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El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aseguró este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro ha optado por una “salida autoritaria” tras denunciar las detenciones del politólogo Nicmer Evans y los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo.

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“Lejos de garantizar derechos, el Gobierno continúa avanzando en detenciones arbitrarias, violentando el debido proceso, irrespetando las garantías constitucionales y los derechos humanos de los detenidos”, señaló Pedro Eusse, integrante del buró político del PCV, citado en una nota de prensa.

Eusse sostuvo que ante el “hostigamiento” de Estados Unidos contra el país suramericano, el Ejecutivo chavista ha optado por una “salida autoritaria”, en lugar de buscar una “solución democrática que una al pueblo venezolano”.

El comunista recordó que Evans, director del medio digital Punto de Corte, fue detenido el pasado sábado y hasta el momento “se desconoce su paradero, configurándose -según advirtió- una situación de desaparición forzada”. En la víspera, la familia del politólogo pidió a la Justicia informar sobre su paradero.

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Su esposa, Martha Camero, dijo que Evans fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) que fueron hasta su casa el sábado tras convocarlo a una “entrevista”.

Eusse dijo que la situación de desaparición que vive Evans también se repite en los casos del secretario general de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, y del presidente de Fetraconstrucción, William Lizardo.

“Se trata de una práctica recurrente que el Gobierno autoritario de Nicolás Maduro ha intentado normalizar y que debe ser rechazada de manera firme”, apostilló.

Torres y Lizardo fueron detenidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 28 y 29 de noviembre pasados, respectivamente, y hasta la fecha se desconoce el lugar de reclusión de ambos, según ha denunciado la ONG Provea.

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De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, entre los que hay 774 hombres, 119 mujeres y 4 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, según un boletín publicado el pasado 10 de diciembre.

El Gobierno de Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos e insisten en que son personas que han cometido diversos delitos.