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Videoconferencia de la reunión de los voceros del Senado del pasado miércoles.
Cortesía

El ‘enredo’ jurídico de las sesiones virtuales del Congreso

Una comisión de senadores pidió a la ministra del Interior, Alicia Arango, elevar una solicitud ante el Consejo de Estado para determinar si sería constitucional que las sesiones del Congreso se realicen de forma virtual.

Luego de que el Congreso de la República decidiera aplazar el inicio del periodo legislativo para el próximo 13 de abril, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, han surgido varias iniciativas para retomar las sesiones de manera virtual.

Y a pesar de que el presidente Iván Duque dio ‘luz verde’ a la realización de sesiones virtuales,  aún no se ha podido realizar la primera sesión formal.

Si bien, ya algunas comisiones vienen trabajado a través de videoconferencias, estas reuniones han sido de manera informal. Sin embargo, para que las decisiones que tomen tengan valor suficiente en el marco jurídico se requiere que las sesiones tengan un carácter formal y para ello, un lío jurídico tiene ‘paralizada’ la actividad legislativa.

EL HERALDO conoció, tras hablar con varios congresistas, que una de las preocupaciones que tienen es sí este mecanismo de sesiones virtuales se ajusta o no a lo que indica la Constitución.

De hecho, este miércoles, los voceros del Senado tuvieron una reunión virtual por 3 horas. Siendo las sesiones virtuales el principal tema de la discusión. Así mismo, representante a la Cámara estuvieron reunidos de manera virtual por cerca de 6 horas debatiendo el tema.

“Debido a que la Constitución amenaza con sanciones, existe una gran duda sobre si se pueden hacer sesiones virtuales o no”, manifestó el senador conservador Efraín Cepeda.

Cepeda refirió que, por tal motivo, pidieron al Ministerio del Interior que pasara la solicitud ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado para determinar si se pueden realizar las sesiones  virtuales.

De hecho, en la mañana de este jueves, los voceros de Senado adelantaron una videoconferencia con la ministra del Interior, Alicia Arango, para tratar el tema.

Así mismo, se convocó para mañana a las 10:00 a.m. a una reunión con todos los voceros del Senado y los ministros de Interior, Salud, Hacienda y Agricultura para abordar este tema. Pero, además, la economía, salud, empleo, seguridad alimentaria, subsidios, entre otras medidas para enfrentar la COVID-19 serán tenidas en cuenta durante la cita de mañana.

El ‘enredo’ jurídico. El representante a la Cámara César Lorduy, de Cambio Radical, indicó que teniendo en cuenta el artículo 140 el Congreso puede sesionar en otros sitios. Por lo que se partió de una interpretación de este mismo, para proponer que las sesiones del Capitolio sean virtuales.

“Algunos interpretan que hoy, en el 2020, otro sitio no es únicamente un sitio físico. Y eso bastaría para empezar a legislar si los presidentes de Senado y Cámara, que son los únicos que pueden convocar haciendo uso de ese artículo, citan a sesiones”, explicó el representante.

No obstante, no están sencillo como parece. Puesto que, el mismo representante añadió que también la Constitución en el artículo 149 alerta que si las reuniones del Congreso se realizan “fuera de las condiciones constitucionales”, las sesiones serán inválidas y quienes participen o convoquen tendrán sanciones penales.

Por ende, los presidentes de Senado, Lidio García, y de Cámara, Carlos Cuenca, no han querido proceder a la realización de sesiones virtuales sin antes tener conceptos que les otorguen garantías y seguridad jurídica.

¿Qué validez tiene el decreto presidencial?. Previendo este ‘lío’ jurídico, varios congresistas enviaron al presidente de la República, Iván Duque, una solicitud para que a través de un decreto presidencial que diera ‘luz verde’ a las sesiones y votaciones virtuales.

Días después, el presidente Duque publica el decreto 491 en el que se precisó que las convocatorias deben realizarse conforme a los respectivos reglamentos y que dicha medida tendrá vigencia hasta que finalice el estado de emergencia, el cual fue declarado hasta el próximo 30 de mayo.

“Muchos congresistas aspiraban a que con ese decreto del Gobierno Nacional pudieran sentir ese ‘respaldo’ jurídico para empezar a sesionar virtual. Pero ese decreto, simplemente, estableció que las sesiones presenciales podrían seguir de formar virtual, si se mantienen los procedimientos. Es decir que para cambiar tales procedimientos se debería hacer una sesión presencial que nos permita después sesionar de manera virtual”, detalló Lorduy.

