Así se malgastó plata del internet para colegios en Magdalena y La Guajira

EL HERALDO conoció reportes de la Contraloría sobre las anomalías por $25.230 millones como pagos de más, servicios que nadie usó y silencios de las interventorías. 

Se pagó por un servicio de internet que ya se estaba prestando en algunos colegios magdalenenses y guajiros.
Por: Tomás Betín @tombetri
Región Caribe

EL HERALDO conoció reportes de la Contraloría sobre las anomalías por $25.230 millones como pagos de más, servicios que nadie usó y silencios de las interventorías. 

Las gobernaciones del Magdalena y La Guajira contrataron durante varios años al mismo contratista, Funtics, para llevar el servicio de internet a los colegios públicos de los departamentos. Según la Contraloría, este contratista aparece detrás del 80% de los 25 contratos auditados en tres regiones y por ello advierte sobre una posible malla empresarial con esta firma.

Pero eso no es lo más llamativo: lo particular en este caso en las escuelas magdalenenses y guajiras es que se presentaron las mismas aparentes anomalías que representaron $25.230 millones en presuntos detrimentos.

El ente de control fiscal halló, por ejemplo, que supuestamente mientras las gobernaciones pagaban una suma por la conectividad a internet de los colegios, el contratista pagaba una mucho menor subcontratando este mismo servicio; que no se entregaron todas las megas que se contrataron; que se pagó por el servicio en escuelas que ya contaban con él; que se desembolsaron sumas por el internet en épocas de vacaciones que por supuesto nadie usó; que las interventorías no dijeron ni ‘mu’ y que en otros contratos aparece subcontratado el mismo contratista.

EL HERALDO conoció el reporte de la actuación especial de fiscalización, de 1.043 páginas, que se hizo sobre los recursos de regalías de entre 2012 y 2017 en La Guajira, Magdalena, Meta, Santander, Norte de Santander y el municipio de Acacías.

Contraloría evidenció que hubo doble conectividad en tres colegios durante 514 días.

Gobernaciones pagaron 80% de más

Lo que estableció en esta modalidad la Contraloría es que las gobernaciones al parecer pagaban al contratista mucha más plata de la que ellos pagaban por subcontratar los mismos servicios con otras empresas.

En el contrato 1929 de 2015, con el objeto de ‘Fortalecimiento de la cultura ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC en el departamento del Magdalena’, por $49.817 millones, que aún estaba en ejecución para el momento de la auditoría, la Gobernación del Magdalena contrató con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, Funtics, cuyo representante legal es Juan Carlos Cáceres Bayona.

El contrato se inició el 28 de enero de 2016 y tenía un plazo de 36 meses, con varios otrosíes, para la prestación del servicio en las 320 instituciones educativas, de las cuales 160 estarían con 10 megas y las otras restantes con 8 megas.

“La Gobernación del Magdalena pagaba en promedio a Funtics el servicio de conectividad a $132.095, es decir, hubo una intermediación innecesaria, puesto que se pagó a este contratista un 76,54% adicional a lo facturado por los operadores (Azteca Comunicaciones y Columbus Network)s; mientras que la gobernación habría podido contratar dichos servicios directamente con los terceros proveedores de Funtics a un costo inferior”, se lee.

Así, mientras Funtics pagaba a los operadores $534 millones, el valor pagado por la Gobernación a Funtics fue de $2.276 millones: “Es decir que producto de la intermediación la Gobernación pagó $1.742 millones adicionales por el servicio de conectividad”, y de esa cantidad es el presunto hallazgo fiscal evidenciado por la auditoría.

Y en La Guajira ocurrió exactamente lo mismo: en el contrato 009 del 8 de marzo de 2016, entre la Gobernación de la península y Funtics, con un plazo de 12 meses, se pactó la ‘Implementación y apropiación del Ctel en el sector educativo y comunitario a través del uso de las TIC en todo el departamento’, por un valor de $21.885 millones y dicho contrato aparece ya como terminado.

