Tener casa propia para 2026 parece ser un sueño de los colombianos cada vez más lejano debido al incremento del 23% del salario mínimo.
La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) expresó su preocupación por el aumento del salario mínimo decretado de manera unilateral por el Gobierno Nacional para 2026, al advertir que la medida podría generar un incremento de hasta el 10% en el precio de la vivienda, especialmente en la Vivienda de Interés Social (VIS), además de presionar la inflación y afectar el empleo formal.
Según el gremio, el incremento salarial no estaría alineado con la inflación ni con la evolución de la productividad, y rompe con el principio de concertación social. CAMACOL señaló que el salario mínimo funciona como una variable de indexación para múltiples costos de la economía, como tarifas, servicios, sanciones y aportes a seguridad social, lo que amplifica su impacto inflacionario.
En el sector de la construcción, altamente intensivo en mano de obra, el impacto sería inmediato. La entidad explicó que la mano de obra representa cerca del 25% de los costos directos de construcción, por lo que el aumento del salario mínimo elevaría los costos totales del sector en alrededor de un 4%, presión que terminaría trasladándose al precio final de la vivienda.
Adicionalmente, CAMACOL alertó que, al estar el precio de la VIS definido en salarios mínimos, el ajuste eleva automáticamente los topes máximos de estas viviendas, reduciendo su asequibilidad y expulsando del mercado a miles de hogares, en particular a familias con ingresos variables o en la informalidad.
Desde el punto de vista laboral, el gremio advirtió que la medida encarece la contratación formal en un país donde cerca del 55% de los ocupados se encuentra en la informalidad, sin que ello represente un beneficio real para este segmento de trabajadores.
“Es un buen eslogan, pero una mala política”, afirmó Guillermo Herrera, presidente de CAMACOL, al señalar que mejorar el ingreso de los trabajadores formales no puede hacerse a costa de frenar la generación de empleo, presionar la inflación y encarecer la vivienda social.
Finalmente, el gremio reiteró que el salario mínimo no debe ser el único instrumento de política social y pidió una estrategia integral basada en crecimiento económico, aumento de la productividad, generación de empleo formal, transferencias focalizadas y políticas de vivienda que amplíen el acceso a soluciones habitacionales dignas.
