Un menor de edad que había sido detenido por motivos políticos y condenado a 10 años de cárcel fue excarcelado en Venezuela luego de permanecer más de un año en prisión, informó este lunes la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en el país.
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En su cuenta de X, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, recordó que el menor fue detenido en enero de 2025, cuando tenía 16 años, y condenado en diciembre pasado.
Romero indicó que el adolescente fue arrestado el 9 de enero de 2025 luego de que se le revisara su teléfono y se encontraran “supuestas imágenes” contra el Gobierno de Nicolás Maduro, quien se invistió un día después para un nuevo mandato presidencial tras una cuestionada reelección que la oposición considera fraudulenta.
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El adolescente fue detenido el día en que la líder opositora María Corina Machado había convocado a una protesta en defensa del triunfo que asegura obtuvo Edmundo González Urrutia -actualmente exiliado en España- frente a Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Foro Penal dijo a EFE que, tras esta excarcelación, permanece detenida una adolescente entre los más de 800 presos políticos que contabiliza actualmente y hay un caso que está evaluando para corroborar si califica como detención arbitraria.
En diciembre pasado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció que el menor de edad ahora excarcelado había sido condenado por los delitos de “terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas”, una sentencia que la organización consideró “aberrante e injusta”.
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La excarcelación del adolescente se produce luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un “número importante” de personas el 8 de enero, apenas cinco días después de que Estados Unidos capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas y los trasladara a una prisión en Nueva York.
Foro Penal informó este lunes que ha confirmado 266 excarcelaciones como parte del proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero, que ha sido cuestionado por familiares y ONG al denunciar “falta de transparencia” ante la ausencia de una lista oficial con detalles de los beneficiados y las condiciones de las liberaciones.
