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Los mandatarios y el presidente hicieron una declaración conjunta tras la cumbre en Barranquilla.
Economía

El encuentro que aceleró la intervención de Electricaribe

El 15 de enero de 2016 se realizó la crucial reunión en Barranquilla.

La historia de Electricaribe y los gobiernos regionales y nacional ha sido de encuentros y desencuentros. Por dos décadas la empresa que presta el servicio de energía a los más de 2,7 millones de usuarios en la Costa Caribe ha ocupado la agenda de los mandatarios de turno por diversas razones.

A comienzos de la década del 2000, la llegada de la compañía española Unión Fenosa como accionista mayoritaria de Electricaribe generó gran expectativa por la trayectoria y experiencia que tenía en materia del servicio de energía a nivel internacional. 

Gobierno y usuarios vieron en esta negociación la oportunidad de mejorar el servicio de energía, tras el paso de HIE Caribe Energy (Houston Industries Inc. y Electricidad de Caracas S.A. C. A.). Después de la fusión de Unión Fenosa y Gas Natural, la empresa quedó bajo el control de Gas Natural Fenosa (GNC) y en menos de tres años comienza a evidenciarse el impacto de las bajas inversiones en la red con el deterioro de la calidad del servicio.

El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) Atlántico, Carlos Pantoja, explica que la regulación vigente dejaba ciertos espacios de flexibilidad para que las empresas realizaran sus planes de inversión.

Un informe que presentó Amylkar Acosta, sobre su gestión como ministro de Minas y Energía, indicaba que un estudio especializado había concluido que la norma vigente no incentivaba las inversiones en la expansión para garantizar la calidad, confiabilidad y reducción de pérdidas. Esto debido a que solo se reconocían las inversiones después de realizadas.

Esta situación llevó a que la empresa dejara de realizar las inversiones necesarias en infraestructura trayendo consigo problemas para la confiabilidad del servicio en una región donde la demanda de energía crecía de manera sostenida.

Los efectos de la falta de inversiones se agravaron por las condiciones propias de la región Caribe, en donde la alta salinidad acelera el deterioro de la infraestructura y equipos, lo que demanda mantenimientos frecuentes.

“La falta de firmeza y confiabilidad del sistema eléctrico en el Caribe se ha convertido en el principal cuello de botella para la competitividad regional, afectando a las empresas grandes, medianas y pequeñas, la hotelería, el comercio, al tiempo que se ha convertido en una calamidad para los usuarios residenciales, desesperados y desesperanzados, que ya no ven salida distinta al cambio de operador de red, como lo están demandando los gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales de la región Caribe”, afirmaba Acosta en un informe realizado sobre la situación de Electricaribe en 2016, cuando era presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Ante este panorama el Gobierno nacional solicitó a la empresa un compromiso de inversiones y un plan de gestión (bajo la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) para mejorar la calidad en la prestación del servicio de comercialización y distribución de energía en la región. No obstante, uno de los principales “cuellos de botella” en este proceso era la falta de flujo de caja de la empresa.

Cumbre energética

El avance acelerado de la crisis tanto operativa como financiera de la empresa llevó a que en enero de 2016 se realizara una cumbre energética en la que tomaron parte los mandatarios costeños y congresistas, al igual que dirigentes políticos y empresariales, y que fue encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Tomás González.

En esta cumbre Santos afirmó: “Reconocemos, es un servicio ineficiente. Tenemos problemas serios”, también se comprometió a buscar un mecanismo para capitalizar la deuda que tenían 400 mil usuarios con Electricaribe.

A estas alturas ya eran varias las voces de dirigentes políticos, empresariales y sociales que pedían al Gobierno tomar la decisión de intervenir la empresa.

El sentimiento de rechazo hacia la compañía aumentó tras los hallazgos fiscales de la Contraloría General de la República por $65 mil millones en contratos realizados por Electricaribe con el Ministerio de Minas para la ejecución del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone).

A pesar de que la compañía respondió que los recursos entregados por el Gobierno en tres contratos por $141 mil millones estaban en fiducias, el ente de control determinó que solo $7.734 millones se encontraban asegurados. Del resto de recursos, $133 mil millones fueron girados a terceros y no se logró normalizar la totalidad de los usuarios acordados.

El exalcalde Alejandro Char recuerda que en ese momento la situación era difícil, porque a diario – en todos los rincones de la Costa– se realizaban protestas, marchas y bloqueos en contra del “pésimo” servicio que prestaba Elecricaribe. Los usurarios de estratos bajos se quejaban porque eran “atropellados” por unas tarifas imposibles de pagar. Además, con un suministro de energía deficiente, con voltajes fluctuantes que dañaban electrodomésticos y causaban muertes. 

A esto se sumaban unas redes precarias, en condiciones técnicas inhabilitadas para prestar un servicio eficiente, permanente y confiable, lo que terminaba impactando negativamente a la ciudad y afectaba la competitividad.

“La gente, los usuarios no resistían más. Y cuando salíamos a las calles la ciudadanía nos pedía a gritos hacer algo. Eso le dijimos al presidente y él entendió lo critico del momento y se comprometió a ayudarnos y así empezamos a dar los primeros pasos para sacar a Electricaribe de la región, como lo pedían los sufridos usuarios de la Costa”.

