Pasó la fecha límite de aprobación del monto del Presupuesto 2025 y las Comisiones Económicas Conjuntas no sesionaron este lunes, por lo que ahora se viene el debate sobre el articulado de la renta pública para el año entrante.
Así las cosas, por ahora, el Presupuesto 2026 queda por un monto de $557 billones y la reforma tributaria o ley de financiamiento por $26,3 billones.
Las fechas clave
La próxima fecha clave es la del 25 de septiembre, en la que las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara deberán aprobar en primer debate el Presupuesto 2026 o, de lo contrario, como ocurrió el año pasado con el Presupuesto 2025, este sería decretado por el Gobierno.
En el remoto escenario de que la iniciativa sea aprobada en primer debate, las plenarias de las cámaras alta y baja iniciarían el segundo debate el 1 de octubre y tendrían hasta el 20 de octubre para aprobarlo, o regiría lo avalado en primer debate.
Finalmente, si hasta el 10 de diciembre no se aprueba o decreta el proyecto de la renta pública, el Gobierno debe expedir el mismo Presupuesto del año anterior con ajustes.
Las posibilidades
De esta manera, lo que puede pasar es que se mantengan el Presupuesto por $557 billones y la tributaria de $26,3 billones, que sube impuestos a la gasolina, la cerveza, los juegos de suerte y azar y las rentas y los patrimonios altos.
Pero el gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene los votos para llevar a cabo sus planes, por lo que podría con ‘jugaditas’ evitar que bajen el monto y esperar que se hunda la ley de financiamiento, que tiene más plazo que el Presupuesto: hasta el 31 de diciembre.
De esta manera, el proyecto de la renta pública quedaría desfinanciado por $26,3 billones y se augura un camino difícil para los proyectos en que tiene interés el Ejecutivo en el último año del Legislativo: el de la paz total, la reforma a la salud 2.0, la ley de tarifas eléctricas, la reglamentación de la jurisdicción agraria y el articulado del Ministerio de la Igualdad.
También podría pasar que la Casa de Nariño reduzca la tributaria de $7 a $10 billones, sacando los impuestos de la gasolina y la cerveza, pero dejando los de los juegos de suerte y azar, con los que incluso están de acuerdo los opositores de Cambio Radical.
Otro escenario es que las Comisiones Económicas decidan hacer cambios al Presupuesto y saquen partidas de gastos y funcionamiento y las envíen a las regiones o a sectores como el deporte, que aparecen golpeados en el articulado.
E igualmente puede salir el Presupuesto por decreto, desfinanciado, pero eliminando por lo menos 20 artículos que le dan facultades al Gobierno para endeudarse o hacer movimientos en las cuentas, como por ejemplo la autorización para reprogramar las inversiones en proyectos de infraestructura como las carreteras 4G, y el aval para endeudarse y financiar el Presupuesto sin tener que pasar por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Ajustes sin más gastos
Al respecto, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga advierte que el Presupuesto 2026, lejos de ofrecer una solución estructural, se apoya en supuestos optimistas y en la expectativa de la tributaria.
Por ello, sostiene el centro de pensamiento que, para que el proyecto de la renta pública sea viable sin recurrir a la ley de financiamiento, se requiere un ajuste de $55,8 billones, compuesto por la eliminación de la reforma, una meta de recaudo más realista y la reversión del aumento del gasto.
Además, critica que el Gobierno, como en un periodo de crisis, hubiera optado por suspender la regla fiscal que determina que el límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB. Esto al activar la llamada cláusula de escape durante tres años, lo que permite un déficit fiscal del 7,1% del PIB en 2025.
Lo anterior pese a la advertencia del CARF, que señaló que “la cláusula de escape no está contemplada para este tipo de situaciones”, poniendo de presente que “el principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal”.
