El Gobierno nacional no solo incumplió su promesa de democratizar el crédito rural; construyó un relato artificioso que hoy se desmorona frente a las cifras reales. Lo que se presentó como un avance histórico en inclusión financiera es, en esencia, un modelo que privilegia a los grandes jugadores, abandona al campesino y pone en riesgo la estabilidad del sistema agrofinanciero.

Los $16,9 billones desembolsados al sector agropecuario entre enero y abril de 2026, con un crecimiento del 20,3%, se han convertido en la cifra bandera de la narrativa oficial. Pero ese número, repetido sin contexto, encubre una realidad profundamente desigual.

El 74,3% de esos recursos fue a parar a grandes empresas, mientras los pequeños productores —que constituyen el 72% de las operaciones— apenas accedieron al 15,6% del total. Esto no es inclusión: es concentración disfrazada de política pública.

En términos simples, el pequeño campesino sigue siendo irrelevante para el sistema. Sus créditos promedio, cercanos a $24 millones, no permiten tecnificación, ni expansión, ni competitividad. Apenas alcanzan para sostener agronegocios de subsistencia.

Mientras tanto, se consolida una estructura donde el crédito fortalece a quienes menos lo necesitan y margina a quienes deberían ser el centro de la política rural. La exclusión no solo es económica, también es geográfica.

El 83% de los desembolsos se concentra en 10 departamentos. El resto del país rural —ese que enfrenta pobreza, informalidad y abandono estatal— sigue fuera del radar financiero.

Aún más grave es la desnaturalización de Finagro. La entidad, creada para corregir fallas de mercado y promover crédito de fomento, hoy actúa como un espectador irrelevante. Solo el 17,8% de la cartera fue canalizada vía redescuento, mientras el 82,2% quedó en manos de intermediarios financieros bajo esquemas de cartera sustitutiva.

El Banco Agrario, por su parte, empieza a mostrar señales inquietantes. El incremento del 94,8% en la normalización de cartera en pequeños productores de bajos ingresos no es un dato técnico menor: es una alarma roja.

Detrás de ese crecimiento hay refinanciaciones masivas, créditos mal estructurados y decisiones de originación que, en muchos casos, parecen haber ignorado cualquier criterio serio de riesgo.

Lo que está en juego no es únicamente la eficiencia del crédito, sino la estabilidad del sistema. El deterioro de la cartera amenaza directamente al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), que respalda la mayoría de estas operaciones.

Si la siniestralidad sigue aumentando, el país podría enfrentar un colapso silencioso en su esquema de garantías, afectando el acceso al crédito de miles de productores.

Este no es un problema menor ni un debate técnico. Es un posible escándalo financiero en cámara lenta.

Por eso, resulta impostergable que la Superintendencia Financiera y la Contraloría intervengan con una auditoría profunda a Finagro y al Banco Agrario, revisando la calidad de la cartera, los criterios de aprobación y la sostenibilidad real de los programas impulsados. En el próximo gobierno habrá que ordenar una auditoría forense.

Colombia no necesita más propaganda disfrazada de cifras. Necesita una política agrofinanciera seria, transparente y enfocada en resultados reales. Porque hoy, detrás del discurso de inclusión, lo que existe es un sistema que excluye, debilita y pone en riesgo el futuro del campo colombiano.

@indadangond