Latinoamérica es la región más violenta del planeta, sin incluir las zonas de guerra. Lo dice un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se estima que en esta parte del mundo se registra un tercio de los casos de homicidios globales. La OMS ha declarado que el crimen y la violencia en el continente se encuentra en niveles epidémicos.
Sin duda, los niveles altos de criminalidad y violencia generan impactos sobre la economía. Por un lado, genera costos en los hogares, establecimientos comerciales y empresas, que deben aumentar sus gastos en seguridad privada y vigilancia. Por otro lado, representa reducciones en la inversión extranjera, puesto que un país en estas condiciones resulta poco atractivo a nivel internacional.
El informe del BID, El crimen y sus costos: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe, presentado recientemente, profundiza en el análisis de los costos del crimen y la violencia para la región, y los gastos materiales de los países en materia de seguridad y crimen, tanto a nivel gubernamental como privado.
El BID estima que los costos sociales y los gastos privados y del gobierno que representa la delincuencia y el crimen en 17 países de la región, llegan a montos entre USD175.000 millones y USD261.000 millones, equivalentes a entre el 2,41% y el 3,55% del PIB de estos países. Cantidad que duplica el promedio de los países desarrollados.
Costos en Colombia. En el país los costos representan el 3,12% del PIB, lo que lo ubica en el puesto 10 entre los 17 estudiados, por encima de países como Argentina, Perú, Chile o México, que tienen participaciones de 2,97%, 2,77%, 2,77% y 1,92% del PIB, respectivamente. La lista la encabezan Honduras (6,51%) y El Salvador (6,16%). En términos per cápita, a cada colombiano la violencia le cuesta alrededor de USD420,78 dólares al año.
Jairo Parada, coordinador del Doctorado en Economía de Uninorte, considera que 3,12% del PIB es una proporción gigantesca, y dice que para reducirlo en primer lugar debe recuperarse el crecimiento económico y el empleo de calidad para los jóvenes.
'La sociedad debe generar oportunidades económicas, además debe haber una fuerte política de empleo, no solo asistencialista. Sobre esa base, se deben atacar los otros frentes, como el sistema judicial, prisiones, jueces, inteligencia policial, etc. Lo uno sin lo otro no funciona', agrega.
En Colombia, los homicidios tuvieron un costo de 0,36% del PIB durante el periodo analizado 2010-2014. El costo para la región por este fenómeno fue de alrededor de USD9800 millones y USD11.400 millones por año. El costo que generan los homicidios se entiende como el ingreso no percibido de cada víctima, evaluando el número de años de vida potencialmente perdidos por causa de la muerte.
Costos de encarcelamiento. El BID estima los costos del encarcelamiento: el gasto público destinado para la administración penitenciaria y el ingreso no percibido por la población encarcelada. Los resultados para Colombia arrojaron que el gasto público para la administración de prisiones representó el 0,16% del PIB. Y que la pérdida de ingresos por la privación de la libertad fue equivalente a otro 0,16% del PIB.
David García, profesor del IEEC de Uninorte, sostiene que la crisis carcelaria en Colombia es otra muestra de la falta de efectividad en la justicia, que ha incrementado los costos de transacción.
'Una de las principales quejas del IMPEC se asocia a la falta de recursos para el sostenimiento y mantenimiento de las personas con privación de la libertad. En la práctica, estos costos se reducen con medidas disuasivas más que represivas, sin embargo, dada la compleja naturaleza de la criminalidad en Colombia, pensar en una reducción efectiva es algo difícil. Se pueden generar medidas más eficientes, pero que representen en un largo plazo una reducción gradual de dichos costos', dice García.
Crisis de las instituciones. Este estudio del BID ofrece un panorama en el cual los países de la región, incluyendo Colombia, no están bien parados en cuanto a la efectividad de las instituciones encargadas de velar por la protección y seguridad. También sugiere que los gobiernos deberían reasignar para combatir la violencia, pues si bien representan una gran proporción del PIB, no se ven reflejados en los principales indicadores relacionados con la seguridad.
Luis Trejos, profesor de Relaciones Internacionales de Uninorte, sostiene que además de los recursos se deben fortalecer las instituciones judiciales y carcelarias
'Los altos niveles de impunidad que se presentan en Colombia, son un incentivo constante para la realización de actos criminales, así como las pésimas condiciones en las que se encuentran las cárceles colombianas, que impiden cualquier proceso de resocialización, de ahí que popularmente se conozcan como universidades del delito, pues convierte el crimen común en crimen organizado', señala Trejos.
Colombia
La paz y la violencia
Con la firma del acuerdo de paz, se esperaría que los recursos que se invierten para la guerra y la seguridad disminuyan en el mediano plazo y que se inviertan en otros sectores productivos que generen mayor progreso. Sin embargo, Mario De la Puente, profesor de Relaciones Internacionales de Uninorte, advierte que se espera que el crimen no desaparezca sino que se concentre mucho más en las zonas urbanas, lo que ya está ocurriendo. Según el profesor, sería extraño que se recortaran los recursos destinados a garantizar la seguridad en el país. 'Existe un riesgo alto de que otros grupos armados distintos a las Farc ocupen las zonas de su antiguo control, principalmente con fines de control territorial frente a la producción y circulación de drogas', agrega De la Puente.
