Como en el poema de Horacio Guarany que inmortalizara Mercedes Sosa en su melodioso lamento, si hombres como Iván Cepeda Castro guardaran silencio, se quedarían solos los humildes gorriones de los diarios.
Este representante a la Cámara por Bogotá personifica desde hace muchos años la esperanza de miles de colombianos que han sufrido las crueldades de un conflicto sexagenario en el que por instantes se avizora la luz, pero que vuelve y se enreda por cuenta de las argucias políticas, judiciales y delincuenciales; las cuales desestiman las acciones de los pacifistas, de quienes sólo claman por la justicia, la restitución de los derechos y la dignidad de las víctimas que ha dejado la guerra.
Como activista de los Derechos Humanos, como vocero de diferentes organizaciones sociales y ahora como parlamentario, Iván Cepeda ha dado una lucha férrea, a través del debate argumentado, para poner en evidencia hechos que han menoscabado los derechos de los vulnerables.
Ahora, con la aplicación de la Ley de Víctimas y el anuncio de la liberación de secuestrados por parte de la guerrilla, Cepeda Castro seguirá abogando por la verdadera reparación de campesinos, indígenas y afrodescendientes; y por la súplica de cientos de personas que reclaman la presencia de sus seres queridos y el fin negociado de una obsoleta lucha armada.
EL HERALDO habló con Iván Cepeda para conocer su opinión sobre los nuevos acontecimientos del 2012 y que tienen relación con los grupos ilegales, los parapolíticos y funcionarios cuestionados que avanzan orondos en su contoneo por la realidad nacional.
¿Qué opinión le merece el paro armado promovido por Los Urabeños?
Más allá de esas bandas, que no son más que estructuras paramilitares que están vigentes, llama la atención el control político y económico que siguen teniendo dichos grupos armados. Fíjese lo que sucedió con los alcaldes electos de Los Córdobas y Moñitos, que no son casos excepcionales, sino hechos que lamentablemente se siguen presentando en el país.
A propósito, ¿a quién le cabe la responsabilidad en la posesión de dichos alcaldes?
Más allá de discusiones formales, aquí hay una responsabilidad política. ¿Quién le está dando avales a personas que tienen semejantes apoyos en el país? ¿En qué organizaciones políticas están actuando personas que cuentan con el aval, ya no político, sino de facto de organizaciones criminales? Hay que establecer también cómo se desarrollaron las elecciones en esos municipios, todo esto implica niveles de responsabilidad que deben ser investigados y terminar en sanciones.
¿Hay irregularidades en la cárcel La Picota?
Desde hace tiempo se está denunciando la situación del pabellón sur de la cárcel. Durante el proceso electoral nosotros denunciamos cómo personas que están siendo investigadas o que han sido condenadas están actuando desde La Picota. Eso es prácticamente un despacho en el que estas personas atienden, dan órdenes, administran asuntos públicos, que por supuesto no deberían estar administrando ni atendiendo. A pesar de las denuncias, no se están tomando los correctivos necesarios.
La libertad del notario de San Jacinto Bolívar involucrado en la presunta usurpación de tierras en los Montes de María, ¿es una traba al proceso de reparación de víctimas?
Yo rechazo ese de tipo de actuaciones porque existe un fundamento con relación a la situación de despojo y legalización de ese despojo de tierras en los Montes de María. Es un extenso informe de la Superintendencia de Notariado y Registro de más de 400 páginas que demuestra los múltiples métodos de legalización del despojo que se llevaron a cabo en lugares como San Jacinto y Carmen de Bolívar.
Ustedes habían denunciado este caso…
Promovimos debates en el Congreso de la República concretamente sobre esta situación en el norte del país. Métodos que contaron con una activa participación de notarios, métodos fraudulentos en los cuales se falsificaron documentos, se forzó a personas a tomar decisiones de venta a precios irrisorios sobre una serie de actividades ilícitas. Por lo tanto, que uno de los notarios presuntamente implicados goce de libertad, cuando se está realizando una investigación y denuncias de tanta seriedad, pues me parece que no contribuye a la justicia. Y sin que haya justicia es difícil pensar que haya restitución de tierras en Colombia.
¿Ha visitado recientemente a las personas afectadas por el conflicto en la Región Caribe?
