“Colombia entró ya en déficit energético, estamos en el límite y sin margen de error”: Natalia Gutiérrez

Colombia cierra 2025 con alarmas encendidas por una demanda que crece sin parar mientras la oferta de energía en firme se estanca y el margen de confiabilidad es ya negativo. Los marcados retrasos en la entrada de proyectos de generación y transmisión, la falta de nuevos desarrollos hidráulicos y térmicos y la pérdida de la confianza inversionista sitúan al país en el borde de un serio riesgo de desabastecimiento que se creía superado hace más de 30 años.

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Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, analiza el actual momento y advierte con insistencia que la seguridad energética dependerá de que se logren destrabar con urgencia los proyectos clave—con el acompañamiento directo del Gobierno nacional— y de que se recuperen las reglas claras de juego para evitar que el país se deslice a partir de 2026 al catastrófico escenario de un apagón.

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Luego de nuestra última conversación, en mayo de este año, teníamos la esperanza de que entraran al sistema proyectos que estaban en cola, pero del total que esperábamos solo lo hizo el 8 %, y únicamente de energía solar. Siempre es bienvenida, al igual que la eólica, pero de las energías hidráulica y térmica, que nos han dado confiabilidad 24 horas al día los 7 días a la semana durante los últimos 30 años, no entró ni un solo proyecto.

De acuerdo con XM, el margen de energía en firme para 2025 ya es negativo, de menos 1,6 %. Eso significa que si Colombia entra en una etapa de sequía extrema, en un fenómeno de El Niño o en un verano eléctrico, que ocurre todos los años —más largo o más intenso—, el actual parque de generación no alcanzaría a atender la demanda que crece y crece, lo cual no es mala noticia. El problema es que la oferta no lo hace a la misma velocidad. Y eso sumado a los atrasos en generación y transmisión, sobre todo en La Guajira, donde empresas vendieron sus proyectos y se fueron del país, y otras decidieron no construirlos, mantiene al sistema estresado y eso nos preocupa porque el país debe recordar el apagón de hace 30 años.

La gente joven no sabe qué es estar en un apagón. Y si hace 30 años fue duro económicamente, si ahora nos apagamos sería peor porque de la energía eléctrica dependen transacciones comerciales, plataformas de pago, reuniones virtuales, la conectividad digital….

Lo primero es precisar que las tarifas altas son simplemente un síntoma de una enfermedad, que es la no entrada de proyectos en este gobierno y en anteriores. Son casi 4 mil megas de energía que deben ponernos a pensar en los difíciles retos sociales y ambientales que afrontan los proyectos y que requieren más acompañamiento del Ejecutivo para sacarlos adelante. El fondo de todo es abastecimiento y aunque se ponga la tarifa más alta, no va a haber energía.

Fedesarrollo estimó para el Banco de Bogotá que una hora de apagón diario le costaría al país $280.000 millones. Y un apagón como el de los 90 hoy costaría entre 1,5 y 1,7 puntos del PIB, así que en un país que apuesta a crecer al 2,5 % un apagón se comería más de la mitad del crecimiento. Por tanto, el desafío para Colombia y el resto del mundo ya no es tanto transición energética, sino seguridad energética, porque la demanda crece sin parar para data centers, inteligencia artificial o electrificación de ciudades. Y todo eso es maravilloso, pero sin energía suficiente veremos pasar esas oportunidades y no nos podremos montar en ese bus.

Hay que seguirle apostando a alcanzar metas de carbono-neutralidad, a energía cada vez más limpia, pero no podemos darnos el lujo de renunciar, de manera acelerada, a recursos como agua y gas, el combustible de transición en el mundo entero. Ambos son eficientes, limpios y nos han dado confiabilidad los últimos 30 años. Todos nos dicen que debemos llenarnos de paneles solares, claro, pero en la noche cuando no hay generación solar la energía de térmicas e hidráulicas es la que entra a respaldar. Por eso, insistimos en que en este momento de estrecheces no nos pongamos a escoger, sino a sumar. Ese el llamado que hacemos al actual gobierno y al que llegará, porque ya tenemos muy poco margen de reacción.

