El Heraldo
Una nueva ronda de diálogos entre delegados de las Farc (izq.) y del Gobierno comenzó el 2 de febrero.
Colombia

Desminado, el reto del Gobierno y las Farc tras la firma de un acuerdo de paz

La descontaminación de minas antipersona se había previsto inicialmente como una de las tareas del posconflicto, pero la mesa de negociación de La Habana la contempla ahora como uno de los pasos del desescalamiento de la guerra interna.

El ministro consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, el general (r) Óscar Naranjo, afirmó recientemente que en el desescalamiento del conflicto, es decir bajarle la intensidad a la guerra, va incluido uno de los flagelos que, desde hace unas tres décadas, más les preocupa y les duele a los colombianos y a la comunidad internacional en general: las indiscriminadas minas antipersonas. (Ver infografía Situación nacional de víctimas de mina antipersona en Colombia).

Las palabras del miembro negociador de paz del Gobierno sobre el desminado de estos artefactos explosivos que, según el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal, han dejado desde 1990 hasta diciembre pasado 11.006 víctimas en el país, fueron: “(...) está considerado que hablaremos con las Farc de medidas que realmente tiendan a desescalar el conflicto, a medidas que comprometan a las partes a tomar decisiones fundamentales sobre el tema del desminado humanitario, a que no haya reclutamiento de menores para la guerra, el tema de las personas desaparecidas o que murieron en cautiverio en el marco del conflicto armado”.

Y aunque el asunto de la descontaminación de las minas ya había sido anunciado en un comunicado conjunto de las partes a mediados del año pasado e incluso el Consejo de Estado, desde 2013, le había ordenado al Gobierno incluir el tema en las conversaciones de La Habana, este aspecto solo se contemplaba como una de las tareas a llevarse a cabo en la etapa del posconflicto y no ahora, en las inminentes conversaciones sobre el desescalamiento, en medio del cese unilateral e indefinido decretado por las Farc y en el umbral del cese bilateral y definitivo anunciado por el presidente Juan Manuel Santos.

Los pies sobre la tierra

Álvaro Jiménez Millán, coordinador nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas, CCCM, en diálogo con EL HERALDO manifestó que en la ONG “saludamos y celebramos el pronunciamiento del general Óscar Naranjo porque coincide con esa aspiración de las comunidades en zonas de conflicto por liberarse del flagelo de las minas, pero también porque es coincidente con lo que han venido haciendo las Farc y que esperamos se traduzcan ambas acciones en un acuerdo que permita avizorar cómo sería un país sin guerra y donde todos tengamos derecho a poner los pies sobre la tierra”.

En la CCCM, que desde hace más de una década ha venido pidiendo que el Gobierno y las insurgencias suscriban un acuerdo especial sobre las minas antipersona, creen que en la mesa de Cuba, frente al tema, se debe dar “espacio a que algunas comisiones técnicas de las Farc y del Gobierno desarrollen alguna propuesta y nos la presenten a los colombianos”. (Ver Mapa de víctimas civiles).

No obstante, señala Jiménez, las partes deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales: que se privilegie el interés comunitario, es decir, “por ejemplo salvar la movilidad de los niños hacia las escuelas”; lo segundo sería que además de las minas se limpien los remanentes explosivos de guerra: las granadas de mano, las granadas de mortero, las granadas de fusil, las bombas que han sido arrojadas, “porque estallan unas, pero otras no, y eso queda como un peligro latente en los campos”. Y, lo tercero, “que haya suficiente información y transparencia sobre cómo se va a desarrollar, y vemos que es importante el concurso de la comunidad internacional”.

Concluye el politólogo, experto en temas de paz y vocero del M-19 en las negociaciones de paz de 1984, que “si el acuerdo se cristaliza, nosotros en la CCCM estamos dispuestos a ser verificadores de que ese proceso sea cierto, eficiente y eficaz”.

“Guerrilla sigue sembrando minas”

En diciembre pasado, antes del cese del fuego de las Farc, el Ejército nacional denunció en un comunicado que las guerrillas de las Farc y el ELN, a pesar de que el primero negocia las condiciones de su desmovilización y el segundo está en acercamientos previos también a un proceso de paz, siguen sembrando minas antipersona en todo el país.

