El sector eléctrico le sigue apostando al país y avanza en medio de la incertidumbre

Por más de 30 años, el modelo eléctrico implementado tras el apagón de 1992 ha sido motivo de orgullo nacional. Durante estas tres décadas, Colombia ha logrado mantenerse encendida, superando con éxito siete fenómenos de El Niño, lo que, según los expertos, evidencia que la lección fue bien aprendida.

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Sin embargo, hoy ese optimismo que predominó comienza a desdibujarse. La creciente demanda energética, frente a una oferta cada vez más limitada por el retraso en la entrada de nuevos proyectos, los cambios en la regulación por parte del Gobierno nacional y las billonarias deudas acumuladas con las empresas comercializadoras y distribuidoras se han convertido en desafíos que ponen a prueba la resiliencia de este sector.

Así se pudo entrever durante el decimoséptimo Congreso Anual de Energía organizado por Acolgén. Expertos nacionales e internacionales, académicos, empresarios, autoridades gubernamentales, congresistas y más de 400 asistentes se dieron cita el pasado 15 de mayo en la ciudad de Bogotá para analizar la situación que en materia energética vive el país.

Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), en sus palabras de apertura ratificó el compromiso del sector con los usuarios: “Son nuestra razón de ser”.

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Por esta razón, dijo que seguirán abiertos al diálogo, a proponer y a construir. “Porque nuestra intención no es otra que garantizar el desarrollo del país con un servicio eléctrico seguro, confiable y sostenible”.

Así lo manifestó la líder gremial, no sin antes exponer las preocupaciones del sector. Desde hace más de cuatro años han alertado de que la brecha entre la oferta y la demanda de energía se viene estrechando sustancialmente, tal como lo confirman informes oficiales de XM –operador del mercado– y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), que señalan que la demanda crece de forma sostenida, con un promedio anual del 2,6 %.

Explicó que este mismo informe advierte que, entre el último fenómeno de La Niña y el reciente fenómeno de El Niño, la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN) creció un 6,4 %, y en regiones de mayor consumo energético, como el Caribe, se han registrado picos de incremento de hasta dos cifras porcentuales.

“Las cifras son claras: según XM, entre 2021 y 2024, la tasa de entrada de nuevos proyectos fue de tan solo un 21 %. Actualmente se tienen más de 3.500 megavatios de capacidad atrasada; esto equivale a una capacidad de respaldo de apenas el 30 % de la demanda nacional, lo cual nos deja sin margen para enfrentar eventualidades”, indicó.

La presidenta de Acolgén reiteró que, pese a los desafíos que han venido afrontando, tienen la disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno, el Congreso, la academia y la sociedad en el diseño de estrategias que fortalezcan la sostenibilidad del sector, para que “se promueva la inversión y se garantice el suministro eléctrico necesario para el crecimiento de Colombia”.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirmó que, según cálculos hechos por el centro de pensamiento, el balance entre oferta y demanda energética indica que para 2026 el país enfrentará problemas para el abastecimiento.

“Especialmente en un contexto de un fenómeno de El Niño muy fuerte, que es cíclico y se espera con mayor intensidad ese año”, explicó.

Mejía participó en el congreso con la conferencia “¿Cómo están los balances de energía en Colombia? Perspectivas y retos”. En su intervención sostuvo que lo fundamental es continuar enviando señales claras desde la política pública para resolver los cuellos de botella en licenciamiento ambiental y social.

“El país necesita aumentar su capacidad instalada no solo de energía, sino también de gas”, resaltó.

De no hacerlo, advirtió, escenarios de racionamiento de energía y gas podrían costarle al país 1,5 puntos porcentuales de crecimiento económico. “Estamos hablando de pérdidas de alrededor de 260.000 empleos anuales y una condición de pobreza adicional para 250.000 personas”.

Precisó que estas afectaciones económicas y sociales serían muy graves. Sin embargo, señaló que el país todavía está a tiempo de tomar decisiones que permitan evitar estos escenarios que serían muy perjudiciales para la economía nacional.

Las altas tarifas fueron tema de conversación durante este encuentro de expertos y directivos gremiales. Para John Maya Salazar, gerente de EPM, la idea de reducir tarifas sin una estrategia clara no es la solución. Señaló que las reformas normativas y regulatorias deben apuntar a un equilibrio real, no a medidas que desvirtúen el sector.

Reiteró que él mismo le ha expresado y hecho presentaciones tanto al Gobierno nacional como a los parlamentarios antioqueños y costeños sobre fórmulas que podrían “ayudar” a rebajar esas tarifas. “Eso implica que cada uno de esos factores o eslabones de la cadena tenga que poner de su parte. Desafortunadamente, no se ha podido cristalizar esa propuesta”, comentó el ejecutivo.

Maya también se refirió a las deudas que el Gobierno tiene con Afinia. Una parte, derivados de los subsidios; otra, por parte de las entidades oficiales que le deben cerca de $400 mil millones.

