La Universidad del Atlántico vive días de profunda incertidumbre. Tras semanas marcadas por cuestionamientos al proceso de elección del rector, tensiones internas y denuncias de presuntas irregularidades, ahora enfrenta un escenario más exigente que consiste en una vigilancia reforzada del Ministerio de Educación, que la cartera justifica en la potestad que dice tener el Gobierno para intervenir cuando las universidades pierden su rumbo.
Esto coincide con la decisión del Consejo de Estado de anular la designación como rector de Leopoldo Múnera Ruiz en la Universidad Nacional, realizada mediante la Resolución 068 de junio de 2024. La decisión, emitida en única instancia, dejó claro que cuando esa resolución se expidió la universidad ya contaba con un rector elegido, por lo que cualquier intento de corregir el proceso resultaba improcedente.
Ese precedente envió un mensaje contundente: la autonomía universitaria no puede usarse como excusa para pasar por encima de la ley ni para ignorar fallas que afectan a la comunidad académica.
En el caso de Uniatlántico, ante las señales de alerta como alteraciones del orden público durante la consulta rectoral, dudas sobre la verificación de requisitos y decisiones internas que no lograron despejar las inquietudes de fondo, el ministerio ordenó el inspector in situ.
En esta nueva etapa, la universidad deberá actuar con mayor transparencia, entregar información completa y oportuna, y someter sus procesos a una supervisión más estricta, conforme lo exige el ministerio. Dentro de la universidad existen voces que temen un incremento de las tensiones, mientras otras consideran que este momento puede convertirse en una oportunidad para recuperar la confianza y ordenar la casa.
Amparado por el fallo del Consejo de Estado en relación con la Nacional, el Ministerio podría exigir ajustes inmediatos, revisar decisiones clave e incluso solicitar que se repitan etapas del proceso rectoral si encuentra elementos que hayan comprometido su legitimidad, para “proteger los derechos de la comunidad universitaria y garantizar que la institución funcione bajo normas precisas”, señala la resolución de vigilancia.
No existe una fecha definida para levantar esta medida de control. Para la cartera educativa dependerá de que Uniatlántico “demuestre que corrigió las irregularidades, fortaleció sus procedimientos y recuperó la estabilidad institucional”.
Sin embargo, voces críticas al manejo de la educación pública han señalado el interés político del Gobierno de manejar e intervenir en las universidades estatales.
Frente a este panorama, EL HERALDO conoció que la próxima semana, convocada por el gobernador, se llevaría a cabo una mesa de alto nivel con presencia del Mineduación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para propiciar un espacio de conversación y búsqueda de soluciones, pro también para evitar que se vulnere la autonomía universitaria frente a las acciones que viene adelantando el Ejecutivo.
Simplemente no hay que olvidar los episodios de la Universidad de Antioquia y la Popular del Cesar, donde tuvo injerencia la polémica Juliana Guerrero, que estuvo a punto de ser nombrada viceministra del Interior.
Una mirada externa
El abogado y asesor jurídico independiente Lino Torregrosa Gómez advirtió que, pese a los recientes intentos de injerencia del Gobierno nacional en varias universidades públicas del país, la ley es clara en que estas instituciones gozan de autonomía y no pueden ser controladas políticamente desde el Ejecutivo.
Torregrosa, especialista en derecho administrativo, disciplinario y ambiental, explicó que el reciente fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, dejó en firme que el Consejo Superior Universitario excedió sus funciones al intentar corregir un acto ya expedido. El alto tribunal recordó que, una vez se nombra un rector mediante acto administrativo, solo la jurisdicción contenciosa puede revisar esa decisión.
Torregrosa agregó que la Procuraduría también llamó la atención a los consejos superiores del país para que respeten los límites legales y no modifiquen procesos electorales una vez finalizados.
El jurista hizo un paralelo con lo que ocurre en la Universidad del Atlántico, donde algunos sectores piden reabrir la designación del rector Leyton Barrios argumentando presuntas irregularidades.
Frente a las críticas que aseguran que el Gobierno busca intervenir y controlar las universidades públicas, Torregrosa fue enfático: “Es una política perversa. Pretenden orientar las universidades bajo una ideología política, como la de los años sesenta y setenta. Pero el conocimiento no puede tener ideología ni puede manipularse para fines políticos”.
Aseguró que esto va en contravía del artículo 29 de la Ley 30, que establece la autonomía universitaria, principio que permite a las instituciones darse sus propias directivas, orientarse internamente y tomar decisiones sin presiones externas.
Anuncian obras para sede en Sabanalarga
En medio del complejo panorama que atraviesa la Universidad del Atlántico, el rector Leyton Barrios visitó la sede de Sabanalarga y confirmó la construcción de un nuevo complejo deportivo que beneficiará a más de 900 jóvenes del centro del departamento.
En su primera fase, el complejo incluirá canchas múltiples de baloncesto, fútbol, microfútbol y voleibol. Durante su recorrido, el rector destacó el normal desarrollo de las actividades académicas.
“Encontramos a los jóvenes en sus salones, recibiendo conocimiento y preparándose para enfrentar el futuro, como debe ser. Desde la rectoría estamos comprometidos con construir este nuevo complejo deportivo para la sede”, agregó.
