Las crecientes deudas por parte del Gobierno tienen contra las cuerdas al sector energético en el Caribe colombiano. Los generadores han dado un ultimátum para que se hagan los pagos correspondientes para evitar un apagón en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, que son atendidos por la empresa Air-e.
Alejandro Castañeda, director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseguró que el panorama es “complejo” debido a que dicha compañía no ha hecho pago de sus obligaciones, que ascienden a $1.5 billones desde el mes de septiembre, cuando se dio inicio a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
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“Si siguen las deudas al sistema, lo que puede pasar es que los departamentos se queden sin energía. Lo que esperamos es que de aquí al tercer trimestre ya esté claro el panorama y cómo se va a pagar esa deuda, particularmente a los generadores térmicos, que somos los que tenemos que salir a comprar gas, carbón y combustibles líquidos permanentemente. Y esos combustibles no se compran a crédito, hay que pagarlos de inmediato”, aseguró el líder gremial en diálogo con EL HERALDO.
Castañeda expuso que la mencionada deuda es el resultado de la “inacción” por parte de la Superservicios, puesto que no ha logrado asegurar los recursos para respaldar el proceso de intervención a través del Fondo Empresarial.
“Ese fondo es el encargado —dentro de la Superintendencia— de gestionar los recursos para que las empresas intervenidas sigan cumpliendo sus obligaciones con el sistema. La situación de las empresas generadoras es cada vez más compleja, porque los bancos ya están encima preguntando: “¿Cuándo les pagan?”, y la respuesta sigue siendo: no hay respuesta”, agregó.
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Puso de presente que se han entregado plazos para que el Ejecutivo se ponga al día con las deudas, pero hasta el momento no se han dado respuestas: “El último acuerdo de pago fue en noviembre y se incumplió. Hasta ahora no hay claridad sobre cómo se van a gestionar los recursos. Lo único que escuchamos es que están trabajando, pero no dicen nada”.
Castañeda fue enfático al sostener que las empresas generadoras no pueden quedarse sin caja, puesto que “se complica todo para enfrentar el verano en diciembre, porque no tendríamos cómo responder”.
Indicó que si bien existe una circular que impide la suspensión del suministro a empresas en intervención, se encuentran a la espera de que se adopten correctivos para evitar afectaciones a toda la cadena.
“Algunas empresas la han demandado, y el Consejo de Estado dijo que no era legal. El mercado tiene mecanismos diseñados precisamente para evitar que los riesgos de una empresa se transmitan a todos los agentes, volviéndose un riesgo sistémico, es decir, un problema para todo el sistema y no solo para una empresa”, recalcó.
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El líder gremial indicó que esta discusión se debe alejar del plano político, teniendo en cuenta su carácter técnico, aunque también puso de presente que la crisis fiscal del Gobierno debe conllevar a un ejercicio de priorización en lo presupuestal.
“Lo cierto es que recursos no hay. Y cuando no hay recursos, hay que priorizar. Uno debe saber qué quiere y cómo lo quiere hacer. Eso es lo que debe hacerse desde el Gobierno”, enfatizó el director de Andeg.
Más alertas
De manera conjunta, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación han alertado los efectos negativos que generan los retrasos en los giros de subsidios a las tarifas de energía y gas.
Dicha situación ha sido motivo de análisis en el marco de una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético, que arrancó convocando una mesa de trabajo con el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Previamente, esta situación ha sido analizada por los entes de control con los ministerio de Minas y Energía y de Hacienda, sin concertar una respuesta concreta.
“Nuestro deber como entes de control y nuestro compromiso con la ciudadanía nos lleva a trabajar articuladamente para contribuir no solo en el seguimiento y control de los asuntos relevantes para el país, sino desde nuestras competencias aportar a las soluciones oportunas a las coyunturas que lo requieran, más cuando la seguridad energética del país está en riesgo”, enfatizó el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
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De acuerdo con los entes de control, dicho mecanismo de vigilancia se enfocará específicamente en el monitoreo de las problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas, teniendo en cuenta que las deudas alcanzan los $7.6 billones.
Dicho monto se distribuye de la siguiente manera: $2.7 billones por subsidios de energía eléctrica; $3.3 billones por opción tarifaria; $ 1 billón de deuda de usuarios oficiales y $ 628 mil millones por subsidios de gas.
