La comunidad hace un llamado a la Policía Nacional y a la empresa de Alumbrado Público de la capital del Cesar.
En mayo de 2025, el rapero comparecerá ante un tribunal penal federal para responder a los cargos de haber usado su influencia en la industria musical para sostener un sistema violento de trata de personas.
El sujeto no aceptó los cargos tras las sesiones preliminares.
Ricardo Roa manifestó a periodistas que “ha sido objeto de persecuciones y calumnias” que buscan desprestigiarlo.
El funcionario al parecer contrató a un especialista en derechos humanos sin autorización del Ministerio de Exteriores.