A Colombia, como a muchos otros países, la acosan un amplio repertorio de asuntos sin resolver. Centenarios, desde la fundación de la Republica, o novedosos y por lo tanto no completamente descifrados, todos van sumándose a una inquietante lista que crece año tras año y que no parece tener fin. Tanta acumulación de pendientes genera una serie de tensiones que abruman y fastidian la gestión de quienes tienen a su cargo la dirección del Estado, y de paso condicionan el juicio de los ciudadanos que terminan casi siempre valorando mal la gestión de sus gobernantes. Es comprensible entonces que la mayoría de nuestros planes de desarrollo o de gobierno a nivel nacional sean una ambiciosa lista de deseos que muchas veces fracasa por sus desmedidos alcances, suponiendo con algo de ingenuidad, o de extraordinario optimismo, que somos capaces de resolverlo todo en periodos de cuatro años.

En varias ocasiones he expresado en este espacio la necesidad de simplificar esos planes, y por ahora concentrar los esfuerzos en resolver los problemas más básicos. Considero que el Estado debe procurar, por encima de todo, un entorno en el que los asesinos no anden tan campantes, donde se castigue al ladrón, las reglas sean claras y constantes y los servicios públicos y el transporte existan y funcionen. Con eso más o menos resuelto, que desde luego no es poca cosa, el país podría pensar seriamente en lograr avances consistentes y sostenibles.

Sin embargo, creo que incluso dentro de las prioridades relacionadas hay un asunto que nos está costando mucho más de lo que creemos y que mina cualquier otro esfuerzo que acometamos. Me refiero a la escandalosa necesidad de reformar, o ajustar, o intervenir, el nocivo, lento y pernicioso sistema judicial colombiano.

Cuando uno comprueba que las calles están llenas de personas con 5, 10, 20 o más anotaciones judiciales; que al ladrón lo capturan y lo sueltan por alguna nimiedad; que el estafador cumple penas mínimas o ninguna; que los desfalcos a los recursos públicos se pueden pagar desde las casas, y que el nivel general de impunidad en Colombia, según la ONU, ha oscilado entre el 86 y el 94 por ciento, dan ganas de parar todo y solucionar únicamente eso. No es sensato pensar en avanzar en un entorno donde la justicia no funciona.

Esto es un asunto urgente. Está claro que no se puede pensar únicamente en los sistemas punitivos como medida para mejorar la seguridad y contener al criminal, ni podríamos llenar el País de cárceles, ni arreglarlo todo con castigos, pero deben tenerse claras las consecuencias de retar la ley. Me parece que primero hay que tener el sistema en orden, para luego, o simultáneamente, implementar acciones educativas y complementarias que disuadan al delincuente. Lo cierto es que hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro, con lo cual todo lo que tratamos de hacer, hasta lo cotidiano, termina siendo mucho más complicado y riesgoso.

moreno.slagter@yahoo.com