Otra de las preocupaciones de los entes de control corresponde al proceso de intervención por parte de la Superservicios a la empresa Air-e, por lo cual han solicitado información detallada de las actuaciones que ha realizado para garantizar en el largo plazo la prestación del servicio.
Como resultado de dicho seguimiento, la Procuraduría y la Contraloría han alertado que la Superservicios no ha sido clara en sus explicaciones ni sustentó con suficiencia los informes financieros solicitados; tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida.
Entre las presuntas irregularidades que han sido detectadas se encuentra que, a varios meses de haber asumido el control de Air-e, la Superintendencia no ha elaborado un plan definitivo para garantizar la continuidad del servicio ni ha evaluado los impactos de la intervención.
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Además, evidenciaron que la Superservicios tampoco pudo precisar el monto de la deuda que mantiene la empresa con las generadoras de energía, ni detallar su patrimonio y activos.
German Castro, contralor delegado para el sector de Minas y Energía, aseguró que es un tema “altamente preocupante” debido que esta coyuntura podría conllevar a una limitación de suministro en la región.
Fue enfático al sostener que la intervención hecha por la Superintendencia de Servicios Públicos ha llevado a que se incrementen los indicadores negativos, así como el endeudamiento.
“Parece que esa intervención no fue bien calculada y actualmente no hay recursos. Esto puede incurrir en que las empresas no tengan con qué prestar el servicio y se llegue a una especie de apagón financiero, que es lo que hemos alertado desde hace varios meses”, indicó.
Agregó que una situación similar vive la empresa Afinia, que atiende a otros departamentos de la región Caribe, lo que genera mayor presión para el sector energético y podría desencadenar una crisis a nivel nacional.
“La crisis que hay en el Caribe podría repercutir en todo el país porque esto produce un efecto sistémico. Si ellos no le pagan a los generadores, sobre todo los térmicos, los que generan a gas, estos no tienen que comprar producto, no generan energía y ellos no solamente generan energía para el Caribe sino para todo el país”, puntualizó.
Respaldo de experto
César Uparela, experto en temas energéticos, calificó como una “decisión empresarialmente correcta” que los generadores hayan dado un plazo al Gobierno para que se ponga al día con las deudas que se han venido acumulando durante los últimos meses.
“Los generadores no pueden ya sostener una cartera tan alta como la que les debe la empresa Air-e. En este momento la deuda está en el orden de 1.5 billones de pesos y la compra de energía mensual son 300 mil millones mensuales. Entonces pues obviamente ninguna empresa trabaja para perder”, mencionó Uparela.
Minminas anunció que se pondrá al día con el pago de subsidios
El Ministerio de Minas y Energía anunció que, a finales de mayo, se hará efectivo el pago de los subsidios de energía y gas para aliviar la crisis financiera que enfrentan las compañías.
Víctor Paternina, director de Energía de la cartera ministerial, aseguró a los medios de comunicación que la orden fue dada por el presidente Gustavo Petro y que se espera hacer los pagos en los próximos días.
“Por eso hemos venido haciendo mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda, con el fin de conciliar los valores, aterrizar las cifras y, con base en esas cifras, MinHacienda programará los pagos”, dijo.
Previamente, el ministro Edwin Palma indicó que existe voluntad política para cumplir con este compromiso: “Estamos haciendo algunos giros en efectivo, otros se están convirtiendo en certificados. El Ministerio de Hacienda ha sido muy proactivo para garantizar caja a las compañías distribuidoras y comercializadoras”.
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Además, se refirió a las deudas de la empresa Air-e con los generadores y recalcó que la solución está en manos de la Superintendencia de Servicios Públicos.
“Hay deudas posteriores a la intervención y otras anteriores a la toma, que están en manos de los antiguos dueños de la compañía. Curiosamente, esas nunca se alertaron, pero son cercanas a los 2 billones de pesos. Son deudas privadas, de los dueños de la empresa. Sobre eso generalmente no se hace mucho zoom; se enfoca la atención en lo ocurrido tras la intervención, pero las autoridades competentes también están abordando esa parte”, recalcó.
