La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la actual candidata a la alcaldía de Valledupar, Omaira Herrera, por presuntas irregularidades cometidas hace tres años en su condición de secretaria de Planeación del municipio.
Según el Ministerio Público, Omaira Herrera, como secretaria de Planeación conceptuó que la construcción de las instalaciones para el batallón de movilidad y contra movilidad No 10 en esta capital no requería licencia de parcelación, lo que para el ente de control disciplinario se configuró en una falta gravísima.
De acuerdo con la Procuraduría, la exfuncionaria infringió el orden jurídico en materia urbanística y no dio aplicación a lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial; además omitió ejercer supervisión y vigilancia al citado proyecto con el fin de constatar el cumplimiento de las normas legales vigentes en materia urbanística y ambiental.
La medida también cobija al exalcalde de Valledupar, Rubén Carvajal Riveira por estos mismos hechos.
La decisión de la Procuraduría se produjo tres días antes de las elecciones de este 30 octubre, siendo Omaira Herrera una de las aspirantes al primer cargo del municipio, avalada por el movimiento MIO.
El fallo de primera instancia señala que el exmandatario Rubén Carvajal, no obstante ser advertido por parte del procurador regional del Cesar y el curador primero urbano de Valledupar sobre las irregularidades presentadas en la construcción del mencionado batallón, omitió ejercer por sí o por conducto de un agente, el control a fin de que la obra cumpliera con los requisitos legales, no dispuso la medida policiva de suspensión inmediata y permitió que la construcción avanzara en una zona catalogada como reserva forestal, infringiendo las normas urbanísticas y ocasionando con ello un riesgo para el medio ambiente.
El exalcalde argumentó en su defensa que la función de ejercer control y vigilancia física a los proyectos ejecutados en Valledupar recaía directamente en la Oficina de Planeación Municipal, ante lo cual la Procuraduría respondió que, si bien es cierto esa es función de la dicha dependencia, también lo es que él como alcalde tuvo conocimiento sobre las anomalías e irregularidades presentadas en la construcción de la referida obra, a través de múltiples requerimientos efectuados por parte del procurador regional del Cesar y el curador primero urbano de Valledupar.
Frente al argumento de la exsecretaria de Planeación, según el cual la administración municipal adelantó procedimiento contravencional, el fallo señala que el actuar se limitó a la expedición del acto administrativo de imposición de la suspensión de las obras, la cual no se hizo efectiva, toda vez que las obras continuaron ejecutándose de forma ilegal.
Las faltas fueron consideradas gravísimas y se imputaron a título de dolo. Contra esta decisión de primera instancia de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
Por Miguel Barrios
Valledupar
