El Heraldo
La sala de espera de la ESE Cari se encontraba completamente vacía el pasado viernes a las 2:30 p.m. Luis Felipe De La Hoz
Barranquilla

Gerentes de hospitales públicos, preocupados por falta de pacientes

Denuncian que las EPS subsidiadas están redireccionando a sus afiliados a clínicas privadas con el argumento de que les dan precios más bajos en los servicios.

A la deuda de 147 mil millones de pesos que las EPS tienen con los hospitales del Atlántico, según cálculos de estos, se suma otra dificultad que también representa un riesgo financiero: la ‘guerra’ de las tarifas por los servicios que prestan.

Esta situación tiene en aprietos económicos a las instituciones públicas que viven de los servicios que ofrecen porque en la contratación están prefiriendo a las entidades privadas.

La Ley 1122 de 2007 dice que las EPS del régimen subsidiado que laboran en una entidad territorial deben realizar la contratación efectiva del 60% mínimo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con las Empresas Sociales del Estado (ESE) u hospitales, siempre y cuando estas cumplan con la capacidad resolutiva que amerite el servicio.

A pesar de esa norma, entre un 15 y 20 por ciento se ha reducido la demanda de pacientes de los últimos seis meses en las consultas externas de los hospitales Cari de Alta Complejidad y Niño Jesús, denuncian los gerente de estas instituciones. Mientras las EPS subsidiadas alegan razones tarifarias, los centros de salud declaran incumplimiento del acuerdo de voluntades (contrato) y el redireccionamiento de los afiliados a clínicas privadas.

Salas vacías
En 2014 el Cari recibió un promedio de 6 mil pacientes por consulta externa al mes, en 2015 la cifra cayó a 3 mil. En enero de este año solo le remitieron 900, dijo Franco Asthon, subgerente administrativo y financiero del Cari.

Esto ha conllevado a que la parte hospitalaria está llena, pero las salas de espera para las consultas externas permanecen vacías, incluso en horas de mayor tráfico. Las cirugías programadas son escasas, sobre todo en las especialidades de pediatría, medicina interna y cardiología, indicó.

El tiempo de espera para una cita con un especialista es de hasta un día, mientras las clínicas privadas las tienen cada tres meses; los usuarios pierden la oportunidad de ser atendidos a la menor brevedad mientras la red pública está desocupada.

Guido Santander, representante de los pacientes, quien recibe diariamente quejas y peticiones para asesorías en tutelas, señala que, según sus datos, las EPS más cuestionadas por sus afiliados son Comparta, Mutual Ser y Nueva EPS.

Una situación parecida pasa en el Niño Jesús, informó a EL HERALDO su gerente, Marco Bolaño: “Nos preocupa esta situación porque si no hay pacientes no hay facturación, no hay recaudo y no habrá plata con qué pagar las nóminas del personal y los servicios públicos”.

Los directivos manifiestan que las EPS subsidiadas también están “violando” el principio de solidaridad porque prefieren contratar con instituciones privadas por los bajos costos que estas ofrecen.

Explican que estos dos hospitales cobran con la tarifa actual del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) menos un porcentaje que es variable, pero las EPS quieren pagar con tarifas de años anteriores.

“Nosotros les cobramos SOAT de hoy menos el 25%. Con esa tarifa una habitación de dos camas vale 280 mil pesos, ellos quieren pagarla a 80 mil con tarifa del 2001. Una consulta especializada cuesta 32 mil pesos, ellos quieren pagar 16 mil. Yo no le puedo decir a los especialistas que les voy a pagar como les pagaban hace 15 años, no es justo”, indicó Ramón Quintero, gerente del Cari.

‘Guerra’ de pacientes
Hace tiempo se discute sobre la conveniencia de fijar tarifas que definen el pago de las Entidades Promotoras de Salud a los hospitales y clínicas. El objetivo de la regulación es evitar una ‘guerra’ de pacientes que perjudique la calidad de los servicios por el afán de vencer ante sus competidores.

“Lo que dicen las EPS es que encuentran tarifas más baratas en el sector privado que en el público. Eso es cuestionable, porque entre menos cueste el servicio habría que ver qué tan buena es la calidad del mismo. Hay que revisar las condiciones tarifarias, pero también la respuesta frente a la capacidad instalada y a la atención de los pacientes”, indicó Ulahy Beltrán, asesor y consultor en servicios de salud.

