La Corte Suprema de Brasil ordenó este domingo al Gobierno de Río de Janeiro la “preservación y documentación” de todas las pruebas materiales relacionadas con cruenta operación policial que dejó más de un centenar de muertos.
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En una decisión dictada este domingo, el juez Alexandre de Moraes ordenó que la preservación total y la documentación de los elementos materiales, incluidos los peritajes y sus cadenas de custodia, se realice de forma “rigurosa e integral” para asegurar la transparencia y la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público.
El pedido se enmarca en una sentencia previa de la Corte, en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.
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El Supremo busca supervisar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.
Según el documento, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, deberá ser intimado a la brevedad, incluso este mismo domingo, para asegurar el cumplimiento inmediato de la decisión.
Además de la medida cautelar, el magistrado designó una audiencia conjunta para el próximo 5 de noviembre con cerca de 20 organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y entidades de la sociedad civil que actúan en los complejos de favelas.
Este lunes, el gobernador deberá comparecer ante Moraes en una audiencia para responder a una serie de interrogantes cruciales, como el balance oficial de muertos y heridos, la presentación del informe detallado de la operación y las medidas adoptadas para asistir a las víctimas.
El megaoperativo policial en los complejos de favelas Penha y Alemão, que movilizó a 2.500 agentes, tenía como objetivo combatir al Comando Vermelho, una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.
Hasta el momento, la cifra de muertos no está clara y varía según la fuente. Según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132, pero el Gobierno regional solo ha confirmado 121.
Castro, responsable político de la intervención, dijo que el operativo fue un “éxito”, quitando los cuatro agentes que perdieron la vida durante el desarrollo de la acción, a los que se refirió como las únicas víctimas.
El caso ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de defensa de derechos humanos a pedir investigaciones independientes.
