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Michelle Bachelet, durante su primer discurso como presidenta de Chile.
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Bachelet plantea sus grandes desafíos

La presidenta buscará, con apoyo del Congreso, cambiar la Constitución en beneficio de los ciudadanos.

Como se preveía, la socialista Michelle Bachelet ganó las elecciones presidenciales del domingo, con lo que deberá sortear enormes presiones para hacer cambios estructurales en el sistema electoral, los impuestos y la educación.

La candidata tendrá la oportunidad histórica de cambiar la Constitución chilena que legó el dictador Augusto Pinochet para sofocar las presiones populares y estudiantiles que quieren darle participación electoral a partidos minoritarios, aumentar las jubilaciones, gravar con más impuestos a las empresas y reformar la educación superior para que sea pública, gratuita y de mejor calidad.

La viabilidad de su programa depende de los votos que negocie en el Congreso y que se sumen a la mayoría parlamentaria que obtuvo en las elecciones parlamentarias de noviembre, pues algunas reformas tienen que superar un umbral de votación de dos tercios de los votos porque la dictadura dejó amarrado los cambios constitucionales a esas altas votaciones.

“Llevamos 23 años de democracia y los problemas de hoy no son los de la transición, mientras más avanzó Chile en el tiempo, los problemas eran mucho más estructurales y la gente quería cambios estructurales”, dijo el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Bernardo Navarrete.

Antes de los comicios ya casi existía la certeza del triunfo de la ex mandataria, en gran parte por el 47% de sufragios que obtuvo en la primera vuelta electoral de noviembre frente al 25% de su rival oficialista, Evelyn Matthei, quien en su acto de cierre de campaña reconoció que si gana “va a ser un milagro”.

Estas reformas no se hicieron cuando terminó la dictadura porque los gobiernos de la llamada “transición” tardaron en negociar otros cambios constitucionales como suprimir la figura de los nueve senadores designados por Augusto Pinochet, cuatro de las Fuerzas Armadas, y la figura de los senadores vitalicios, mediante la que el dictador fungió como tal por ocho meses.

Las demandas sociales han sido impulsadas por las multitudinarias marchas estudiantiles. Cinco de los dirigentes estudiantiles fueron electos diputados pero analistas dan por descontado que las manifestaciones seguirán.

El principal fracaso del presidente Sebastián Piñera fue el manejo de las protestas de los universitarios, quienes hicieron huelgas y se tomaron escuelas y provocaron un cambio de gabinete. Su índice de aprobación, que se encontraba en buena salud por el rescate de los 33 mineros, se fue al piso.

Matthei, rival conservadora de Bachelet, se opone a las reformas. Dice que la educación gratuita para el 10% más rico de la población implicará un derroche de 3.500 millones de dólares anuales y que los cambios tributarios afectarán a pequeñas y medianas empresas.

Otras políticas separan diametralmente a las candidatas como el aborto. Mientras Bachelet es partidaria de legalizarlo cuando la vida de la mujer corra peligro, o el feto no sobreviva o cuando el embarazo sea producto de una violación, Matthei se opone.

El matrimonio homosexual no es rechazado por Bachelet pero si por Matthei, que apoya legalizar y regular las uniones de personas no casadas, sean homosexuales o heterosexuales. Bachelet dice que someterá el tema a una consulta popular. Según los resultados, presentaría un proyecto de ley.

“Se equivocan quienes creen que yo no quiero cambios, yo quiero cambios revolucionarios en la vida diaria de las personas”, dijo en un debate televisado el martes. Agregó que no quiere que el Congreso pierda el tiempo discutiendo reformas constitucionales.

El primer gobierno de Bachelet, pediatra, agnóstica, separada y con tres hijos, se caracterizó por ampliar los beneficios sociales al dar salud gratuita a mayores de 60 años, aumentar las pensiones y ofrecer una jubilación a las amas de casa.

Educación y crisis energética
La coalición de centroizquierda que apoyó a Michelle Bachelet obtuvo 21 de 38 senadores y 68 de 120 diputados. Esa mayoría le permite a la nueva presidenta aprobar un alza tributaria gradual de 20 a 25% a empresas, con la que aspira recaudar 8.000 millones de dólares necesarios para financiar la reforma educacional con la que espera vencer la profunda desigualdad social chilena acrecentada en la dictadura. “La desigualdad de ingresos es la más elevada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 20% superior de la población gana 13 veces más que el 20% inferior”.

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