El gobierno y la fuerza pública se veían obligados a invertir grandes recursos y mucho tiempo para controlar y normalizar la situación.

Luego de una de las tantas reuniones realizadas entre 2015 y 2016 para analizar la situación de Electricaribe, el entonces gobernador de Bolívar resumió el sentimiento de sus homólogos costeños: “Si las relaciones (diplomáticas) se van a romper con España, por parte del Caribe, pues que se rompan”.

El proyecto del Plan 5Caribe

En junio de 2015, cuando el número y frecuencia de las interrupciones del servicio de energía en la Costa Caribe iba en aumento, el Ministerio de Minas y Energía presentó un paquete de cinco medidas en busca de optimizarlo y fortalecerlo, el cual se llamó Plan 5Caribe. 

El anuncio se hizo tras una reunión con la bancada costeña, autoridades, empresarios y líderes locales, y Electricaribe. 

El plan tenía un valor de unos $5 billones y contemplaba inversiones al Sistema de Transmisión Nacional (STN) y Sistema de Transmisión Regional (STR) que serían financiadas por el Gobierno nacional y otras del Sistema Distribución Local (SDL) a cargo de Electricaribe.

“Hemos presentado el Plan 5Caribe con acciones que contemplan inversiones por más de $4 billones para los proyectos en el sistema de transmisión y normalización de redes”, afirmó en ese momento el ministro de Minas y Energía de ese entonces, Tomás González.

Seguidamente advirtió que le habían solicitado a Electricaribe realizar acciones de corto y mediano plazo para ayudar a mejorar el servicio en toda la Región Caribe, que van desde el aumento de brigadas de poda y mejora de la atención al cliente, hasta inversiones en la infraestructura eléctrica.

Sin embargo, en abril de 2016 las inversiones realizadas por Electricaribe solo llegaban a $28 mil millones; es decir, un 11,48% de las que se había comprometido en ese año, que eran de $121 mil millones.

Toma de posesión de ‘Super’

Tras el fracaso de las negociaciones, el 15 de noviembre de 2016 el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, realiza la toma de posesión e intervención de Electricaribe en los 7 departamentos de la Costa.

“La Superintendencia de Servicios Públicos concluyó que Electricaribe no se encontraba en capacidad de desarrollar su objeto social en las condiciones que la ley y la regulación le exigen, pues todas las proyecciones financieras disponibles indicaron que, aún bajo el supuesto de toma de posesión, tendrá en los próximos cinco años faltantes de caja de tal magnitud que le impedirán atender cumplidamente sus obligaciones mercantiles”, indicó un informe de la Superservicios.

La toma se llevó a cabo en medio de un operativo mediático, durante el cual fue removido de su cargo el presidente de Electricaribe, José García Sanleandro, y los miembros de la junta directiva de la empresa. La Superintendencia nombró como agente interventor a Javier Lastra. Además, se suspendió el pago de las obligaciones de la empresa.

“Hoy comienza el camino para que el servicio mejore, pero va a ser largo. Queremos que los usuarios dejen de pensar en este problema que se ha vuelto crónico”, dijo el superservicios Mendoza en rueda de prensa realizada tras la intervención.

Gas Natural Fenosa y la querella contra Colombia

En el tercer trimestre de 2016, GNF, desde España, solicitó a Colombia un diálogo directo, en un periodo de seis meses, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones para buscar “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”.

Gas Natural SDG S.A. y Gas Natural Fenosa Electricidad Colombia S.L.(GNF), en su calidad de inversores extranjeros, anunciaron que habían “notificado formalmente la existencia de una controversia con la República de Colombia”.

Con los cambios en el Ministerio de Minas y Energía (Germán Arce llegó al cargo) y en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la que llegó José Miguel Mendoza, se hizo más estrecha vigilancia y exigencia al cumplimiento de la empresa, ya que la situación así lo requería.

“Es necesario que Electricaribe invierta en infraestructura. El Gobierno ha puesto de su parte a través del plan 5 Caribe”, publicó en ese momento el presidente Santos a través de su cuenta de Twitter.

Bajo la orientación de Santos, el Minminas exigió a GNF que realizará un plan de capitalización que le permitiera avanzar con los objetivos trazados, en el marco de reuniones realizadas con los directivos de la casa matriz española encabezados por su presidente Isidre Fainé, quien viajó a Bogotá para estos encuentros.

La capitalización esperada era por unos $200 mil millones que ayudarían a superar la crisis por la que atravesaba la empresa a comienzos de noviembre de 2016. La mayor inversión de capital se debía destinar a pagar las obligaciones que tenía con XM, operador del mercado de energía, que exigía unos $43 mil millones, para evitar un posible apagón en la Costa Caribe.

Además, se esperaban inversiones por el orden de los $1,2 billones, para aliviar el rezago de los años anteriores. La empresa solicitaba un cambio en las reglas de juego, especialmente en lo concerniente al recaudo de cartera y a los fraudes.

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