Recientemente el Gobierno Nacional ha planteado la posibilidad de establecer un impuesto al patrimonio para personas jurídicas como medida para aumentar el recaudo en el marco de la nueva Emergencia Económica, Ecológica y Social.
El impuesto aplicaría a personas jurídicas con patrimonio líquido a partir de 200.000 UVT ($10.475 millones). Desde ese umbral, se contemplaría una tarifa marginal de 0,6% para patrimonios de hasta 600.000 UVT ($31.424 millones) y, por encima de ese nivel, la tarifa marginal sería de 1,2%. De momento, los detalles de la medida se conocen solo por anuncios del Gobierno.
Ahora bien, de acuerdo con el centro de estudios económicos Anif, un impuesto de esta naturaleza tiene implicaciones económicas de fondo.
“Gravar el stock de capital reduce la rentabilidad esperada de la inversión y encarece la acumulación de activos productivos, lo que puede traducirse en un desincentivo claro al crecimiento empresarial”, sostiene Anif.
Al mismo tiempo, resaltan que la adopción de este gravamen puede enviar una señal negativa a grandes jugadores internacionales, que podrían reconsiderar a Colombia como destino para instalarse o expandir operaciones, ante un marco tributario percibido como menos favorable para la acumulación de capital.
Recordaron que la experiencia histórica de Colombia ofrece lecciones importantes. En 2011, en el marco de la declaratoria de emergencia social y económica, se estableció un impuesto de carácter transitorio. Este gravamen aplicó tarifas marginales entre 1% y 4,8%.
“Algunos estudios encuentran que este impuesto incrementó el costo de endeudamiento de las empresas y produjo caídas en la inversión de las firmas afectadas. Por su parte, a nivel internacional, actualmente solo cinco países mantienen alguna modalidad de impuesto al patrimonio empresarial: Suiza, Venezuela, Argentina, Luxemburgo y Noruega para ciertas instituciones financieras. En todos los casos, las tarifas son relativamente bajas —inferiores al 1%— y de alcance focalizado, lo que evidencia que se trata de un instrumento poco extendido y transitorio”, afirman desde el centro de pensamiento.
Dentro de ello, estiman un recaudo potencial de $13,4 billones. Lo anterior, representaría un incremento de casi 6 puntos porcentuales en la tasa efectiva de tributación.
