos en que la nueva composición accionaria de la EPS, con un 52 % en manos del Estado, permita mejorar el flujo de recursos”, informó.