La entidad castrense, luego de que sus hombres hallaran varios de estos artefactos en Antioquia y Meta, es decir, tanto en el oriente como en el occidente del país, advirtió que “la guerrilla de las Farc continúa minando indiscriminadamente los campos colombianos sin ningún control, a pesar de que las minas antipersona son armas que van en contra de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, DIH y los acuerdos de Ottawa”.

Criticó el organismo militar, además, “la falta de denuncia por parte de las asociaciones campesinas y ONG defensoras de los Derechos Humanos” sobre las violaciones que cometen los grupos guerrilleros en torno al sembrado de estos artefactos. (Ver mapa).

Precisó no obstante a EL HERALDO el mayor general Fernando Pineda Solarte, jefe de Ingenieros del Ejército, quien tiene a su cargo el Batallón de Desminado Humanitario, que “es muy difícil determinar cuando se siembra una mina. Lo cierto es que estamos trabajando 30 mil eventos o informaciones de posibles artefactos desde 2007, fecha en que se creó el Batallón de Desminado”.

Y lo cierto, también, según el Sistema de Gestión de Información sobre Actividades relativas a Minas Antipersonal, es que de las 11.006 víctimas de minas antipersona registradas desde 1990 hasta 2014, 4.219 son civiles y 6.787 uniformados; 8.801 resultaron heridas y 2.205 murieron. 1.114 víctimas eran menores de edad, de los que murieron 233.

Desminar, una orden y un clamor

En enero de 2013, cuando ya el proceso de paz llevaba un par de meses de instalado en La Habana, el Consejo de Estado instó al presidente Santos a que incluyera en las negociaciones de paz el tema de las minas antipersona.

En un fallo condenatorio contra el Ejército porque no demarcó una zona minada en Yalí, Antioquia, ni erradicó los artefactos que le produjeron la muerte a un campesino, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo “exhorta al presidente de la República, como supremo director de las negociaciones de paz entre las Farc y el Gobierno, a que incluya, como un punto concreto, la problemática de las minas antipersona; y aunque si bien es evidente que el acuerdo no garantizaría, por sí mismo, la eliminación del problema en el corto o mediano plazo, se hace imperativo incluir la discusión de este punto de cara a la eliminación completa de este rezago de la guerra que lastimosamente se extendería hasta el período del posconflicto”.

Desde la mesa de Cuba, fue hasta mayo pasado cuando, en un comunicado conjunto, las partes se pronunciaron sobre el desminado en la etapa del posconflicto: “la protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno nacional, tras la firma del acuerdo final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersona y municiones sin explotar”.

Y, finalmente, el cuarto grupo de víctimas que fue a La Habana, entre las que se encontraba Guillermo Murcia, víctima de mina antipersona y coordinador en Arauca de la CCCM, le entregó a las delegaciones negociadoras un documento que contiene una propuesta para remover minas antipersona de 56 zonas ya identificadas en varios departamentos.

Minas: para escapar y cercar

Un informe de la Fundación Seguridad y Democracia describe que las minas antipersona son “una buena alternativa” para los grupos armados “pues su fabricación no requiere una gran infraestructura y los materiales para elaborarlas son económicos y asequibles”. (Ver infografía Tipos de minas y su utilización).

El uso de estos artefactos para las guerrillas, indica el documento, “se muestra como uno de sus medios fundamentales para eludir los combates con las Fuerzas Armadas”, ya que tras una emboscada o ataque por sorpresa ejecutado por la subversión o los uniformados, “las tropas oficiales persiguen a las facciones insurgentes en busca de cortar su retirada y cercarlos en un perímetro geográfico para proceder a su captura o exterminio: las minas antipersona son en esos escenarios un elemento fundamental con que cuentan las facciones guerrilleras para evitar el avance de las Fuerzas Militares. Activar una mina en medio de un combate toma un puñado de segundos, pero para las fuerzas perseguidoras toma mucho tiempo detectar su ubicación y en muchas ocasiones implica heridos y muertos que deben ser evacuados de la zona de enfrentamientos, lo que baja la moral de los hombres y evidencia la localización propia a las fuerzas enemigas”.

