Colombia atraviesa una crisis silenciosa que no siempre ocupa titulares, pero que ya está definiendo el futuro de miles de jóvenes. Es el retroceso en el acceso a una educación de calidad, una realidad que golpea con fuerza a la clase media y que en regiones como la Costa Caribe se siente con especial crudeza.

Cada vez más familias que durante años hicieron grandes sacrificios para mantener a sus hijos en colegios privados hoy ya no pueden sostener ese gasto. La inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la inestabilidad económica han convertido la educación en un lujo. El resultado inmediato es un traslado forzado de estudiantes hacia el sistema público, que no estaba diseñado para absorberlos en masa ni en tan corto tiempo.

La pregunta de fondo no es solo a dónde irán esos jóvenes, sino en qué condiciones continuarán su formación.

Los colegios públicos enfrentan problemas estructurales de infraestructura, cobertura y recursos humanos. En ciudades del Caribe como Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, y en muchos municipios intermedios, la presión sobre el sistema es evidente. Sin una inversión adicional clara, sostenida y bien administrada, el riesgo es el deterioro de la calidad educativa, el aumento de la deserción escolar y la frustración de estudiantes y docentes.

Cuando la educación retrocede, las consecuencias no se quedan en el aula.

Un joven sin oportunidades educativas reales es un joven vulnerable. Vulnerable a la informalidad extrema, a las economías ilegales, a la criminalidad y a los discursos radicales que prometen identidad y pertenencia donde el Estado no llega. Menos educación suele traducirse en más violencia, más polarización y mayor fragmentación social. Es una ecuación que Colombia ya ha vivido y cuyos costos humanos y económicos conoce demasiado bien.

Este no es un problema coyuntural ni pasajero. Es una bomba de tiempo. En cinco o diez años, esta generación que hoy ve truncadas sus oportunidades llegará a la adultez con menos herramientas para competir, emprender o aportar al desarrollo regional y nacional. Entonces volveremos a hablar de inseguridad, desempleo estructural y pérdida de cohesión social, como si se tratara de fenómenos inesperados. No lo serán: serán consecuencias previsibles.

En la Costa Caribe, donde históricamente la educación ha sido la principal vía de movilidad social, el impacto puede ser aún más profundo. Sin educación de calidad se debilita la capacidad de la región para retener talento, atraer inversión y consolidar un desarrollo sostenible. La brecha frente a otras regiones se amplía y el descontento social crece.

En este contexto surge una inquietud que empieza a escucharse con más frecuencia en sectores productivos del país: ¿qué tan viable es un modelo de nación que no logra garantizar educación y oportunidades de manera equitativa? Cuando el Estado central falla en lo esencial, las regiones comienzan a cuestionar el pacto. La discusión sobre mayor autonomía regional, o incluso esquemas federalistas, deja de ser un ejercicio académico y se convierte en una reacción al abandono.

No se trata de una amenaza ni de un llamado a la ruptura. Es una advertencia.

La educación no puede seguir siendo la variable de ajuste de cada crisis fiscal o política. No es un gasto prescindible: es la inversión más estratégica de cualquier país. Un país que educa integra, reduce desigualdades y construye futuro. Un país que abandona a sus jóvenes se fragmenta y se debilita.

El futuro de Colombia está en alto riesgo, no por una ideología específica ni por un gobierno en particular, sino por la acumulación de decisiones cortoplacistas que han erosionado lo fundamental. Lo que está en juego no es una cifra del presupuesto nacional, sino el rumbo del país y el destino de toda una generación.

@billyhernandez2020