La historia clínica de cualquier persona es reservada. Solo en situaciones excepcionales deja de serlo, y únicamente para propósitos específicos. Además, por regla general, se requiere la orden de un juez para que alguien, que no sea el titular de dicha historia o sus médicos, pueda acceder a ella.

La necesidad de una orden judicial refleja la importancia y el respeto que se le da a esta información, asegurando que solo aquellos directamente involucrados en el cuidado del paciente, como el propio titular o sus médicos, tengan un acceso natural y justificado a esos detalles. Es una medida que refuerza la confidencialidad y protege la integridad de la información médica en una sociedad que valora la privacidad y los derechos individuales.

Dicho esto, es evidente que la salud del presidente de la república y de otros altos funcionarios pueda ser de interés público. Sin embargo, al servir al estado y, por ende, a sus ciudadanos, estos individuos no pierden todos sus derechos, incluyendo el de mantener su intimidad. El presidente de la república sacrifica parte de su privacidad debido a su posición, pero no completamente, y ciertamente no aspectos tan íntimos como su estado de salud. A pesar de la importancia del cargo, no debemos olvidar que antes que presidente, es un ser humano con derechos que merecen ser respetados y protegidos.

No es justificable iniciar una especie de 'cacería de brujas' solicitando la divulgación de la historia clínica del presidente Petro basándose en un argumento tan débil como su inasistencia recurrente sin justificaciones detalladas a varios eventos oficiales. Este solo argumento no es suficiente para exigir al mandatario de la nación la divulgación de su historia clínica. Para hacer una solicitud de esta naturaleza con validez, es necesario contar con evidencias firmes y contundentes que cuestionen su estado de salud, y que dicho estado le impida cumplir adecuadamente con sus funciones.

Aunque a veces la salud mental del presidente deja dudas, como cuando mantuvo a la ministra de minas en el cargo, o cuando sigue negociando con el ELN a pesar de sus amenazas a la oposición y al fiscal, o su negativa a mostrar símbolos certeros de paz, esas crisis han sido enfrentadas por muchos otros altos funcionarios a lo largo de los años. No por ello se debe menoscabar el derecho a la intimidad. El respeto a la intimidad es un derecho fundamental, y no deberíamos olvidar eso, independientemente de las opiniones políticas o las decisiones tomadas por el líder en cuestión.