Ojalá la campaña para que la virtualidad judicial se mantenga y sea permanente, liderada por el Colegio de Abogados Penalistas y que es respaldada por muchos colegas, tenga eco y las semillas sembradas den su fruto.

Se demostró durante la pandemia que la justicia puede funcionar mucho mejor usando las herramientas y plataformas que da el mundo de la tecnología en estos momentos y que cada día tiende a mejorar.

No solamente en el ahorro de recursos monetarios, al eliminar viajes innecesarios de partes e intervinientes se disminuye en viáticos, tiquetes, hospedajes y demás, sino que significa un mejor uso del tiempo útil en cada audiencia o diligencia realizada.

En el ámbito penal hemos visto qué audiencias como la imputación de cargos o la decisión del sentido del fallo o las audiencias previas, cualquier que ellas sean, se pueden hacer de mejor manera por medio de la virtualidad.

Ni que decir de diligencias de interrogatorio, conciliaciones, audiencias de acusación o decisión de apelación donde el resultado favorable del uso de la tecnología es innegable.

Claro está que no todo es color de rosa y hay que mejorar y ajustar todavía mucho, como es el caso del juicio oral, en especial la práctica de la prueba testimonial, cuando se deban trasladar elementos probatorios, ahí creo que la virtualidad por ahora falla y hace complicado el buen desarrollo de esta etapa importante del proceso, pero solo allí pensaría que la presencialidad es aún importante, las demás etapas del juicio, como alegatos y decisiones, deben hacerse usando las diferentes plataformas tecnológicas que se conocieron y usaron virtualmente.

Otro problema ya fue solucionado en el Congreso de la República y es la imposible desconexión. Muchos abogados pensaron, en sus diversos roles, que virtualidad era sinónimo de trabajar 24 horas y ya quedó claro que no, que todo tiene límites, límites que están referidos a la duración de audiencias y recepción de documentos, demandas, acciones o similares.

El representante Gabriel Santos y otros congresistas ya alzaron la mano para volver legislación permanente las normas aplicables a la virtualidad y esperamos que el Congreso de la República entienda que son más las virtudes que los defectos de esta y que por el bien de la justicia esta normatividad quede como ley de la República de manera definitiva en el menor tiempo posible.

Incluso, la suspensión, cancelación o aplazamiento de audiencias se condiciona mucho más mediante la virtualidad dándole eficacia y agilidad a la justicia y sus decisiones contribuyendo a bajar la congestión judicial.

Por todo esto digamos #SíALaJusticiaVirtual, apoyemos al Colegio de Abogados Penalistas y llevemos al futuro el sistema judicial colombiano, no nos quedemos atrás.