En desacuerdo se mostraron los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia luego de la decisión de Nicaragua de concederle asilo político a Carlos Ramón González, requerido por la justicia colombiana por el escándalo de corrupción de la UNGRD.
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Ambas carteras, a través de un comunicado, precisaron que reconocen y respetan la figura del asilo concedido a las personas que tengan “justificación para invocarlo” de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales Colombia es Estado parte.
“En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos”, agregaron aclarando que González Merchán no cumple con dichos requisitos para conceder esa figura por la presunta comisión de delitos comunes en Colombia.
En ese sentido, señalaron que el asilo concedido al exdirector del Dapre “desconoce” el Tratado de Extradición reconocido entre ambos países en 1929 y aún vigente, “en el entendido de que en el marco de este instrumento ambos Estados convinieron entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos”.
Por ello, el Gobierno colombiano a través de sus dos ministerios solicitó a su par nicaraguense remitirse a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, “reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional”, esto con el propósito de que el exfuncionario pueda entregarse a la justicia colombiana “la cual le brindará todas las garantías procesales”.
González, de 66 años, tiene una orden de captura vigente desde el pasado 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
Según la Fiscalía, que lo imputó por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira (norte).
Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.
