La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo del Atlántico que ordene la suspensión del cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
La petición fue realizada a través de un concepto emitido por la Procuraduría 118 Judicial II Administrativo en el proceso de estudio de la acción popular presentada por el senador Carlos Meisel contra el mencionado tributo.
De acuerdo con el Ministerio Publico, la suspensión de dicho proceso se debe dar hasta que se adopte una decisión final con relación a dicha acción constitucional.
También instó a la conformación de una mesa de trabajo con la finalidad de “socializar los elementos del referido cobro y escuchar las diferentes alternativas planteadas por la comunidad”.
En ese sentido, expuso que dicha instancia permitiría “explorar soluciones de forma anticipada al fallo y darle transparencia y claridad a la ciudadanía respecto del cobro, así como la eventual afectación a comunidades étnicas”.
Anticipó, además, que “esta situación traería conflictos jurídicos posteriores con la consecuente inseguridad jurídica que tales contingencias suelen provocar, lo cual originaría una lesión antijurídica de connotación irreparable a los intereses de la sociedad”.
Por otro lado, la Procuraduría indicó que es necesario informar si en la zona de influencia existen comunidades étnicas y que “en caso de existir se adelanten las actuaciones tendientes a determinar la necesidad de efectuar consultas con aquellos, adelantándolas actuaciones pertinentes en caso de ser así”.
Asimismo, expuso que la medida “pretende la protección al derecho colectivo a la moralidad administrativa, así como cualquier otro derecho de igual categoría que aparezca demostrado en el proceso y se desprenda del contenido de la demanda”.