Durante el reciente mantenimiento a la regasificadora de SPEC, en Cartagena, debido a que no se cuenta con suficiente gas nacional se tuvo que revisar cómo atender a las térmicas, a industrias y a los consumidores finales para que pudieran seguir usando sus estufas. Cuando se da una instrucción de que toca quitarle a uno para darle a otro, eso es un racionamiento.

Seamos conscientes de que se necesita desatrasar la entrada de proyectos y señales de política pública para que los inversionistas del sector, que no demandan plata del Presupuesto General de la Nación, sigan apostando por el país por 20, 30 o 40 años más en proyectos de largo aliento. Tal como lo han hecho desde el apagón de los 90, invirtiendo casi $180 billones. Lo único que queremos es que nos pinten la cancha, nos aseguren que no van a mover las líneas marcadas y reiteren que quieren que juguemos en ella.

Los agentes del sector, las empresas, se han caracterizado por trabajar con el Gobierno, trabajando, corrigiendo la política pública como pares y en los últimos años esa conversación técnica se perdió.

La conversación ha girado en torno a bajar tarifas de energía, pero, insisto, el problema de fondo, el desabastecimiento, no se resuelve con un decreto o una resolución. Estos no producen más energía, se requiere un trabajo mancomunado no solo del Gobierno o no solo de las empresas, que son públicas, privadas, nacionales y extranjeras. Queremos seguir apostándole a proyectos en Colombia, aprovechando sus recursos. Pero requerimos reglas claras y un ente regulador, una Creg con comisionados técnicos, como los hemos tenido los últimos 30 años. No es un capricho, así se diseñó como garantía para las inversiones a largo plazo.

En transmisión, las señales de política pública las da la Unidad de Planeación Minero Energética (UMPE), que con años de anticipación, teniendo en cuenta la demanda, dice cuál es la autopista que se debe construir para que la energía llegue a las ciudades y saca las rondas para los interesados en ejecutar las líneas.

Hay un gran reto con las líneas, que se junta con el de los proyectos de generación, y es el licenciamiento ambiental con las comunidades. Es un tema que se debe repensar y que no solo pasa en Colombia. No es un asunto de malos y buenos, sino de saber llegar a acuerdos. Bogotá, que tiene un retraso de casi cinco años en la entrada de una línea de refuerzo, debió prender una planta térmica a carbón para no tener problemas de potencia ante la demanda creciente. Entonces, ¿qué tan costoso sale, en gracia de la discusión ambiental, devolverse a esas tecnologías?

Primero, necesitamos un licenciamiento ambiental con prioridad especial para los proyectos que se presenten y sean escogidos. Hoy no nos podemos poner a escoger que si nos gustan las plantas solares o las térmicas, sino el que se le mida a construir de la forma más rápida.

Segundo, se requiere un licenciamiento social acompañado por el Gobierno porque en ciertas regiones, con recursos maravillosos, es muy difícil la conversación con las comunidades y se necesita que los acuerdos alcanzados se respeten. El problema no es hacer la consulta previa, esta llega después cuando los proyectos se empiezan a construir y las comunidades no están tranquilas con lo pactado y bloquean. Hace falta reforzar todo el proceso de consulta previa con mucho acompañamiento del Gobierno nacional.

Y tercero, se necesita una subasta. Se convocó una para principios del 2026 y se acaba de postergar unas semanas. Pero preocupa que alrededor de ella han salido resoluciones que intranquilizan a las empresas, que estiman les están cambiando las reglas de juego. Sumado a un proyecto de ley que transita en el Congreso, que el ministro dice es para bajar tarifas, pero el sector ha explicado punto por punto que no las baja.

