Una costosa camioneta, las cuentas que pueda tener en nueve bancos distintos y su sueldo le serán embargados al alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa, por no pagar un préstamo por $700 millones.
El embargo fue ordenado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Sincelejo a favor de José Dairon Villegas Pineda, quien el 7 de octubre de 2015, en plena campaña a la Alcaldía, le entregó a Quessep la millonaria suma con una letra de cambio como garantía.
El préstamo debía ser pagado a más tarde el 7 de octubre de 2016, primer año de gobierno de Quessep, pero como eso no ocurrió, el prestamista acudió a la justicia para recuperar su dinero.
El primer bien afectado es una camioneta Toyota Prado 2014 de placas ZYU-489 color blanco, que aparece a nombre del mandatario, y le siguen 'cuentas corrientes, CDT, fiducia o cualquier otro título bancario o financiero' que tenga o llegare a tener.
Hasta ese punto, el Juzgado limitó el embargo a $1.446 millones 158 mil y a renglón seguido decretó el embargo de la quinta parte del excedente del salario mínimo que devenga el alcalde, 'como de todos aquellos emolumentos que sean embargables'.
Leila Náder Ordosgoitia, la jueza que resolvió la demanda, ordenó oficiar al tesorero o pagador de la Alcaldía Municipal de Sincelejo para que disponga de la suma retenida a favor de la sección de depósitos judiciales del Banco Agrario de la capital sucreña.
'Previniéndolo (de) que en caso de no hacerlo, responderá por dichos valores, de conformidad con lo señalado en el numeral 9° del artículo 593 del Código General del Proceso', advirtió la funcionaria, quien enseguida limitó el embargo a $1.928 millones 210 mil 667.
El fallo viene acompañado de una orden de pago en contra del alcalde por $700 millones más intereses por mora desde el 8 de octubre de 2016, hasta que, por vía judicial, pague totalmente la deuda a la tasa pactada (2.5%), más las costas y agencias en derecho.
Tan pronto lo notifiquen, el gobernante tiene 5 días para cumplir con el pago del préstamo, que será cobrado por el abogado Gerardo Enrique Pérez Lara, quien representa al prestamista.
