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José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, Asocodis, aseguró que las deudas del Gobierno nacional con el sector eléctrico van en aumento y, de acuerdo con su proyección, al cierre de este mes ascenderían a $6,1 billones.

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Explicó que de este monto, 2,2 billones corresponden a subsidios entregados por las empresas, 1,3 billones a usuarios oficiales —que han crecido en 100 mil millones— y 2,6 billones a saldos de la opción tarifaria.

A la fecha, en subsidios solo se ha pagado la deuda del 2024 y para el 2025 ha abonado alrededor de 260 mil millones de pesos. “Es decir, ni siquiera alcanza a cubrir un mes”, indicó Manzur.

Afirmó que el “taxímetro” de los subsidios va aumentando mes a mes en unos 300 mil millones de pesos.

El líder gremial, durante su participación en el XII Foro Energético de Andeg que se llevó a cabo en Barranquilla, también advirtió que las empresas se van a quedar sin recursos y los comercializadores enfrentan dos situaciones recientes establecidas en la normatividad nacional.

El primero de ellos, señaló, es el decreto que incrementó los anticipos de retención en la fuente. “Recuerden ese decreto: está afectando directamente a los comercializadores.

Por ejemplo, en nuestra región —donde opera Air-e— están pagando anticipos de retención sobre un impuesto de renta de una utilidad que nunca van a tener, porque no están generando utilidades. Es un absurdo que se cobre un anticipo sobre una base inexistente”.

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Asimismo, dijo con preocupación que las publicaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) donde se ha planteado una resolución para disminuir la remuneración de la comercialización “sería la tapa de la caja”.

Lo anterior, porque las empresas no tendrían recursos para seguir financiando los subsidios. Y no financiar esos subsidios puede representar incrementos significativos en la factura, aunque no en las tarifas.

Puso como ejemplo que en la región Caribe, si no hay recursos para subsidiar al estrato uno, la factura de ese estrato podría aumentar hasta en un cien por ciento.

Concluyó afirmando que son evidentes las dificultades que ha tenido el sector. “Como gremio hemos lanzado alertas y propuestas. La Contraloría y la Procuraduría conocen estos temas”.