En el mismo artículo 16 de la ley 1122 de 2007 se aclara que el gasto mínimo a contratar con las ESE está “sujeto al cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas”. A este enunciado recurren las EPS para explicar que al ser del régimen subsidiado deben administrar recursos del Estado.

“Tenemos que hacer cosas que sean costo-efectivas, sin afectar la atención del usuario. Nosotros sabemos que hay muchos problemas financieros en las entidades públicas, pero tampoco se puede trasladar el riesgo a las EPS. Los hospitales también deben ponerse en el lugar de las EPS. En este momento todo es competitividad”, dijo Ruby Rivera, gestora de servicios de Comparta en el Atlántico.

Rivera explicó que para generar los acuerdos de voluntades, las EPS hacen un estudio de la oferta de los servicios habilitados y la capacidad instalada de cada Institución Prestadora de Salud (IPS) que envía la propuesta para la contratación. Revisan el mercado, la trayectoria del prestador, indicadores de calidad, reconocimiento de los usuarios y el costo tarifario.

En el caso específico del Cari, Rivera dice que la institución maneja tarifas “muy costosas” y que sus operadores facturan con un “costo diferente” al acordado en el contrato. “Los servicios hospitalarios me toca redireccionarlos a otra IPS que tienen mejor tarifa. Pero en el tema de tarifa que ya son autorizadas me toca verificar”, dijo la funcionaria de Comparta.

Quintero y Bolaño hacen un llamado a la Superintendencia de Salud para que vigile esta contratación con la red pública y controlen esta situación en la que los más perjudicados son los pacientes.

Los pacientes pasan de un lado a otro
Nelly Pereira Bossa tiene 42 años y hace 4 le diagnosticaron un tumor entre la cabeza y el cuello que, según le dicen los médicos, por la zona de ubicación es imposible operar. Esa condición le ha producido problemas en otras partes del cuerpo: estómago, oídos, ojos, columna. Todo su tratamiento lo ha realizado en el Hospital Cari, pero hace dos años su EPS, Comparta, la ha trasladado a distintas clínicas a las que ella se rehúsa a ir.

“Todo el tiempo me han atendido los médicos del Cari, y ahora me están dando las autorizaciones para otros centros, supuestamente porque no hay los especialistas que necesito; después me dijeron que era porque no tienen contrato con el Cari. Yo decidí pagar mis citas particulares, he gastado más de un millón de pesos en eso”, contó la paciente. 

La lucha de Nelly es el reflejo de la crisis social que deriva de la económica. “Tenemos pacientes que llevan todo su tratamiento en el Cari y los pasan a otra clínica. Eso requiere hacer de nuevo la historia clínica; cambiar tratamiento; se les demoran las citas; entonces muchos deciden pagar las consultas particulares”, afirmó Guido Santander, miembro de la Asociación de Usuarios ESE Cari.  

Debido a la congestión que se genera en algunas clínicas por la alta demanda de servicios, muchos pacientes deben recurrir a tutelas para solicitar la remisión a otros centros asistenciales por las demoras en las citas. Otros prefieren no continuar con el tratamiento.

“Cuando no se escogen adecuadamente los centros de atención, teniendo en cuenta la proximidad del lugar de residencia de los usuarios, implica gastos adicionales en movilización; esto desestimula y desmotiva a continuar el proceso de atención”, expresó el consultor Ulahy Beltrán.

Convocan reunión

“Nosotros dentro del área pública debemos también ser competitivos, porque a pesar de que la ley nos ampare, somos actores del sistema. Para esto creo que debería existir una política de manejo de los costos. Nosotros necesitamos que las EPS se comprometan a enviar a los pacientes y nosotros nos comprometemos a hacer una evaluación desde el punto de vista de costos para entrar en un mejor rango de competitividad, aunque no a igualar. Atendiendo el tema, la Secretaría, protegiendo la integridad de los hospitales en este momento de difícil cobro, ha hecho un llamado a una reunión a los gerentes de las EPS y a los de las instituciones públicas, el día 7 de marzo, para conocer por qué no están llegando los pacientes a nuestras ESE y llegar a una solución”, afirma Armando De la Hoz, secretario de Salud del Departamento.

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