Lo hago permanentemente. Trabajo mucho en apoyo a organizaciones campesinas, desplazados, indígenas y afrodescendientes. He ofrecido todo mi respaldo a esa lucha que esas organizaciones llevan a cabo desde hace décadas. En el Caribe se han dado luchas históricas por la tierra y se continúan dando hoy. He apoyado mucho el proceso en Sucre con relación al movimiento de víctimas, a los Montes de María, la comunidad de la hacienda Las Pavas y otros procesos en Córdoba, Bolívar y La Guajira. Y lo vamos a seguir haciendo en este año que comienza.
¿Qué piensa del anuncio de Gustavo Petro en el sentido de que la Ley de Víctimas no será exitosa si no pasa por Bogotá?
Son afirmaciones que ojalá se conviertan en hechos y que hay que apoyar, sin lugar a dudas, porque Bogotá es uno de los lugares del país que ha recibido el mayor impacto del desplazamiento forzado. En la capital se concentra un altísimo porcentaje de las personas desplazadas de otras partes de la geografía nacional, por lo tanto, que el Gobierno local anuncie su voluntad de aplicar de una manera amplia y eficiente todas las medidas, no sólo de esta ley sino de todo el conjunto de medidas constitucionales de la normatividad para favorecer a las víctimas, merece nuestro respaldo.
¿Ha tenido acercamientos con el alcalde Gustavo Petro?
Aún no, pero esperamos que el alcalde llame a ese proceso a concertar y a coordinar a todas las organizaciones de víctimas, sin exclusión. Este proceso requiere de la presencia de todas las víctimas y sus organizaciones, y de la sociedad en su conjunto.
¿Cómo van las denuncias contra el expresidente Uribe?
Son denuncias que hemos hecho ante la Fiscalía. Se trata casos que tienen que ver con hechos anteriores a su periodo presidencial. Yo anuncio que este año vamos a perseverar en esas denuncias y las vamos a profundizar porque es muy importante, significativo y trascendental que se esclarezca muy bien la responsabilidad que ha tenido el expresidente Uribe en la conformación y en ese gran poder que acumularon los paramilitares en muchas partes del país y específicamente en la región Caribe.
¿Cuál es su posición frente al anuncio de las Farc de liberar a algunos miembros de la Fuerza Pública que mantiene secuestrados y el llamado de Piedad Córdoba para que la guerrilla libere a todas las personas en su poder?
Mi posición es de pleno respaldo esa solicitud que también lo es de colombianas y colombianos por la paz. Desde hace tiempo nos hemos planteado, no sólo la necesidad de la libertad de las personas secuestradas que tiene la guerrilla, sino de poder llegar un punto en el que el secuestro se convierta en un método del pasado y que haya una renuncia a ese método como una forma de financiación. Que este hecho se convierta en un punto de despegue del proceso de diálogo y de negociación del conflicto armado en Colombia.
¿Sí ve interés en el actual Gobierno de iniciar un proceso de diálogo?
Como se sabe el Gobierno de Juan Manuel Santos ha dicho que se espera un gesto de paz por parte de la guerrilla para poder destrabar el proceso y poder darle inicio a los diálogos de paz. Y si se producen todas liberaciones sería conducente pensar que Santos reconozca en esos gestos una señal suficiente y necesaria para poder avanzar en este proceso del punto final al conflicto de la paz, ese tipo de situaciones podrían verse como una posibilidad real.
Ante un eventual proceso de paz con las Farc, ¿pueden ellos esperar el indulto?
A estas alturas ya es un hecho que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no pueden ser objetos de ninguna medida de amnistía y de ninguna medida que acabe con la acción penal. Personas que lleguen a un proceso de paz, llámense grupos armados ilegales o miembros del Estado que estén implicados en esa clase de conductas , deben ser objeto de un tratamiento penal. Obviamente si es un proceso de paz serio, en el que el principio de no repetición de esos crímenes se haga eficaz, pues habrá que entrar a discutir la posibilidad de suspensión de penas o de otro tipo de beneficios. Pero en este momento es clara esa posición que nosotros hemos hecho explicita en la discusión del llamado marco normativo para la justicia transicional o para la paz en Colombia.
Por César Muñoz Vargas
