A vísperas de la conmemoración del día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, más de 50 personas se congregaron en horas de la mañana de este vienes 29 de agosto ad portas de la sede de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en la calle 53B Nro.46-50.
Entre pancartas, ponchos y una imponente bota de al menos dos metros con los rostros de sus desaparecidos impresos en cada uno de estos elementos, los familiares, también convertidas en víctimas del conflicto, hoy denuncian al unísono “la falta de resultados de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la inacción de las autoridades territoriales frente a esta grave situación”.
Cada 30 de agosto, el mundo recuerda a las víctimas de desaparición forzada y a sus familias, quienes llevan décadas reclamando verdad, justicia y dignidad.
En Colombia, y particularmente en el departamento del Atlántico, este flagelo sigue dejando huellas profundas de dolor e impunidad y la desaparición forzada sigue siendo una herida abierta en el departamento, especialmente en: municipios ribereños del Canal del Dique (Suan, Santa Lucía, Manatí, Campo de la Cruz, Repelón, Candelaria, Luruaco), el Área metropolitana de Barranquilla (Soledad, Sabanalarga, Santo Tomás) y la Zona centro-sur (Baranoa y Sabanalarga).
Rosario Montoya, Secretaria Técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en diálogo con EL HERALDO, puntualizó que el plantón no era una conmemoración al llanto y el dolor (pese que aún existe en la perpetua memoria), sino para exigir resultados que no han sido presentados.
“No es una conmemoración de llanto, sino de exigencia…Reclamamos por los casos que aún no han sido resueltos y por las personas que no han sido ubicadas, siempre pedimos que los desaparecidos sean entregados a sus familiares, vivos o muertos”, señaló Montoya.
Sin embargo, la vocera reveló que el rol de los fiscales especializados en búsqueda fueron ‘quitados’, acción que ha ralentizado y entorpecido las labores para localizar a los desaparecidos.
“La Fiscalía fue la primera entidad encargada de la búsqueda de los desaparecidos en Colombia, junto con la Dirección de Medicina Legal. Sin embargo, nos acaban de quitar un espacio que antes existía: el de fiscales especializados en búsqueda, y esa responsabilidad pasó al CTI… Eso demuestra que no hay una política clara ni estructurada del Estado para avanzar en la localización de nuestros familiares”, sentenció.
Montoya señaló que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aún tiene una gran deuda en la costa, principalmente en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Bolívar, regiones donde el conflicto tocó a la puerta de manera violenta y cruel entre los años 90s y 2000s.
“La Unidad de Búsqueda se creó como un mecanismo humanitario derivado del Acuerdo de Paz con las FARC, con el mandato de buscar a los desaparecidos desde 2006 hacia atrás. Sin embargo, no ha mostrado avances significativos. Como movimiento fuimos los primeros en pedir medidas cautelares en sitios donde sabíamos que había desaparecidos, como el Canal del Dique, la Escombrera en Medellín y otros lugares…El Canal del Dique, por ejemplo, es el botadero de restos más grande del Caribe colombiano”, afirmó.
De acuerdo con cifras oficiales de la UBPD, actualmente en el Atlántico se registran 963 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Sin embargo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), reveló por medio de un documento entregado a esta casa editorial que, tras siete años de funcionamiento de la oficina regional en Barranquilla, los avances han sido mínimos:
• 3 cuerpos recuperados.
• 3 entregas dignas realizadas.
• 3 personas encontradas con vida.
• Más de 300 familias con solicitudes sin respuesta efectiva.
Hoy, como cada día, estas madres, padres, abuelos y hermanos se unen todos juntos en clamor para que el Gobierno y los entes investigadores no olviden lo que el conflicto alguna vez les arrebató y trabajen por reparar a las familias que la violencia los alcanzó.