El contratista debía instalar el canal de conectividad a internet de 20 megas, promover el servicio de conectividad a internet a las zonas wifi de las 36 sedes educativas de La Guajira, seis alcaldías, la Gobernación, 10 zonas wifi comunitarias al parque en seis municipios, así como a seis casas de la cultura y seis bibliotecas

En esta ocasión, se detalla en la actuación especial, Funtics también subcontrató estos servicios con los operadores Azteca, Ufinet y Columbus, con lo que la Gobernación le pagó a Funtics un 79% más de lo que Funtics les pagó a Azteca, Ufinet y Columbus, “configurando así una subcontratación innecesaria”.

Mientras Funtics pagaba a los operadores el servicio de conectividad a $50 mil, la Gobernación lo pagaba a Funtics en $180 mil, es decir que “se pagó a Funtics valores por conectividad superiores al 360%, mientras que la Gobernación haciendo uso de sus competencias habría podido contratar dichos servicios directamente con los terceros proveedores de Funtics”.

Por ello, se generó “un hallazgo con un presunto detrimento fiscal con incidencia administrativa y disciplinaria por valor de $1.998 millones”, que es la diferencia entre lo que pagó la Gobernación y lo que pagó Funtics.

Metrotel habría pagado $623 millones a Funtics.
Metrotel habría pagado $623 millones a Funtics.

Se entregó solo la mitad de megas contratadas

Según la Contraloría, la cosa no paró en las subcontrataciones innecesarias y onerosas sino que, además, en La Guajira se entregó solo una tercera parte de las megas de internet contratadas y en Magdalena se entregó solo la mitad.

En el mismo contrato 1929 de 2015 entre la Gobernación del Magdalena y Funtics, el ente de control fiscal comprobó que el número de megas contratadas entre el departamento y Funtics es superior en relación a lo contratado entre Funtics y los operadores Azteca y Columbus.

Para 18 meses el número de megas contratadas por la Gobernación en los diferentes puntos donde se prestaría el servicio de conectividad fue de 34.560 megas y el total de megas entregadas por los operadores fue apenas de 16.984 megas: una diferencia de 17.576 megas que no se entregaron, cuyo valor asciende a la suma de $2.321 millones, teniendo en cuenta que el valor del mega mensual era de $132.095.

Igual ocurrió durante el tiempo adicionado al contrato en los otrosíes, donde se pagó por 17.280 megas y se entregaron en realidad 5.558 megas, es decir 11.722 megas menos, que se tasan en $1.910 millones que se dejaron de entregar.

“Por lo tanto, los megas sin entregar del contrato No. 1929 de 2015 y del otrosí No. 01 fueron 29.298 por un valor de $4.232 millones”, que es la suma en que se plantea un posible hallazgo fiscal, administrativo y disciplinario.

En La Guajira tampoco se entregó la misma cantidad de megas que se ofrecieron en el contrato 009 de 2016: se contrataron 27.600 megas durante 12 meses y se entregaron solo 8.179 megas

“De acuerdo a esto, existe una diferencia de 19.421 megas que no se entregó durante la ejecución del contrato. Esto indica que, el valor de los 19.421 megas que dejó de entregar Funtics a los diferentes beneficiarios seleccionados por la Gobernación de la Guajira a través del contrato objeto de esta auditoría asciende a la suma de $ 6.247 millones, teniendo en cuenta que el valor del mega mensual es de $321.686”, indica el documento de la Contraloría, que establece por esta cantidad de 6.247 un supuesta hallazgo fiscal, disciplinario y administrativo.

Una suma de $1.082 millones habría pagado Gobernación del Magdalena a Funtics.

Se pagó internet en colegios que ya tenían

Otra aparente anomalía fue que se pagó por un servicio que ya se estaba prestando en algunos colegios magdalenenses y guajiros.

