La natalidad sigue en caída libre en Colombia. En 2024 se registraron 445.011 nacimientos, el dato más bajo reportado durante la última década, que equivale a un descenso del 13,7 %, comparado con 2023. De hecho, desde 2019 los nacimientos se han desplomado un 31 % y si el periodo se amplía de 2015 a 2024 la tasa de natalidad pasó de 14,3 a 8,4 alumbramientos por cada mil habitantes. En la región Caribe, Cesar, Atlántico, Magdalena y ahora Sucre aparecen entre los departamentos donde nacen menos bebés a nivel nacional

De mantenerse o bajar la actual tasa de fecundidad de 1,6 hijos por mujer, en 2070 la población colombiana rondaría los 50,5 millones de personas. Es decir, unas 2,6 millones menos que la proyección demográfica estimada por el Dane para el 2025, que es de 53,1 millones. Sí, seremos cada vez menos habitantes por la reducción acelerada de nacimientos, que al cabo de una década, calculan investigadores, no serían más de 100 mil por cada año.

Es impactante lo que ocurre, consecuencia de factores relacionados con avances en equidad de género, mayor educación y participación laboral femenina, pero no es nada distinto a la tendencia global de cambios demográficos marcados por significativas caídas de población. Incluso se habla de países sin crecimiento humano, como Japón. No cabe duda de que la decisión de aplazar la maternidad o de no tener hijos depende de las mujeres, aunque en ella también incidan variables como la incertidumbre económica, el alto costo de vida y, en definitiva, la redefinición de prioridades de las nuevas familias que hoy se están formando.

Ahora bien, esta transformación demográfica profunda, acelerada después de la pandemia y asociada a derechos y oportunidades, no solo supone un aumento en la ya marcada caída de los nacimientos, también nos revela un país con una población cada vez más envejecida.

La proyección actualizada del Dane nos confirma lo evidente. En 2050 una de cada cinco personas será mayor de 65 años, el único grupo poblacional que se expande, mientras que el segmento de 0 a 14 años y el de 15 a 64, es decir, el considerado en edad activa, por el contrario decrecen con rapidez o, al menos, mucho más de lo esperado inicialmente. He ahí el meollo del asunto. El invierno demográfico que afrontamos genera efectos económicos y sociales que exigen atención prioritaria para tratar de encauzar una encrucijada histórica.

Por la experiencia de otros países que han puesto en marcha medidas, algunas de ellas soportadas en cuantiosos recursos, no existen garantías de que se pueda revertir sin más la caída de la natalidad. Las decisiones reproductivas son del ámbito personal de las mujeres y si estas no cuentan con condiciones favorables no darán el paso. El resto es pura retórica.

Lo que sí es fundamental ante el aumento en la esperanza de vida y del envejecimiento poblacional es que se adopten políticas públicas pertinentes en materia de pensiones, en atención en salud y oferta de cuidado, al igual que en inclusión y, por qué no, en reinserción en la actividad productiva de los mayores. Cuesta ser tan optimista, pero la realidad social de la disminución sostenida de nacimientos y el aumento de la mortalidad asociada a que somos un país de viejos no da espera para patear hacia adelante esta crisis demográfica que, como advierte el centro de estudios económicos Anif, está modificando de manera estructural la relación entre la población activa y dependiente. Un fenómeno que puede causar un serio desbarajuste en el mediano plazo en la sostenibilidad fiscal, que dicho sea de paso atraviesa a día de hoy una fuerte tormenta por el manejo de las finanzas públicas.

Sin decisiones responsables que ajusten el creciente gasto en salud de los mayores y se ocupen de asegurar el futuro de un sistema pensional que se irá quedando sin suficientes cotizantes por la reducción de la fuerza laboral, en particular en el campo, el horizonte económico se hará más sombrío, sobre todo en materia de crecimiento. Que estos datos tan crudos como reales sean más bien una oportunidad para repensar cómo garantizar los bienes y servicios que demandarán las personas mayores de todos los sectores sociales, evitando que la vejez se convierta, como hasta ahora, en un factor de exclusión en el país.

Porque envejecer es lo único inevitable y seguro que tenemos en la vida.