La de Monguí, en La Guajira, una masacre de la que pocos hablan

Las integrantes del consejo comunitario Mujeres Afrocolombianas entregaron este miércoles un informe a la JEP sobre el asesinato de diez personas ocurrido en el 2005.

Sandra Guerrero
Delis Acosta y algunas de las integrantes del Consejo Comunitario. Sandra Guerrero
Por: Sandra Guerrero @sguerrerob

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AUC -
La Guajira

Las integrantes del consejo comunitario Mujeres Afrocolombianas entregaron este miércoles un informe a la JEP sobre el asesinato de diez personas ocurrido en el 2005.

El Consejo Comunitario de Mujeres Afrocolombianas ‘Elida Brito’ del corregimiento de Monguí de  Riohacha   le entregó el informe: “Itinerario de un exterminio. Sendero de la impunidad” a la Justicia Especial para la Paz JEP, que relata los crímenes de  los que han sido víctimas en los últimos quince años.

Delis Acosta Brito recordó los asesinatos de su mamá Élida Beatriz Brito, y de su hermano Cristian Manuel Acosta Brito, a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia ocurrido el 9 de mayo de 2005.

En los mismos hechos murió Gersel Yohan Pinto, conductor de la familia.

La entrega del informe se hizo en el marzo de la primera jornada de varios encuentros que entre finales de este año y el primer trimestre de 2020, la JEP tendrá con la justicia afrocolombiana para acercarse, coordinarse y articularse con las comunidades afro del país.

Al inicio hubo un acto simbólico en el que un grupo de mujeres oriundas de Monguí recordaron a sus familiares desaparecidos y víctimas del conflicto.

Delis, representante del Consejo Comunitario de Mujeres Afrodescendientes de esta población, confió en que el trabajo de la JEP, sirva para conocer la verdad, “pero sobre todo el saber por qué asesinaron a diez miembros de mi familia sin que hasta el momento haya justicia.

Élida Brito y su hijo Cristian Manuel Acosta, asesinados.
Élida Brito y su hijo Cristian Manuel Acosta, asesinados.

Explica que el día de la muerte de su madre, llegaron a su casa unos 20 paramilitares del Bloque Norte de las AUC que se hicieron pasar como miembros de la seccional Investigación Criminal (Sijin) de la Policía Nacional, preguntaron por la señora Elida y le propinaron 3 disparos en el rostro. Luego dispararon contra su hermano en presencia de la esposa embarazada y sus otros dos hijos menores.

“Después le dispararon al chofer, pero mi hermano alcanzó a reaccionar y dio de baja al sicario identificado como Rolando Alfonso Linero Guerrero, quien tenía entre sus pertenencias un documento expedido por el Ejército que lo acreditaba como miembro de la red de cooperantes, un carnet de soldado profesional y el permiso para el porte de armas de la nueve milímetros que llevaba”, aseguró Delis.

Añade que posterior a eso han sido asesinados varios  hermanos y primos, mientras que uno de sus hermanos se encuentra desaparecido desde diciembre del 2005, cuando fue visto por última vez en el aeropuerto de Maiquetía de Venezuela.  “Poco después algunos personajes de La Guajira exhibieron su cédula como un trofeo”, afirmó.

 

“Queremos saber por qué mataron a los nuestros”, asegura Delsi Acosta.
“Queremos saber por qué mataron a los nuestros”, asegura Delsi Acosta.

El más reciente hecho que tocó a esta familia fue el  16 de noviembre de 2018   cuando un grupo de sujetos fuertemente armados con fusiles atacaron la residencia su hermano Carlos Acosta Brito en el corregimiento de Monguí, donde asesinaron al niño de trece años y dejaron malheridos a dos hombres adultos.
Jorge 40 confesó. En una audiencia de Justicia y Paz Jorge 40 reconoció ser el autor de esta masacre, pero Delis afirma que quiere saber toda la verdad de por qué su familia fue objeto de estos ataques.

“Con la JEP me siento confiada, porque antes cuando he puesto mis denuncias en diferentes entidades me he sentido acusada”, indicó.

Después de la entrega del informe  la magistrada de la JEP Nadiezdha Henríquez afirmó que “con estas jornadas de encuentro y articulación con la población afrodescendiente, vamos a recorrer varias partes de Colombia para identificar los sitios en los que los afro han sido invisibilizados”.

“Tenemos el deber ético y jurídico de escuchar la voz del pueblo afro para entender cómo el conflicto armado lo afectó de manera diferencial”, aseguró  Heidy Baldosea, magistrada de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas e integrante de la Comisión Étnico-racial de la JEP.

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