La plenaria de la Cámara aprobó el pasado miércoles en segundo y último debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2026, que asciende a $546,9 billones, representando un incremento del 7% frente al Presupuesto de 2025, que fue de $511 billones.
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Ahora la prueba de fuego está este jueves en la plenaria del Senado, donde se dará realmente el último debate del proyecto de la renta pública para el año entrante.
La segunda ponencia del Presupuesto se redujo en $10 billones frente a lo planteado en la primera ponencia, avalada hace un par de semanas por las Comisiones Económicas Conjuntas.
No obstante, hubo incrementos en educación: un aumento de $6,6 billones (+8,1%), alcanzando un total de $88,2 billones, el presupuesto más alto en la historia de este sector; salud: incremento de $11 billones (+16,4%), para un total de $78,1 billones; trabajo: aumento de $3,3 billones (+6,2%), llegando a $56,7 billones; y defensa y Policía: incremento de $5,7 billones (+9,5%), para un total de $65,8 billones.
Asi mismo, en transporte: un aumento de $3,2 billones (+18,6%), alcanzando $20,5 billones; el inclusión Social: incremento de $2,4 billones (+23,3%), para un total de $12,7 billones, con el propósito de seguir atendiendo a las poblaciones más vulnerables.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, el ente que vela por la garantía de los derechos humanos en el país, tuvo una reducción del 5%, quedando en $1,19 billones.
Luego del Presupuesto, el Congreso se preparará para el debate de la ley de financiamiento o reforma tributaria, en la que el Ministerio de Hacienda se comprometió a ajustar el valor de $26,3 billones a $16,3 billones.
Desde la Bancada Caribe, la representante a la Cámara, Juliana Aray, del Partido Conservador, advirtió que, aunque Bolívar fue incluido como el cuarto departamento con mayor inversión nacional para 2026, con $3,2 billones asignados en el Presupuesto General de la Nación, la baja ejecución de los ministerios podría poner en riesgo las obras en el departamento: “Una cosa es anunciar recursos y otra muy distinta ejecutarlos. Bolívar aparece con un presupuesto alto, pero sin garantías de que esos recursos realmente lleguen al territorio”.
La congresista explicó que la inversión proyectada para Bolívar disminuyó un 5 % frente a 2025, y que una parte importante de los recursos proviene de fuentes condicionadas a una reforma fiscal que aún no ha sido aprobada, por lo que existe incertidumbre sobre su disponibilidad real: “El Gobierno Nacional no puede seguir comprometiendo a los departamentos con presupuestos que no están asegurados. Si esas fuentes no se materializan, las obras quedarán en el aire”.
Por su parte, el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, aseveró que “el presupuesto sigue inflado, desequilibrado y con un hueco de financiamiento de $16,9 billones, que depende de una desconocida y nefasta reforma tributaria. Este presupuesto demuestra que el país perdió el rumbo fiscal. En tan solo tres años, el presupuesto ha crecido más de 200 billones de pesos frente a 2022, pero ese aumento no se traduce en inversión. La mayor parte de los recursos se ha destinado a gastos de funcionamiento, en una burocracia cada vez más costosa y un aparato estatal que no produce resultados”.
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Y llamó la atención sobre el recorte del 47,3% en la inversión de la Defensoría del Pueblo frente a 2024, lo que afectará su capacidad operativa y su papel en la defensa de los derechos ciudadanos: “Es preocupante que, en un año clave para la democracia, el Gobierno debilite las instituciones que garantizan la transparencia y la vigilancia electoral. Colombia, con el gobierno corrupto y derrochón de Gustavo Petro, necesita más control y garantías, no menos”.
A su vez, el senador y precandidato presidencial del Partido Conservador, Efraín Cepeda, advirtió: “No vamos a votar con los ojos cerrados una reforma tributaria de $16 billones. El Gobierno no ha ejecutado $80 billones que tiene guardados y sí quiere seguir ‘metiéndole’ la mano al bolsillo de los colombianos y a las fiducias de las regiones. Está claro que los recursos que buscan no son para obras, son para politiquería. No vamos a permitir esa irresponsabilidad”.
Y el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, insistió en que “no queremos más impuestos para el ciudadano, este país no aguanta medio impuesto más, además que ellos no siquiera están recaudando lo que ellos esperan, desde que llegaron han venido presentando unos presupuestos inflados que no corresponden a la realidad”.