Las señales regulatorias enviadas por el Gobierno a un mercado de libre competencia, como este, son completamente intervencionistas. Por ejemplo, empresas de generación hidráulica están contratadas por encima del 95 % casi todo el tiempo, de manera que lo que quieren es intervenir la bolsa. Solo el 20 % o menos de los contratos se negocian en este mercado y el resto se hace a largo plazo. Cuando se pretende intervenirlo, se pone en riesgo el cargo por confiabilidad porque la bolsa es la que señala si estamos secos, que toca encender térmicas y guardar el agua. Si la intervención propuesta por el Gobierno se concreta, se perdería el mecanismo de ahorro y aumentaría el riesgo de desabastecimiento.

No se deben correr riesgos en épocas de estrechez. Le hemos dicho al ministro que queremos hablar sobre posibles modificaciones o mejoras del cargo, pero por ahora es supremamente riesgoso. Nuestro diseño de mercado nos ha blindado de apagones, que sí han vivido vecinos, como Ecuador. Colombia no se ha apagado, pero tenemos que gestionar el escenario de una oferta y una demanda que ya no tienen colchón, para evitar problemas en el muy corto plazo.

El primer riesgo es la pretensión de bajar los requisitos que deben cumplir los comisionados para integrar al regulador, a la Creg. Preocupa que pierda su calidad técnica. Dicen que buscan el ingreso de usuarios, pero al final todos lo somos. Cuando se crearon las leyes 142 y 143 se les puso en el centro y se tuvieron en cuenta principios para beneficiarlos, como el de eficiencia y solidaridad. El tema de las tarifas desdibujó esa filosofía y la Creg perdió su parte técnica. La reforma cambiará su funcionamiento e incluso las reglas de juego.

También inquietan temas sobre distribución porque se dejarían de reconocer inversiones que se deben hacer en esos activos para mantenerlos actualizados. Y en cuanto a generación quedarían muchos asuntos en el aire que el Gobierno reglamentará o implementará. Lo más alarmante es que se busca acabar con el mecanismo del cargo por confiabilidad, el seguro que ha permitido que Colombia no se apague y ha facilitado la expansión con la construcción de grandes proyectos.

No lo hace. Y ahí radica otra gran preocupación. A Air-e y Afinia no se les están pagando los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3 y, además, en el caso de Air-e intervenida la Superservicios no la está fondeando para que pague sus compras de energía. Es un riesgo sistémico que puede enrarecer y contagiar a toda la cadena. Sabemos que existen unos retos importantes en la asignación de subsidios, que se debe revisar su focalización, a qué personas les están llegando y debemos abordar el tema del fraude de energía. Eso será posible si trabajamos en equipo, no son conversaciones por separado y la solución no es obvia. No podemos perder el esfuerzo de tener esa conversación.

Estamos frente a una lección muy grande y es que las empresas no son el enemigo. Por el contrario, el sector empresarial colombiano ha probado finura y, en particular, el de la generación eléctrica ha superado ya siete fenómenos de El Niño sin apagarse. Siempre habrá opciones de mejora, pero la base de la discusión debe ser técnica. No tenemos mucho tiempo. Necesitamos que se revisen las medidas regulatorias de la Creg, que se les garantice a los inversionistas la tranquilidad requerida para presentarse a la subasta y sea exitosa.

Hace poco se hizo una subasta, en la que se presentaron muchos proyectos solares, pero el Gobierno no encontró toda la energía que buscaba para cubrir el déficit de energía en firme.

Por eso seguimos en negativo, así que el llamado es a que la próxima subasta se haga lo más rápido posible y se corrijan las resoluciones de la Creg para asegurar su éxito. Este no es un tema de partidos ni un discurso político, sino de seguridad energética. Necesitamos tener una discusión honesta. Colombia no tiene la oportunidad de comprarle energía a ningún otro país, salvo lo poquito que Ecuador nos pueda mandar. Y si seguimos descuidando la seguridad energética del país, nos puede salir muy costoso.

