En medio de la crisis que se ha generado en la Universidad del Atlántico a causa del cese de actividades en rechazo a la designación de Leyton Barrios como rector, en la noche de este viernes se conocieron nuevas medidas por parte de Ministerio de Educación.
Fuentes de la cartera ministerial confirmaron a EL HERALDO que, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia, se ordenó el nombramiento de un reemplazo en la rectoría de la alma mater.
La decisión tiene relación con el proceso que se ha surtido en contra de Barrios Torres por irregularidades en su hoja de vida, que se descubrieron tras una serie de inspecciones del Ministerio de Educación y un oficio expedido por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca sobre la falsedad de un certificado de experiencia docente.
Este reemplazo será por el término de hasta un año, prorrogable por una sola vez. De acuerdo con los apartes de la resolución, la decisión se fundamenta en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, “sin perjuicio de las investigaciones y eventuales sanciones administrativas que puedan derivarse del caso”.
En los apartes de la resolución, el Ministerio de Educación manifiesta que su función misional de inspección y vigilancia, que comprende aspectos como la calidad de la educación, el cumplimiento de sus fines y el cubrimiento del servicio. En ese marco, la Ley 1740 de 2014 faculta al Ministerio para adoptar medidas preventivas que garanticen la prestación del servicio, el adecuado uso de los bienes públicos y la superación de situaciones que amenacen la calidad o el funcionamiento institucional.
A partir de estos fundamentos, el Ministerio observó que el rector de la Universidad del Atlántico incurrió en un “incumplimiento sustancial y objetivamente acreditado” de las obligaciones fijadas en las comunicaciones oficiales del 26 y 27 de noviembre de 2025, configurándose así el presupuesto jurídico para ordenar su reemplazo.
De acuerdo con el seguimiento realizado —consolidado en la tabla de verificación del Ministerio—, los productos entregados por la rectoría “no corresponden a lo ordenado ni cumplen con el alcance, características y soportes exigidos”. El rector tampoco conformó la instancia temporal de coordinación y seguimiento con participación de los distintos estamentos, ni remitió actas, listados o informes que demostraran su funcionamiento.
Asimismo, señala que las medidas administrativas para prevenir hostigamientos, estigmatización o interferencias indebidas en la protesta pacífica fueron “insuficientes o inexistentes”, pues la Universidad no entregó evidencia que permitiera evaluar su implementación.
Mientras que en materia de seguridad y control de acceso, el MEN señala que los informes “no cumplen con lo solicitado”, y no se aportaron pruebas sobre protocolos, filtros de ingreso ni articulación con autoridades, situación especialmente grave dado el contexto de violencia, presencia de personas armadas y la persistente falta de normalidad académica.
Finalmente, indica el ministerio que, la rectoría tampoco presentó el plan de acción con cronograma, responsables, indicadores y soportes verificables dentro del plazo ordenado. Esta omisión impidió evaluar la planeación institucional, el avance de las medidas y la capacidad de gobernanza necesaria para superar la crisis.
