Treinta y cinco militares activos y en retiro y varios civiles fueron detenidos el viernes como integrantes de una red de corrupción en el interior del Ejército.
Las investigaciones comenzaron en 2013 después de que el Ejército recibiera “denuncias sobre presuntas irregularidades en la obtención de conceptos médicos y juntas médicas en el servicio de salud” de ese cuerpo.
En el esclarecimiento de las denuncias participaron el Ejército, la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía, que constataron que las citadas “traficaban conceptos médicos falsos”.
Incremento en pensiones
El general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, explicó en rueda de prensa que la investigación estableció que las redes de uniformados corruptos traficaban conceptos médicos falsos que permitían la realización de juntas médicas laborales a través de las cuales se lograba el reconocimiento y el incremento de pensiones por invalidez.
El alto oficial indicó que de los 35 capturados hasta ahora, 17 están en servicio activo 15 retirados, dos son especialistas externos y otro, un civil al servicio del Ejército.
Las acusaciones
Las detenciones se produjeron en capitales como Bogotá, Medellín, Neiva, Yopal e Ibagué.
Los vinculados hasta ahora son dos tenientes coronel, un mayor, dos tenientes, un capitán, 22 suboficiales, dos soldados profesionales, tres médicos y un abogado
Todos serán investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falsedad, prevaricato, peculado y concierto para delinquir.
Hasta ahora, según la Fiscalía, la cifra en dinero por las eventuales irregularidades llega a los $24.000 millones.
La afectación a las arcas públicas por las irregularidades detectadas en indemnizaciones alcanza $20.000 millones y por concepto de pensiones corresponde a $4.000 millones.
“Esto no significa, por supuesto, que la defraudación no sea mayor. Vamos a seguir investigando; hemos dado un paso importante pero todavía nos falta por esclarecer muchas cosas”, dijo a los periodistas el vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo.
Ejército rechaza desfalco
De acuerdo con el general Lasprilla, los funcionarios cobraban entre 8.000 y 16.000 dólares, dependiendo de la complejidad de la gestión ilícita. Unos 200 militares acudieron a esta red delincuencial para mejorar su situación económica, indicó la Fiscalía.
Se estableció que en el desfalco participaron dos organizaciones delincuenciales diferentes: la primera asentada en la ciudad de Neiva y la segunda operaba en la capital de la República.
“El Comando del Ejército condena estos hechos y reitera que no tolerará ningún caso de corrupción donde se encuentre vinculado alguno de sus integrantes”, enfatizó Lasprilla.
