El contrato de fabricación y expedición de pasaportes en Colombia, que desde 2007 ha estado de manera exclusiva en las manos de la firma británica Thomas Greg & Sons, ha seguido ocasionando, de una u otra manera, la salida de los últimos tres cancilleres (Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia) del Gobierno de Gustavo Petro, dejando sobre el ambiente un manto de incertidumbre e improvisación en una cartera que –históricamente– ha estado alejada de los borbollones políticos.
El conflicto y los dilemas nacieron en 2023 cuando el jefe de Estado ordenó, en ese entonces a Leyva, que Thomas Greg no continuara con el derecho de producción de los documentos oficiales para que los colombianos viajen por el mundo. El capricho del mandatario se basó en que las licitaciones eran fraudulentas y estaban amañadas para que la compañía en mención siguiera manteniendo el millonario contrato; sin embargo, su plan desde ese momento ha estado lejos de implementarse.
Ni Leyva, que empezó a ser investigado por los órganos de control, ni Luis Gilberto Murillo, que supuestamente había dejado listo un nuevo modelo de diez años con el Gobierno de Portugal y la Imprenta Nacional, ni Sarabia –la ex mano derecha de Petro– han logrado cumplir la orden del presidente. Y, para colmo de males, en el medio de todo ese camino el Estado colombiano ha sido demandado por cifras millonarias por parte de Thomas Greg, que ha continuado siendo beneficiada con nuevos contratos ante la falta de capacidad del Gobierno para llevar a cabo un proceso nuevo con otra compañía.
“Creo yo que esto tiene un pecado original que es, obviamente, la contratación. Si uno los lee detenidamente, sabíamos por anticipado que ciertamente esto iba a favorecer a una empresa que en este caso es Thomas Greg & Sons. En ese sentido no se atendieron las preguntas, inquietudes de los otros oferentes, lo cual, pues terminó generando la salida de otros oferentes y la adjudicación quedó en uno solo, que fue Thomas Greg”, explicó el experto Manuel González, de la Universidad Javeriana.
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De acuerdo con el académico, el Gobierno “terminó fue magnificando mucho más la crisis porque Thomas Greg de alguna forma, digamos en todo derecho, pues demandó al Estado por el incumplimiento de ese contrato. Y lo que hemos visto es que –a las malas– al gobierno le ha tocado renovar la expedición de los pasaportes. Entonces, yo lo que creo es que, por un lado, el Gobierno tiene un impulso estatista en términos de centralizar el modelo de gobernanza, digamos, de los pasaportes. Esto lo está haciendo en conjunto con la Casa de la Moneda de Portugal, digamos como una especie de proyecto estratégico entre ambos países, pero peca un poco en la idea de sumar estos esfuerzos con bajas capacidades y en este punto importante hay que decir la imprenta Nacional no tiene las capacidades en estos momentos para asumir la demanda”, señaló.
En este sentido, agregó: “El gobierno ha creado una crisis para la cual no cuenta con los recursos suficientes para afrontarla en el tiempo, en el menor tiempo posible y sobre todo con la eficacia necesaria”.
Génesis de la crisis
El 31 de julio de 2023, la Cancillería decidió “suspender el proceso de licitación pública” para la emisión de pasaportes y etiquetas de visado colombianas porque otras empresas interesadas alegaron que no hubo libre competencia.
Tras esa decisión, la Procuraduría abrió una investigación el 12 de septiembre de ese año contra el canciller de entonces, Álvaro Leyva, y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación.
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Veinte días después, Leyva afirmó que “se recurrió a la figura de urgencia manifiesta” para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hace “la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista” para evitar retrasos en la expedición de pasaportes.
Posteriormente, Thomas Greg & Sons presentó en diciembre de 2023 una demanda contra la resolución que declaró desierta la licitación de los pasaportes y exigió al Estado colombiano 107.507 millones de pesos. El 29 de enero de 2025, la empresa informó que desistió de la demanda en vista de que los llamaron para seguir fabricando los pasaportes mientras se toma una decisión definitiva. El anuncio se hizo el mismo día en que Sarabia asumió como canciller.
Portugal, en la pelea
Luis Gilberto Murillo, sucesor de Leyva, firmó el 2 de octubre de 2024 un acuerdo de diez años con el Gobierno de Portugal para empezar a producir los nuevos pasaportes el próximo 1 de septiembre junto con la Imprenta Nacional. Sin embargo, rápidamente llovieron dudas sobre la capacidad de la entidad para cumplir el encargo.
El ocaso de Sarabia
Sarabia, que había empezado a perder en el Gobierno Nacional tras la llegada de Armando Benedetti, que se convirtió en el máximo escudero de Petro, dio un paso al costado tras un choque con el presidente por el caso pasaportes.
En su momento, Sarabia anunció que habría una declaración de urgencia manifiesta para que Thomas Greg & Sons asumiera por 11 meses más la producción de las libretas, debido a que no estaba lista la gestión para que Portugal trasladara desde septiembre próximo a la Imprenta Nacional las capacidades técnicas, tecnológicas y de infraestructura para elaborar el documento.
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Pero el entrante jefe de despacho, Alfredo Saade, dijo que sí sería suscrito el convenio con Portugal, al parecer sin tener el tiempo requerido para que el traspaso de capacidades se haga sin contratiempos. Sarabia le había advertido a Petro hace algunos días en la conferencia de la ONU sobre la financiación para el desarrollo en Sevilla, España, que renunciaría si seguían con la idea de los pasaportes a contrarreloj, pero el mandatario hizo caso omiso, por lo que el desenlace fue el de la dimisión de la funcionaria que llegó a ser la segunda más poderosa de Palacio en una vertiginosa carrera en el Gobierno.
“En los últimos días se han tomado decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar. No se trata de diferencias menores ni de quién tiene la razón. Se trata de un rumbo que, con todo el afecto y respeto que le tengo, ya no me es posible ejecutar”, explicó la exdirectora del DPS.
Además, en un oficio enviado a la Procuraduría, Sarabia explicó las razones de la poca viabilidad para implementar el nuevo modelo.
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“Los tiempos que requiere la Imprenta Nacional Casa da Moneda para dar inicio a la operación, que de acuerdo con información suministrada por esta entidad podrían alcanzar hasta 35 semanas una vez se firme el Convenio Interadministrativo, harían inviable iniciar operaciones el 01 de septiembre de 2025”, advirtió.
No hay riesgo en la operación
El recién designado jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, ofreció garantías absolutas sobre la continuidad en la expedición de pasaportes, en medio de la controversia generada por el inminente cambio de contratista para este servicio.
“Colombia no tiene ningún riesgo, ninguno, no está corriendo ningún riesgo de quedarse sin pasaporte”, enfatizó Saade, quien además prometió: “Doy mi palabra de que el país no se quedará sin libretas, se lo aseguro y se lo digo y se lo aseguro”.
