Drummond debía tener cargue directo desde hace más de 15 años

La Drummond, que estaba obligada desde su primer contrato de concesión portuaria en 1992 a dejar de cargar carbón en barcazas, lleva más de 15 años haciéndole jugarretas jurídicas al país, mientras el Gobierno, a través del Ministerio de Ambiente y Corpamag, y el Congreso, han asistido, permisivos y complacientes, al terrible espectáculo de una multinacional estadounidense que se lucra a costa de la contaminación del mar, la tierra y el aire samarios.

Como consta en el mencionado contrato, el proyecto de la minera se dividía en dos fases: la fase uno, de una duración de tres años, y la fase dos, a partir de la cual debía abandonar el sistema de cargue indirecto o en barcazas, precisamente para evitar que pasara lo que pasó el 13 de enero, cuando vertió desde una barcaza unas 500 toneladas de carbón al mar. Es decir, desde esa fase dos, la empresa debía 'poner en práctica una instalación de cargue en los buques y eliminar el equipo de barcazas, remolcador y grúa flotante'.

Esa obligación también quedó contemplada en la Resolución 1163 del 20 de agosto de 1993, mediante la cual la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, le otorgó licencia ambiental a la Drummond.

No obstante, lo que siguió fue la historia del ‘gallo capón’, porque el Ministerio impone obligaciones, e incluso sanciones, como las dos de 2007 por vertimientos de carbón y por movilizar más del límite de 10 millones de toneladas anuales, pero la Drummond interpone recursos y solicita modificaciones, y en estos ires y venires, la obligación del cargue directo se ‘diluye’ en el tiempo.

Así, por ejemplo, en 2004, el Ministerio solicita a la compañía los estudios de ingeniería para instalar el cargue directo, a fin de ser evaluados, ya que el proyecto se acercaba al límite de cargue, lo que la obligaba, aún más, a cambiar el sistema de las barcazas. La Drummond, hasta 2006, entrega el estudio definitivo. Luego, el 18 de julio de 2007, mediante la Resolución 1286, tras la evaluación de dicho estudio, el Ministerio ordena que el sistema 'deberá estar implementado y en operación a más tardar el 1° de julio de 2010'.

Enseguida, en un singular requerimiento, la empresa le pide al Ministerio modificar su licencia ambiental para 'contemplar las obras y actividades propias del sistema de cargue directo de buques, combinado con cargue de barcazas' y el Ministerio, en 2009, en una, cuanto menos, laxa respuesta, aunque devuelve la solicitud 'por no contemplar la totalidad del cargue de carbón a través del sistema de cargue directo', se abstiene de tomar medidas contra la Drummond por las reiteradas dilaciones, suspende los términos del trámite de modificación de la licencia y, mientras tanto, la minera sigue contaminando.

Meses después, para rematar, el Ministerio revisa otra vez el plan de la Drummond y nuevamente lo devuelve por no cumplir con los requisitos. Hasta que surge el Decreto 3083 de 2007, adicionado por dos decretos de 2009 y 2010, y modificado por el Artículo 113 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo) -ley propuesta por el actual Gobierno y aprobada por el actual Congreso- y así fueron justificando, ‘legalmente’, el aplazamiento hasta el 1 de enero de 2014.

De hecho, fuentes consultadas no descartan que la compañía logre, una vez más, y con la anuencia oficial, ampliar ese plazo para 'la construcción y operación de las obras en tierra y mar, y el dragado para el puerto', para cambiar, por fin, al cargue directo.

Lo que quiere decir que, sin las medidas que debería tomar el Gobierno y sin la decisión de un ente de control para que se pare el sistema de cargue indirecto del carbón, seguirán sufriendo el aire, mar y tierra magdalenenses y, por supuesto, de manera inexorable, los habitantes de la región, a raíz de las partículas de carbón que deja en el aire la actual modalidad de transporte, y que les afectan los pulmones, la piel y los ojos; y a raíz, claro, de las barcazas, que en cada cargue arrojan algo de carbón al agua, dañando la flora y fauna marina, y sin que aún se haya determinado a ciencia cierta qué efectos produce en el ser humano tanto carbón en el mar.

'En un sistema de cargue directo, el carbón almacenado en los patios de acopio es colocado en bandas transportadoras cerradas mediante equipos de reclamación. Para permitir el transporte del carbón desde las bandas de patio hasta las bandas colectoras para cargue de buques en el muelle, se ubican torres de transferencias.

Las bandas colectoras se ubican en el extremo del patio de acopio y alimentan un silo que almacena el carbón durante el tiempo de parada o cambio de buque y desocupa la banda transportadora desde el sitio de descarga hasta el silo. De aquí el carbón pasa a una banda de transferencia, la cual recibe el carbón de las bandas alimentadoras del silo, lo transportará hasta las bandas del muelle, y así el carbón pasa al sistema de cargue directo. Estos sistemas tienen equipos para la supresión del polvo, instalados para lograr eliminar completamente las emisiones del material particulado al aire'.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, respondió a EL HERALDO sobre el tema del reiterado aplazamiento de la adopción del sistema de cargue directo de carbón por parte de la Drummond.

Dado que la decisión de ampliar el plazo para la implementación del sistema de cargue directo de carbón está establecida en una ley de la República, sólo mediante otra norma de igual o superior jerarquía puede ser derogada.

No es posible la implementación del cargue directo de manera inmediata, puesto que requiere de obras marítimas de grandes magnitudes como dragados, pasarelas y muelles, y el acondicionamiento de las instalaciones portuarias en la zona terrestre. El tiempo de ejecución de estas actividades puede variar según el tipo de tecnología o procedimiento, la ubicación geográfica, así como la capacidad financiera, aspectos que una vez identificados permiten definir los diseños de las obras a construir o modificar, la inclusión de los aspectos ambientales, para la modificación de las licencias y los ajustes a los contratos de concesión en caso de que aplique.

No se tiene conocimiento de investigaciones que adelanten los entes de control respecto al tema del cargue directo de carbón.