En el contrato 1929 de 2015, entre el Magdalena y Funtics, el organismo revisor encontró que “existió doble conectividad a internet en 54 sedes educativas”, o sea “se entregó servicio de conectividad a internet a sedes Educativas que ya lo tenían” y “se destinaron recursos públicos procedentes de diferentes fuentes de recursos, para cumplir los mismos fines, y en un mismo período de tiempo”.

Esto produjo para la Gobernación del Magdalena un presunto hallazgo administrativo con connotación fiscal y disciplinaria por $792 millones.

Así mismo, en el contrato 009 de 2016, entre la Gobernación de La Guajira y Funtics, la Contraloría evidenció que hubo doble conectividad en tres colegios durante 514 días, ya que mientras la administración departamental pagaba el servicio, el Ministerio de las TIC hacía lo propio.

“Se invirtieron recursos para favorecer entidades que ya contaban con servicios de conectividad, y que condujo a la pérdida de recursos públicos por un valor de $110 millones (hallazgo administrativo con presunta connotación fiscal y disciplinaria)”, se lee en el informe.

Sumas millonarias por servicio que nadie usó

Un total de $1.082 millones le habría pagado la Gobernación del Magdalena a Funtics en un servicio de internet que nadie utilizó, pues los colegios estaban en vacaciones. Es decir, la administración siguió pagando la conectividad durante las vacaciones de final y de mitad de año, Semana Santa y semana de receso.

Así lo estableció el ente de control al revisar las condiciones del contrato 1929 de 2015.

Del mismo modo ocurrió en la península, en el contrato 009 de 2016, donde la administración departamental guajira, al cancelarle a Funtics el servicio de internet durante periodos de inactividad académica, “generó un hallazgo con un presunto fiscal con incidencia administrativa y disciplinaria por valor de $660 millones”.

La interventoría no hizo su trabajo

La Contraloría asevera en el documento que las interventorías, tanto del Magdalena como de La Guajira, no cumplieron con el objetivo para el que fueron contratadas al supervisar los contratos de las gobernaciones con Funtics.

En el contrato 969 de 2016, entre el Magdalena y la interventoría Unión Temporal Ondas Transparentes, hubo “omisiones del interventor en adoptar medidas de vigilancia, requerimiento y/o sanción a la indebida ejecución del contrato estatal; y adicionalmente, respecto de las acciones del interventor tendientes a autorizar, avalar, ordenar y hacer efectivo el pago de actividades no ejecutadas o ejecutadas de manera defectuosa”.

Por ello, se estableció un presunto hallazgo fiscal y disciplinario por $1.704 millones, que fue la suma cancelada a la interventoría.

La misma advertencia hizo el ente de control fiscal en el contrato de interventoría de La Guajira, el 581 de 2015, entre la Gobernación y el Consorcio Interventoría Gestión Integral Tecnológica, porque el interventor “no tuvo ninguna observación o reparo sobre el contrato 009 de 2016”, en el que “existen presuntos hallazgos con incidencias administrativas, disciplinarias y fiscales debido a una presunta gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente en la ejecución del contrato antes relacionado”.

Debido a esto, la misma suma pactada en el contrato para la interventoría, $1.431 millones, configura el presunto daño patrimonial.

Se subcontrató al mismo contratista

Una de los sorpresivos hallazgos de la Contraloría radica en el hecho de que en el contrato 001 de 2017, entre la Gobernación de La Guajira y Metrotel, se subcontrató al mismo contratista de los contratos anteriores con la península y la Gobernación del Magdalena: Funtics.

Así, mientras Funtics pagaba el servicio de conectividad a $50 mil, Metrotel lo pagaba a $180 mil, “es decir, hubo una doble intermediación innecesaria, puesto que se pagó a Metrotel valores por conectividad superiores al 360%, mientras que la Gobernación haciendo uso de sus competencias habría podido contratar dichos servicios directamente con los terceros proveedores de Funtics”.

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