De hecho, ese fue el caso de las altas cortes, que durante sesiones presenciales decidieron que podrían continuar las audiencias de manera virtual como ahora se vienen desarrollando.

No obstante,  otro debate más profundo se añade a esta discusión: ¿Puede modificarse el reglamento  o los procedimientos a través de un decreto presidencial? Según el representante a la Cámara no se podría, teniendo en cuenta que los decretos son leyes ordinarias y estas no pueden modificar la ley que regula la actividad en el Congreso, debido a que esta última es una ley orgánica.

Así las cosas, aseguró: “Las leyes orgánicas, entre ellas la que establece los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, solo y únicamente las puede expedir el Congreso”.  Incluso, Lorduy enfatizó en la importancia de tener presente lo anterior debido a que podría más adelante estar envueltos en un escenario  jurídico mucho más incierto.

“Un decreto legislativo no se puede meter con la Constitución. Si esto se permite, más adelante no necesariamente el presidente actual,  sino cualquier  próximo presidente puede decidir que el Congreso debería tener solo una cámara, puede decir que sólo existirá una Corte, que se puede acabar con la JEP”, alertó.

Las posibles salidas. Lo primero es que de acuerdo a la decisión inicial de aplazar el inicio de esta legislatura, que debió empezar el pasado 16 de marzo, se estableció que se reanudarían el próximo 13 de abril. Así las cosas, habría que esperar hasta esa fecha para retomar el periodo legislativo.

Sin embargo, debido a las restricciones sanitarias no se podrían iniciar de manera presencial las sesiones legislativas. Otras de las propuestas que exponen los congresistas es que se espere hasta el 30 de mayo cuando se venza la declaratoria de emergencia, si es que no se prorroga, para reunirse. No obstante, ese mismo día vencería el decreto que autoriza las sesiones virtuales del Congreso.

Otra de las salidas es esperar el concepto del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para determinar si se pueden o no realizar sesiones virtuales.

Sin embargo, el trámite de estudio implica, según detalló Lorduy, que primero la Presidencia reciba copias de la solicitud, se debe fijar en la Secretaría de la Corte durante 5 días para que cualquier ciudadano puedan enviar su intervención; tercero se dará 10 días al procurador para que rinda un concepto; cuarto una vez llegue el concepto del procurador, el magistrado ponente tendrá 7 días para presentar el proyecto del fallo y por último, cuando se radique la ponencia, la Sala Plena contará con 20 días para tomar una decisión.

“Si esperamos lo que diga la Corte Constitucional podría ser que estemos recibiendo esa respuesta el 9 de junio y quedaría menos de un mes para que se terminen las sesiones ordinarias”, señaló el representante.

Así mismo, recordó que de no extenderse el estado de emergencia, el Congreso por ley deberá hacer control político de los decretos expedidos el próximo17 de abril.

Teniendo en cuenta todo este panorama, varios congresistas consultados por EL HERALDO sugieren que la actividad legislativa no puede seguir perdiendo tanto tiempo.

Algunos propusieron que se instale el Congreso de manera física con un número reducido de congresistas que permitan aprobar las sesiones virtuales y que se habilite pronto una plataforma digital.

Lo anterior, tal como se ha hecho en otros países como Paraguay, Honduras, México y Perú, que de manera presencial se reunieron para dar paso a las sesiones virtuales debido a la pandemia.

El senador  liberal Luis Fernando Velasco, por su parte, refirió que en especial el país necesita que se ejerza control político más que el impulso de nuevos proyectos. No obstante, propuso que se inicie el periodo legislativo lo más pronto y se enfoquen en proyectos que servirán para aliviar la emergencia sanitaria.

“Por ejemplo, que se haga un decreto de ley que desarrolle el proyecto de regalías para direccionar el 30% de recursos del año 2020-2021 al sector salud de manera descentralizada, el traslado presupuestal de los 8.5 billones de pago de la deuda externa a un fondo de reactivación del empleo, apoyo al proyecto de borrón y cuenta nueva para darle vida financiera a millones de colombianos que hoy no tienen, entre otros”, anotó el senador.

Se espera que hoy el presidente del Senado, Lidio García, de indicaciones de cuándo y cómo empezará la labor legislativa.

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