Ante la “crítica” situación que atraviesa el país en materia eléctrica, un grupo de líderes de organizaciones gremiales, sociales, comunales, sindicales, políticas, académicas y ciudadanos del común se unieron para promover una campaña nacional de unidad que tiene como objetivo defender la soberanía y seguridad energética del país.
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De acuerdo con Norman Alarcón, vocero de esta iniciativa ciudadana y Coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, el propósito de esta gran alianza es construir una propuesta de política pública para ser presentada ante el Gobierno nacional y el Congreso de la República.
Para este grupo de líderes, hay un cuadro amenazador de la seguridad y la soberanía energética, por lo que es urgente concitar la unidad de voluntades de todos los sectores sociales del país para emprender un diálogo y lograr identificar los aspectos relevantes de una propuesta de política pública para superar la crisis energética.
“Es urgente conversar porque necesitamos aunar esfuerzos y actuar de manera articulada y coherente. Proponemos crear una Mesa de Diálogo por la Seguridad y la Soberanía Energética de Colombia, e invitar a la Conferencia Episcopal Colombiana, como facilitadora”, expresan los líderes en un comunicado.
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Los riesgos de la estabilidad energética
La preocupación de quienes promueven la campaña es que la actual política de transición energética, implementada desde el inicio del Gobierno, ha puesto en riesgo la estabilidad energética del país al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de gas, petróleo y carbón.
Asimismo, señalan el hecho de negar o retrasar las licencias ambientales para nuevos proyectos de generación eléctrica.
Otro de los aspectos que denuncian es que el Gobierno ha facilitado la importación de gas en cantidades crecientes, obligando incluso a Ecopetrol a convertirse en importador y a abandonar proyectos de expansión local.
Esta política, aseguran, ha sido improvisada y desconectada de la realidad energética nacional, debilitando las reservas, reduciendo la producción interna y encareciendo las tarifas para los usuarios, especialmente de los estratos 1, 2, 3 y 4.
Además, advierten que la actual crisis eléctrica, con estrechez de oferta y alza de precios en bolsa, ha puesto al sistema en alto riesgo, al tiempo que las empresas comercializadoras enfrentan graves dificultades financieras por impagos gubernamentales de subsidios y deudas de opción tarifaria.
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Entre los puntos que plantea esta alianza está el revisar y replantear la política de transición energética, garantizando una transición gradual e inteligente. Asimismo, no se debe renunciar prematuramente a los ingresos y reservas de hidrocarburos, fundamentales para financiar la transición y cubrir la demanda nacional.
En ese sentido, sostienen que, si bien es cierto que el país debe hacer el tránsito hacia las energías limpias, no se debe renunciar “abruptamente” a los ingresos que los combustibles fósiles representan para garantizar el financiamiento de la transición ni a la oportunidad de su uso como fuentes de abastecimiento de la demanda nacional.
Teniendo en cuenta, aseguran, que la matriz eléctrica colombiana es limpia, en ella predomina la energía hídrica principalmente. “La transición energética debe ser gradual, inteligente, no puede llevarnos a renunciar al uso de los recursos de los que disponemos hoy para asegurar nuestra soberanía energética”, afirman.
Por último, resaltan la importancia de proyectos como el Sirius, la cual es clave para aumentar reservas de gas y garantizar abastecimientos.
Entre quienes respaldan esta iniciativa se encuentran: Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía; Francisco Ceballos, obispo de la Diócesis de Riohacha; Diego Otero, de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Económicas; la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Mesa Más Guajira de la Andi, la Universidad de La Guajira, la Asamblea Departamental de La Guajira y el Frente Amplio de Usuarios de los Servicios Públicos de La Guajira, entre otros actores.