Por otra parte, se describe en el informe, “las minas antipersona constituyen un cinturón defensivo de los territorios y de los recursos de la subversión, como su población, los cultivos de coca, los refugios, los corredores estratégicos, etc.”, y advierte que, entonces, “los accidentes civiles por minas antipersona también ocurren cuando se dan los cambios en el poblamiento de un territorio. Luego de que el cerco hacia adentro es roto por la ofensiva militar de un ejército atacante, la población local se desplaza para evitar retaliaciones de la facción vencedora, al tiempo que nuevos habitantes ocupan el espacio abandonado. Estos no conocen la ubicación de los campos minados y en un primer momento tienen que descubrir en una faceta siniestra de la técnica de prueba y error donde están ubicadas las minas”.

Las 56 zonas que urge descontaminar

Aunque “en este momento es imposible decir cuántas minas antipersona hay y dónde están localizadas”, como explica el coordinador nacional del CCCM, se han identificado 56 zonas del país donde urge hacer una labor de desminado, sobre todo, porque mientras se dialoga en Cuba, siguen cayendo víctimas de estos artefactos.

Por esto, la ONG le propuso a la mesa en La Habana adelantar una labor de limpieza de estos artefactos de las fuentes de agua, escuelas, zonas recreativas y vías de uso comunitario de 56 zonas identificadas en Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

Ha advertido la CCCM al respecto que mientras se conversaba en la isla caribeña, en el primer semestre de 2014 se registraron 71 víctimas civiles por minas, 39 menores de edad. Así mismo, reportó la Campaña que desde el inicio de los diálogos de paz hasta agosto pasado se habían registrado 607 víctimas por minas, de las cuales 233 son civiles.

No obstante, precisa Jiménez, “las cifras de afectados civiles y militares desde que empezó el proceso de paz es mucho menor a las que teníamos antes y, por ejemplo, en este momento, desde que se decretó el cese indefinido, solo tenemos registro de dos accidentes con campesinos en Norte de Santander y Caquetá”.

En el Caribe, señala el analista, los lugares con mayor presencia de estos artefactos son los Montes de María, La Mojana, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá en el Cesar, en Magdalena, en Bolívar, “al igual que en el sur de Córdoba, donde aún se escenifican grandes combates y operaciones de actores armados y hasta hace poco tenemos registros de accidentalidad que han afectado a comunidades zenúes y emberas”.

Y advierte que las minas afectan “sobre todo a la población más empobrecida, a la que vive en las zonas más distantes de los centros de atención médicos especializados que les permiten recuperarse, y a las Fuerzas Armadas, por el drama de los soldados mutilados y el sufrimiento de las familias”.

2 millones de metros cuadrados despejados

Los entes oficiales encargados del desminado en el país son el Batallón de Desminado ‘Coronel Gabino Gutiérrez’ y la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona, dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia, coordinada por el ministro consejero para el Posconflicto.

El grupo militar inició con labores previas en 2005, cuando se arrancó con el desminado de 35 bases militares en cumplimiento de las obligaciones suscritas por el Estado como parte en la Convención de Ottawa.

Al respecto, el general Pineda le explicó a EL HERALDO que “el Congreso de Ottawa nos dio un plazo para estar libre de minas; las Fuerzas Militares ya destruyeron todo tipo de minas en sus bases y ahora nos toca realizar la limpieza en todo el territorio nacional, con una ampliación del plazo que hemos recibido hasta 2021, y el compromiso es cumplir con ese objetivo”.

El oficial indicó que el Batallón de Desminado está compuesto por unos 500 hombres, repartidos en 11 pelotones de cuatro grupos cada uno. “Es decir –agregó– que tenemos 44 grupos disponibles para atender todos los reportes de minas antipersona y explosivos”. La misión principal del Batallón, señaló, es preparar a más hombres, “porque tenemos en el Ejército a cerca de 8.200 capacitados en desminado militar y la intención es pasar a que hagan desminado humanitario”.

A su vez, la Dirección contra Minas Antipersona reportó que de 2007 a 2014 han sido destruidas 1.414 minas antipersona, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados en 17 municipios del país.

El área despejada de estos explosivos en todo el país es de 2 millones 11 mil 800 metros cuadrados. Y han sido declarados libres de sospecha de minas antipersona los municipios de San Carlos y San Francisco, Antioquia; El Dorado, Meta, y Zambrano, Bolívar. Actualmente están siendo intervenidos 11 municipios en Antioquia, Bolívar, Caldas y Santander.

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