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El exministro de Justicia, Yesid Reyes, enumera los puntos en los que se ha avanzado con lentitud.
Luis Rodríguez Lezama
Política

“Duque tiene un doble discurso con la paz ”

EL HERALDO dialogó con el exministro, quien se refirió al acuerdo de paz que hizo el Gobierno de Santos con la Farc, del cual fue asesor jurídico.

El discurso de la paz ha suscitado en Colombia un gran debate en torno al cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno, en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos, y la extinta guerrilla de las Farc.

El presidente actual, Iván Duque Márquez, ha heredado la responsabilidad de que lo pactado en el anterior gobierno se cumpla. Con una favorabilidad que aumentó en las encuestas luego de su fuerte discurso en contra del Eln, el rompimiento de las negociaciones y “la mano dura”, el panorama de los acuerdos de paz con las Farc, cuestionados por este gobierno, se percibe en medio de incertidumbre.

Y aunque Duque ha dicho que no destruirá los acuerdos, no ha dejado de lado la lucha por tumbar algunos de los puntos pactados que el gobierno actual traduce como impunidad. 

EL HERALDO conversó con Yesid Reyes, exministro de justicia del gobierno Santos y asesor jurídico del acuerdo de La Habana, quien hizo un breve diagnóstico del cumplimiento de estos y del actual gobierno, así como también explicó jurídicamente el funcionamiento de una de las entidades más cuestionadas recientemente: la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

 

P.

¿Le ve voluntad al gobierno actual de cumplir con los acuerdos de paz firmados con las Farc?

R.

 Yo ahí veo un doble discurso. Un discurso internacional en el que siempre se está insistiendo en que los acuerdos de paz se van a firmar, desarrollar y se van a implementar. Pero, desde el punto de vista nacional, hay muchísima lentitud y muchas dudas en la implementación del acuerdo.

P.

¿En cuáles puntos del acuerdo se ha avanzado con lentitud ?

R.

En el primer punto del acuerdo, la reforma rural integral, prácticamente no se ha hecho nada en este Gobierno. Lo primero que se debería hacer es implementación de leyes y hasta ahora no hay ninguna aprobada en relación a este tema. En materia de participación política, que es el segundo punto del acuerdo, tampoco ha habido ningún avance en este nuevo gobierno y en cuanto a la solución del problema de drogas, que es otro de los puntos, sí ha habido algunas cosas en este gobierno, pero regresivas, desde mi punto de vista. Están persiguiendo a los consumidores de droga, que era justamente la posición contraria a la que se había llegado en el gobierno anterior y se está pensando en volver a la fumigación con glifosato.  De tal manera que en estos tres puntos, que son justamente los temas que se acordaron para combatir las causas del conflicto armado, pues no se está haciendo mucho.  

P.

¿Qué lectura hace sobre los tropiezos que ha tenido la Ley Estatutaria de la JEP para que pueda ser sancionada por el presidente Iván Duque?

R.

La noticia más reciente es que el Gobierno está evaluando la posibilidad de objetar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que si eso llega a ocurrir, va a haber una traba muy grande para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y todo el tema de justicia en los acuerdos de paz. Lo anterior, sin contar las críticas que se lanza a la JEP en temas puntuales, que también dejan la sensación de que se quiere cuestionar el funcionamiento de esta entidad.  

P.

¿Cómo se explica, jurídicamente, que la JEP siga funcionando sin la Ley Estatutaria?

R.

La Jurisdicción Especial para la Paz puede seguir funcionando porque hay unas normas de rango constitucional, por ejemplo el acto legislativo 01 del 2017 que da el marco general del funcionamiento de la JEP, y la 1260 que regula todo el tema de las amnistías, los indultos y libertades y porque hay normas que ya fueron expedidas y están funcionado.  Entonces, hay un aparato legal que permite el funcionamiento de la JEP pero en temas puntuales. Hay muchos otros temas, en los que sí hace falta una ley, como la Estatutaria de la Administración de la JEP, que es prácticamente la traslación de lo acordado en La Habana a una ley. La Jurisdicción Especial puede seguir funcionando así como está; pero hay temas que si no se tratan en la Ley Estatutaria van a quedar sin funcionar, sin ser operativos.  

P.

¿Como cuáles?

R.

Hay varios. Por ejemplo, la responsabilidad de los superiores de las Farc está consagrada en normas constitucionales respecto a las Fuerzas Armadas; pero una norma equivalente, que se acordó en La Habana, para la responsabilidad de los superiores en las Farc no existe, está en la Ley Estatutaria y si esta se cae no hay una norma que permita responsabilizar a los jefes de las Farc. En materia de participación en política o ejercicio de cargos públicos por parte de condenados por la JEP no hay una norma. La única norma que existe sobre eso está en la Ley Estatutaria y además tiene una limitación que le dio la Corte Constitucional en su sentencia. Si se cae la Ley Estatutaria, se cae la norma que trata el tema y la interpretación que le hizo la Corte a este.  Qué es y cómo opera una restricción efectiva de la libertad, la cual fue una medida muy discutida después del primer acuerdo de paz. Eso se reformuló para el segundo acuerdo y quedó plasmado en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Ahí está qué es una restricción efectiva de la libertad y cómo opera. Si se cae la Ley Estatutaria, se queda sin desarrollo el concepto de restricción efectiva de la libertad.  Las consecuencias del incumplimiento de las condiciones que el sistema impone también está en la Ley Estatutaria. Si esta se cae no queda claro cuáles son esas consecuencias.  También hay normas que desarrollan y permiten hacer efectivas la autonomía presupuestal de la JEP y quedarían sin vigencia sin la aprobación de la Ley Estatutaria. Entonces, son muchísimos los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento normal de la JEP que quedarían en el aire si se cae la Ley Estatutaria.  

