Cámara aprueba la no conexidad del narcotráfico con el delito político

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este martes en primer debate el proyecto de acto legislativo, presentado por el Gobierno Nacional, que plantea la no conexidad de los delitos de secuestro y narcotráfico con los delitos políticos.

La iniciativa busca adicionar dos artículos a la Constitución Política con el fin de establecer la no conexidad de los delitos mencionados con los de carácter político, y para que no sean sujetos de amnistía o indulto.

Al respecto, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, señaló que “lo que se busca es que los grupos criminales que se dedican al narcotráfico no sean beneficiados con amnistías o indultos, y que esta conducta no sea conexa con el delito político”.

Agregó la jefe de la cartera del derecho que la medida no tendrá retroactividad, por ejemplo, para el caso de los desmovilizados de las Farc: “Ha quedado claro que por el principio de favorabilidad, una vez adquiera el rango constitucional legal, será aplicado en el futuro”.

La Comisión Primera de la corporación legislativa avaló la iniciativa que hace parte del paquete anticorrupción que presentó el Gobierno nacional en agosto pasado e hizo parte de la Consulta Anticorrupción.

Declaraciones de renta públicas

Por unanimidad, 35 votos a 0, la Comisión Primera de la Cámara aprobó también este martes en primer debate el proyecto de acto legislativo que propone que los funcionarios públicos hagan públicas sus declaraciones de renta.

El proyecto fue radicado el pasado 14 de agosto por el Gobierno nacional a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, en medio del paquete anticorrupción oficial.

La medida, de acuerdo con la ponencia aprobada, “busca hacer efectiva la revelación del patrimonio no sólo del servidor público, sino también de los particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos públicos, al inicio del servicio, al retiro y cuando sea solicitado por autoridad competente”.

Se trata la iniciativa de una reforma constitucional por cuanto la declaración de renta, así como la declaración de bienes y rentas, son hasta ahora documentos privados que están garantizados por la reserva constitucional prevista en el artículo 15 Superior, salvo para fines de inspección y vigilancia, para fines tributarios o judiciales.

En medio de la discusión, el representante del Polo Democrático por Bogotá, Germán Navas Talero, dijo estar de acuerdo con el proyecto, en pro de la transparencia, y criticó en este sentido al fiscal general: “la semana pasada el periodista Gonzalo Guillén desnudó los bienes millonarios no declarados en España del fiscal Néstor Humberto Martínez, y el fiscal es la persona encargada de develar la corrupción”.

A su vez, el representante de Cambio Radical por el Atlántico, César Lorduy, señaló que “desde hace algún tiempo la ciudadanía ha llevado al Congreso a un tribunal de la calle, y en la calle la presunción de inocencia se invirtió. Todos dicen que el Congreso es corrupto. Así que tenemos que demostrar que no lo somos”.

En el articulado se leen las condiciones bajo las cuales se deberá presentar la información de rentas y bienes: “Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite, el servidor público deberá declarar bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas y presentar copia de su última declaración de renta. El servidor público deberá actualizar cada año bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas y presentar copia de su última declaración de renta”.

Y uno de los puntos que generó mayor polémica es el que determina que cualquier autoridad podrá solicitar las declaraciones de renta: “Cualquier autoridad competente podrá solicitar al servidor público o al particular que desempeñe funciones públicas o administre bienes o recursos públicos, la declaración de bienes y rentas y la declaración de renta de años anteriores o posteriores al ejercicio del cargo o desempeño de las funciones, según el caso”.

Se enreda la reforma política

Aunque parecía haber consenso en los cuatro grandes asuntos de la reforma política -la lista cerrada, la democratización interna de los partidos, la paridad de género en las listas a las corporaciones públicas y la prohibición de inscribir por medio de firmas a quien a menos de un año hubiese militado en otro partido político-, la Comisión Primera de Senado, por diferencias en torno al sistema electoral, no aprobó ayer en primer debate la iniciativa gubernamental.

Las propuestas de aprovechar esta reforma política para introducir cambios profundos al sistema electoral, sobre todo al Consejo Nacional Electoral, CNE, vinieron de los senadores Rodrigo Lara, de Cambio Radical; Gustavo Petro, de Colombia Humana y Angélica Lozano, de la Alianza Verde.

Mientras que el Gobierno Nacional plantea darle autonomía presupuestal al CNE, el cordobés Petro propone, por ejemplo, sustituir el CNE por un tribunal judicial independiente de los partidos políticos.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por su parte, defendió la iniciativa: “El voto preferente ha distorsionado la ideología de los partidos políticos y debe ponerse límites a la financiación de las campañas políticas”.

A su vez, los senadores Roy Barreras, de La U y Temístocles Ortega, de Cambio Radical, presentaron los aspectos generales de la reforma sobre los que había consenso.

Las inquietudes de la reforma serán recogidas por una subcomisión designada y las presentará este miércoles a las 12 del mediodía.

Entre tanto, las bancadas tendrán reuniones privadas para definir las propuestas que presentarán a la comisión accidental.