El Concejo de Soledad aprobó el proyecto de Acuerdo que autoriza a la alcaldesa Alcira Sandoval un cupo de endeudamiento interno para contratar empréstitos de hasta por $250 mil millones a través de los cuales –según dice el texto– se financiará programas de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo.
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Este Acuerdo, que ya se encuentra sancionado, levantó suspicacia en algunos sectores por cuanto el valor de deuda que podría adquirir el municipio, así como también la ejecución de los recursos sin previa autorización de la Corporación debido a que se le da facultades a la mandataria hasta el 31 de diciembre de 2027.
Además, de acuerdo con Federman Vizcaíno, líder político y social en Soledad, el proyecto presenta 'vicios de legalidad', por lo que procederá a instaurar una demanda para que sea revisado, objetado y se evalué el proceder de los cabildantes y la administración municipal.
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Señaló que para autorizar cualquier cupón de endeudamiento en una entidad territorial, tanto la administración como los concejales, tienen la obligación de verificar si el municipio –colocando esta nueva obligación– cumple con los indicadores 819 y 358. Al respecto, sostuvo que Soledad está incumpliendo dicha normativa porque no tiene la capacidad de pago por ese valor autorizado.
Adicionalmente, cuestiona las facultades entregadas por el Concejo a la alcaldesa hasta el 31 de diciembre de 2027.
'Los concejales violan la Constitución porque se desprenden de sus funciones por el período 2024, 2025, 2026 y hasta el 31 de diciembre del 2027. Eso, basado en la Constitución Política, en el artículo 313 literal C, habla que los concejales se podrán desprender de sus facultades pro tempore, es decir por espacio de un tiempo. Aquí entregan totalmente sus funciones hasta que termina el periodo de la alcaldesa y automáticamente va en contra de la norma', explicó.
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Por otra parte, sostuvo que el acuerdo también va en contravía de la sentencia del Consejo de Estado, 036 del 2023, que prohíbe a los diputados y concejales entregar facultades a los administradores para que modifiquen el presupuesto.
'En el artículo autorizan a la alcaldesa de Soledad suscribir los documentos respectivos y las incorporaciones presupuestales que dan lugar hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, ellos aquí le están dando facultades para que muevan el presupuesto hasta el 31 de diciembre del 2024, cuando la normatividad y la sentencia del Consejo de Estado deja en firme que esta función no se la pueden entregar y que la administración debe decirle qué es lo que van a modificar en el presupuesto para ellos (concejales) poderla autorizarlo', anotó.
Vizcaíno manifestó que la denuncia será radicada ante la Gobernación del Atlántico para que sea objetada por viciado en la legalidad; ante la Procuraduría para que investigue la conducta disciplinaria de los concejales y la alcaldesa; y ante la Fiscalía porque –según dijo– están violando de manera dolorosa los indicadores de la 819 y 358 de manera 'falsa' lo que se conduce a una conducta penal.
