
La contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, anunció que esta semana se abrirán 12 procesos fiscales a igual número de magistrados y exmagistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el llamado escándalo del 'carrusel' de las pensiones.
Según informó ayer la emisora RCN La Radio, el organismo de control confirmó que tiene pruebas suficientes que demostrarían la presunta responsabilidad de los togados.
El escándalo, revelado desde enero pasado y que significaría un detrimento mayor a los 13 mil millones de pesos, surgió al conocerse que los altos juristas habrían nombrado como magistrados titulares y auxiliares a personas que estaban a punto de obtener su jubilación, para favorecerlos con onerosas pensiones, dados los altos salarios en estas designaciones judiciales.
La determinación de la Contraloría también afectaría a los magistrados auxiliares que se habrían beneficiado de estos dineros estatales.
De acuerdo a lo señalado por el ente de control fiscal, si los altos funcionarios judiciales son hallados culpables del millonario detrimento, se ordenaría el embargo de sus bienes, con el fin de recuperar lo que perdió el Estado.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación los destituiría e inhabilitaría para ejercer cargos públicos.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, aplaudió la decisión de la contralora Morelli y advirtió que la Comisión de Acusaciones, que por mandato constitucional investiga a los togados, también debería avanzar en las estas pesquisas.
“La Comisión no representa garantías ni para aforados ni para investigadores. Hay grandes dificultades para adelantar investigaciones, como la falta de presupuesto, pero eso no puede ser una disculpa”, dijo a la emisora.
Por Redacción País
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Bogotá.