En medio de la controversia que se ha generado por el anuncio del Ministerio de Transporte del cobro de una tarifa diferencial en el peaje Papiros para las categorías 1 y 2 a partir del primero de agosto, una acción popular fue presentada por la Procuraduría General de la Nación en busca de la adopción de medidas para evitar mayores afectaciones a la comunidad atlanticense.
EL HERALDO tuvo acceso al documento que fue presentado por el Ministerio Público para proteger los “derechos e intereses colectivos” y que deberá ser analizado por el magistrado Óscar Wilches Donado, del Tribunal Administrativo del Atlántico.
El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Puerto Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Concesión Ruta Costera y la firma MAB Ingeniería de Valor (en su calidad de interventor) corresponden a las entidades demandadas.
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A través de este recurso se pretende que se les ordene que resuelvan “de manera integral y permanente” la problemática derivada del funcionamiento del peaje, así como adopten las decisiones necesarias para su desmonte.
Asimismo, la acción popular pretende que se garantice el equilibrio financiero del contrato de concesión para así evitar futuras afectaciones al patrimonio público. Otra de las pretensiones corresponde a la reubicación de la báscula de pesaje a un lugar donde no afecte el tránsito de vehículos, bicicletas y peatones.
Una medida cautelar
La Procuraduría también solicitó que adopte una medida cautelar con relación a suspender el cobro del peaje Papiros hasta que no se adopte una decisión de fondo, teniendo en cuenta que este asunto es de carácter “impostergable” y las afectaciones que podría generar para la comunidad.
Para defender la solicitud de esta medida cautelar, el Ministerio Público resaltó que la demanda se encuentra fundamentada en derecho. Especificó que, en este caso en particular, “las probabilidades de éxito son significativas” si se tiene en cuenta la evidente problemática social que afecta al municipio.
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“Puerto Colombia pretende convertirse en un destino turístico de primer nivel y los visitantes deben pagar peaje si pretenden utilizar la ruta Cartagena- Barranquilla, lo cual afecta de manera desproporcionada la competitividad como destino turístico, lesionando consecuencialmente la economía de las familias porteñas que dependen del turismo como medio de subsistencia”, enfatizó.
Además, indicó que las protestas de ese sector de la comunidad afectan el tránsito por esa concurrida vía nacional y se constituyen en “situaciones que afectan la tranquilidad de los usuarios y la seguridad vial”.
El Ministerio Público también indicó que “dados los inescindibles lazos económicos, laborales y sociales que existen, los habitantes de Puerto Colombia deben cancelar el referido peaje cada vez que pretendan desplazarse, lo cual constituye una afectación desproporcionada y que limita el uso de la vía antes referida y el acceso a los servicios requeridos en Barranquilla”.
Antecedentes
La Procuraduría recordó que, en el transcurso de un año y cuatro meses, se desarrollaron alrededor de 27 mesas de trabajo. En dichos espacios se presentaron diversas propuestas de índole financiero, técnicas y legales.
“Sin embargo, estas no fueron aceptadas por los intervinientes y como consecuencia no se logró un acuerdo y una solución definitiva a la problemática acaecida con el funcionamiento de la caseta de control denominada Papiros, levantándose la mesa y declarándose como fallida”, agregó.
En el documento también se puso de presente que durante una mesa de trabajo realizada en marzo de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura se comprometió a la “integración de unificación de cobros de otras casetas del peaje del mismo proyecto”, con la finalidad de que se desmontara el peaje Papiros.
En ese sentido, la Procuraduría indicó que –desde el punto de vista social– “la ciudadanía sustenta sus protestas en que consideran que el funcionamiento de la caseta antes mencionada constituye una grave afectación a la economía, al turismo, a la movilidad, a la seguridad vial y al progreso de Puerto Colombia”.
Asimismo, alertó ante los presuntos riesgos para la integridad física y la vida de las personas que transitan por la vía debido a la ubicación tanto de la caseta de control como de la báscula de pesaje, “como quiera que en inmediaciones de estas estructuras se han presentado una serie de accidentes de tránsito donde se han visto involucrados vehículos livianos y pesados, motociclistas, ciclistas, peatones y demás actores viales que incluso han perdido la vida o han tenido secuelas permanentes a causas de estos sucesos”.
Respaldos
El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, anunció que coayudará la acción popular presentada por el Ministerio Público. Asimismo, expresó su rechazo al anuncio de cobro de una tarifa diferencial de $1.500 pesos a partir del mes de agosto.
“Es triste que el ministro de Transporte, William Camargo, se despida con mentiras de este Gobierno y queriendo perjudicar y truncar el desarrollo de este territorio de gente pujante y trabajadora, pero sobre todo poniendo en peligro la vida y la integridad de los usuarios de la vía con la activación de esta caseta antitécnica”, sostuvo el mandatario municipal.
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Por su parte, Camilo Torres Villalba, presidente de la comisión accidental de la Asamblea por el peaje Papiros, cuestionó la falta de voluntad por parte del Gobierno nacional para conjurar una solución definitiva al peaje Papiros.
“Ahora está en manos de la justicia porque la ANI no quiso escuchar a la comunidad y después de 27 mesas de diálogo echaron todo a perder. Esto podría sentar un precedente histórico en el país, porque si así lo decide la justicia, Papiros podría ser el primer peaje que se desmonte en Colombia”, señaló el diputado liberal.
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Y puntualizó asegurando: “No vamos a descansar hasta obtener una respuesta favorable no solo hacia la ciudadanía, que la han tratado como si esta causa fuera un capricho, sino favorable para la vida y la dignidad de los porteños”.