Como gremio estamos haciendo la tarea, preparamos un documento para hablar con todas las campañas sobre lo que consideramos debe hacer el nuevo gobierno. Y, al margen de quién esté al frente del Ministerio de Minas y Energía, no tendrá tiempo de aprender. Así que el próximo gobierno deberá tener un paquete de medidas claras desde el primer día. Haremos recomendaciones porque finalmente a las empresas les interesa que al país le vaya bien, en vez de entrar en una discusión de colores políticos. Necesitamos candidatos a Presidencia y Congreso que conozcan el sector, su problemática. En el Legislativo se debaten las propuestas y ajustes requeridos y confiamos en que los parlamentarios se vuelvan aliados del sector para que cambiemos lo que haga falta y a la velocidad que nos pide el mundo, trabajando sobre lo construido, sin destruir ni pensar que lo que tenemos es malo y que los esfuerzos de los últimos 30 años se deben echar a la basura.

Primero, los proyectos energéticos tienen que ser de interés nacional, con liderazgo desde la Presidencia de la República para que de principio a fin avancen en términos de permisos ambientales, sociales y tengan especial acompañamiento del Gobierno. Eso ya ocurrió en administraciones anteriores y funcionó, se les conocía como Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines) y habría que rescatarlo.

Segundo, hay que resolver el tema de los puntos de conexión. Estos tienen una capacidad limitada y, en ocasiones, la conexión de un proyecto de 50 megas bloquea uno de 500 megas. Ese es un nudo que se debe desatar porque muchas de esas iniciativas pequeñas no consiguen licenciamiento, permisos o financiación y, a la final, hacen perder tiempo a proyectos grandes que sí tenían garantías, recursos o capacidades técnicas, lo que suma más retrasos en la entrada de nueva energía.

Hablemos del cargo por confiabilidad, pero también de la modernización del mercado que llevamos cinco años pidiendo desde Acolgen: mercados intradiarios o medidores inteligentes para gestionar el consumo de energía de forma inteligente. De eficiencia no se discute por estar centrados en tarifas, saquemos del cajón esos asuntos porque también repercuten en los precios y retomemos la agenda regulatoria en su totalidad, no por pedazos, para seguir ajustando el sistema. Por ejemplo, en relación con baterías, redes y almacenamiento. Aunque lo urgente es que tengamos más proyectos y señales de política pública para que entren cuanto antes, con acompañamiento del Gobierno

Estamos en el límite y ahí seguimos. Este es un sector resiliente, en el que nos dan las señales y de inmediato nos ponemos en marcha. No pedimos brincarnos el licenciamiento social ni el ambiental. Solo requerimos a gobiernos que acompañen la conversación nacional, regional y local para que se entienda la importancia de construir proyectos que, en algunos casos, tendrán afectación ambiental, pero la clave es cómo ponernos de acuerdo para mitigarlo.

Trabajamos por un bien mayor común y es que todos tengamos energía. Sin ella, dejaremos de contar con servicios esenciales y se nos hará la vida de cuadritos, como le pasó a la península ibérica que se quedó 12 horas sin energía. En resumen, estamos corticos de tiempo y debemos desatrasarnos de la mano con el Gobierno.

De acuerdo. Colombia tiene la oportunidad de crecer económicamente en muchos sectores apalancados en energía eléctrica, entre esos el nearshoring o los data centers en la región Caribe. Pero necesitamos que esta sea competitiva en precios de energía, porque la Costa Atlántica es nuestra puerta de entrada y de salida de lo que consumimos por su ubicación geográfica, al igual que el Pacífico. Tenemos que desprendernos de la discusión de que si son empresas grandes o de que no nos gusta porque es un oligopolio. Estamos ante inversiones billonarias que solo pueden hacer pocos jugadores en Colombia y en el mundo.

Vamos a necesitar tanta energía que todas las soluciones caben y funcionan: comunidades energéticas, autogeneración, microrredes… La pelea no es que se renuncie a las generadoras grandes para que entren los pequeños, no nos dejemos atrapar en la trampa de que tenemos que reemplazar una por otra. La conclusión real es que tenemos que sumar tipos de generación porque lo que vamos a necesitar en Colombia y el mundo no está escrito.