P.

Se escucha en algunos sectores que la JEP es una entidad sesgada, que solo responde a una línea ideológica. ¿Qué opina de eso?

R.

Yo creo que no. Primero, esa es la crítica que se hizo desde el comienzo y yo no conozco ningún caso específico en el que se diga, con algún fundamento, que la JEP ha tomado una decisión sesgada. Por el contrario, miembros de la fuerza pública, en un número bastante elevado, han solicitado entrar a la JEP. Y eso daría a entender que ellos tienen algún nivel de confianza en esta. Y si los agentes del Estado tienen confianza en la administración de  justicia de la JEP, pues uno diría que es porque no están pensando que es sesgada.  Lo mismo ocurre con los terceros. Durante toda la negociación hubo una fuerte presión para que los terceros, como empresarios, salieran de la JEP. El argumento detrás de eso era, precisamente, que esa era una jurisdicción con un sesgo de izquierda, que entonces privilegiaría a los exguerrilleros, y trataría más duramente a los que estaban en la otra orilla. Finalmente, quedó claro por norma y decisión de la Corte Constitucional, que los terceros no están obligados a ir a la JEP y lo que uno ha visto en la práctica es también un número considerable de empresarios que han empezado a pedir que la JEP se ocupe de sus casos.   

P.

Pero también un gran número de reclusos quieren ser juzgados por la JEP, ¿se podría creer que es porque la JEP sería una entidad menos rígida y los favorecería?

R.

Por supuesto que es un régimen muchísimo más favorable que el régimen ordinario, eso es parte de lo que se acordó en La Habana. En la justicia transicional se cede de lado y lado. Está previsto, por supuesto, un régimen de sanciones mucho más leve para quienes participaron en el conflicto armado y a cambio de eso la sociedad se ve beneficiada con otras cosas: conocimiento de la verdad sobre lo que corrió en el conflicto, compromiso de que ese conflicto no vuelva a ocurrir, y eso quiere decir, que no vamos a tener víctimas, desplazados ni masacres y la sociedad se beneficia también porque el conflicto armado termina.  Lo que sí es importante es que en esa jurisdicción solo puedan llegar personas que realmente fueron actores del conflicto armado y cometieron delitos relacionados con ese conflicto armado.  

P.

Hace unos días unos reclusos enviaron una carta a la JEP y dijeron que hicieron parte del conflicto armado y estaban dispuestos a contar la verdad sobre este. ¿Cómo se determinaría quiénes, realmente, hicieron parte de ese conflicto?

R.

Lo que se acordó desde el comienzo es que había dos filtros. Uno, solo podían llegar a la JEP las personas incluidas en el listado elaborado por las Farc sobre quiénes son sus integrantes. Un listado que ha estado sometido al escrutinio del Estado y que en la práctica ha llevado a que muchas personas hayan sido excluidas de ese listado. Y dos, los que aunque no hayan estado ni estén en el listado de las Farc, hayan sido condenadas por la justicia como miembros de las Farc. Solamente, esos dos grupos de personas pueden llegar a la JEP.  Lo que está pasando, ahora, en la JEP es que como hay gente en las cárceles que han visto que dan libertades a los exguerrilleros de las Farc, están pidiendo muchas libertades como si fueron miembros de esta. Eso es, relativamente, fácil de excluir porque deben estar en los listados o fueron condenado. Pero el problema es que están congestionando la JEP.  

P.

Con esos dos filtros, entonces, ¿no habría forma de que hubiesen ‘colados’ en la JEP?

R.

El problema no es que vayan a haber muchos ‘colados’, porque es muy difícil con esos dos filtros. Pero están congestionándola entidad, porque no estamos hablando de cientos sino de miles de solicitudes que la JEP tendría que analizar.  

P.

Y sobre el Eln, políticamente, ¿qué tendría que hacer el Gobierno con ellos?

R.

El Gobierno debe respetar los protocolos, porque estamos hablando de un acuerdo de Estado. Sin embargo, después de lo del atentado a la Escuela de Cadetes diría que no se deben adelantar nuevas conversaciones hasta que los miembros del Eln, realmente, den una muestra más fiable  de que están interesados en salir del conflicto armado.  

P.

De otro lado, el anuncio sobre los permisos especiales para el porte de armas ha causado mucha polémica, ¿qué considera sobre esto?

R.

Me parece que son una forma de evadir la normatividad, que debería seguir siendo la prohibición del uso de este. Todas las excepciones que se hagan incrementan la probabilidades de que hayan personas lesionadas y muertas por el uso de las armas. En vez de estar buscando excepciones para el porte de armas, deberíamos ser más rígidos en la prohibición de estas.   

P.

Por último, ¿qué diagnóstico puede hacer del gobierno de Duque?

R.

El presidente Duque comenzó con una popularidad muy baja en estos primeros meses, creo que fue fundamentalmente porque no logró un propósito claro de Gobierno.  Los gobiernos normalmente tienen un eslogan que muestra muy bien cuál es su rumbo. Por ejemplo, la impronta de Álvaro Uribe fue la seguridad democrática y la de Juan Manuel Santos, la paz.  En el gobierno de Duque pareciera haber una referencia no muy clara a lo que es la economía naranja, con unas explicaciones menos claras sobre cómo el país puede salir beneficiado con eso. Y creo que la falta de ese rumbo llevó a que fuera muy mal calificado en las encuestas. Todo cambia, con el atentado del Eln a la Escuela de Policía, porque la reacción del presidente trasmitió la sensación de tener un rumbo claro, un rumbo fuerte, de autoridad y de seguridad que le ha permitido remontar en las encuestas. Habría que esperar si después de esto, el presidente Duque logra fijar un rumbo más claro de su gobierno.   

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