A este panorama se le suma el bajo recaudo, que está en cerca del 78 %: “Es una situación muy compleja. Pese a esto, la responsabilidad que tiene EPM como grupo es darle todo el músculo financiero a Afinia para que pueda seguir funcionando. Nosotros, a pesar de todas estas dificultades, hemos manifestado que no coincidimos con la idea de irnos y dejar la zona Caribe, tan importante, sin energía”.

En esa misma línea, Juan Espinal, representante a la Cámara, en su participación fue enfático en afirmar que desde la intervención de Air-e la situación financiera de la empresa se ha agravado, acumulando deudas que superan un billón de pesos.

Mientras que, por su parte, EPM, bajo la dirección del alcalde Federico Gutiérrez, ha inyectado recursos para mantener operativa a Afinia en la región.

Espinal dijo que se plantea desde el Congreso gestionar, en el próximo Presupuesto General de la Nación, un artículo que garantice el pago de las deudas del Gobierno con generadoras y comercializadoras.

Representantes de los entes de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación también se hicieron presentes en el decimoséptimo Congreso de Energía.

Germán Castro, contralor delegado para el sector de Minas y Energía, sostuvo que hay una gran preocupación desde los entes de control porque se viene hablando de una transición energética que no se materializa.

“No sabemos cómo se va a financiar, ni cómo será la sostenibilidad de los servicios públicos para los usuarios en energía, gas y combustibles. Hasta ahora, solo hemos visto anuncios, pero no proyectos concretos”, afirmó.

Agregó que actualmente su mayor interés es la articulación entre las diferentes entidades del Estado, las conversaciones que deben sostenerse en el marco de las consultas previas, coordinadas por el Ministerio del Interior, los permisos que debe otorgar el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla): “En realidad, son planes, programas y proyectos que deben salir del Ministerio de Minas y Energía, que no vemos”.

Lamentablemente, dijo el delegado, hoy se comienzan a materializar las advertencias que desde hace varios años se habían venido haciendo, pese a las reiteradas solicitudes para que se tomaran acciones oportunas. Esta situación generó una alerta en noviembre del año pasado, dirigida al Ministerio de Minas y Energía.

Actualmente se adelanta un trabajo conjunto con la Procuraduría General de la Nación en materia de acciones disciplinarias preventivas y desde el control fiscal. Se espera que los posibles daños al Presupuesto General de la Nación derivados de esta situación no tengan que ser asumidos este mismo año.

El evento contó con la participación de más de 25 expositores nacionales e internacionales, entre los que se destacaron Luiz Maurer de Brasil y Vicente López-Ibor Mayor de España.

Luiz Maurer dijo que “la experiencia de Brasil ha mostrado claramente que las decisiones de generación deben ser decisiones privadas”.

El investigador agregó que la planeación debe ser únicamente para la transmisión y “con ello se tiene un sistema más estable”.

Por su parte, Vicente López-Ibor Mayor, experto en mercado energético europeo, señaló que la prestación del servicio de energía debe contar con principios de confiabilidad y firmeza, que deben estar altamente acompañados de requerimientos técnicos y una valoración de elementos de mercado, así como por los servicios de ajuste necesarios por parte del operador de mercado.

A lo largo del evento, los diferentes participantes coincidieron en que es necesario que en el país haya una confianza regulatoria y señales claras que inviten a más empresas a invertir en nuevos proyectos. De acuerdo con los líderes gremiales, para fortalecer el sistema eléctrico se requieren inversiones de más de 9 billones de pesos anuales.

Asimismo, aseguraron que la transición energética a la que le apuesta este gobierno debe ir acompañada de todas las tecnologías para garantizar la seguridad y suficiencia energética.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que, de acuerdo con estudios recientes, el 81 % de los subsidios en servicios públicos —incluyendo de energía— están llegando a hogares que no se encuentran en condición de pobreza. Es decir, tres de cada cuatro pesos de subsidio terminan beneficiando a familias que no los requieren.

Por este motivo, desde el centro de investigación económica y el propio sector energético se plantea la necesidad de refocalizar estos subsidios, garantizando que los recursos lleguen efectivamente a los hogares pobres y vulnerables que sí los necesitan.

Mejía sostuvo que en el año 2024 el monto de los subsidios superó los 7 billones de pesos, cuando usualmente estaban en el orden de los 3 a 4 millones.

Este incremento, aseguró, obedece al aumento sostenido en el precio de la energía, lo que obligó a realizar un mayor esfuerzo presupuestal desde el Estado.

Dijo que esto es insostenible. “Primero, porque hay que pagar las deudas, lo que está apretando la caja de las empresas y puede generar eventuales problemas adicionales desde el punto de vista del abastecimiento de energía. Y segundo, porque el país no puede continuar con subsidios de 7 billones de pesos o más cada año”.

Insistió en la urgencia de pagar las deudas pendientes con las generadoras y comercializadoras de energía para evitar una posible crisis de abastecimiento en los próximos meses.