En Colombia, donde es difícil, por no decir imposible, encontrar hoy un usuario sin una queja o un reclamo sobre el sostenido y deliberado declive del sistema de salud, sacar de cuidados intensivos a este paciente en fase terminal resulta una de las pruebas más exigentes —y urgentes— para quienes aspiran a tomar las riendas de la nación, a partir del 7 de agosto.

Las demoras para acceder a una cita — principalmente con los especialistas—, la escasez de medicamentos y la incertidumbre para conseguir una cama hospitalaria hacen parte de la agobiante rutina de miles de personas en Barranquilla, el Atlántico y demás territorios del país. Esta caótica situación ha llegado a tal punto que la gente no tiene opción distinta a pagar de su propio bolsillo terapias y medicinas y, en el peor de los casos, deben interrumpir sus tratamientos o resignarse a esperar un milagro mientras su salud se agrava día tras día.

La sensación de abandono entre los usuarios se expande y su desconfianza en el sistema empeora, mientras crece la percepción o realidad, como lo constató la Contraloría General, que las intervenciones a las EPS —parte central de la estrategia del ‘shu shu shu’ del actual Ejecutivo, no resolvieron la aguda crisis; más bien, como en la Nueva EPS, la profundizaron.

Frente a tan desesperanzador panorama, la ciudadanía reclama medidas urgentes, como se lo expresaron a EL HERALDO. Unos le demandan al próximo gobernante un plan inmediato que garantice la atención básica; otros hablan de la necesidad de una reforma del sistema. Pero, más allá de las consideraciones particulares, existe un claro consenso: cualquier salida tiene que construirse con los usuarios, no a sus espaldas, y debe asegurar un adecuado flujo de recursos para que las EPS puedan cumplir con sus funciones esenciales. Sí, es lo mínimo.

Los candidatos entienden la gravedad del momento y coinciden en la premura de un plan de choque inmediato. Sin embargo, no todas las rutas generan el mismo nivel de confianza.

Las propuestas de Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia parten de una premisa clara: corregir el colapso sin desmontar lo que todavía funciona. En ambos casos, el énfasis está en restablecer el flujo de los recursos, ajustar la UPC a la realidad del riesgo en salud y garantizar la sostenibilidad financiera de EPS, condicionando su permanencia a resultados.

‘El Tigre’ propone una inyección significativa de fondos, auditorías estrictas y depuración del sistema que obligue a fusionar o transformar entidades inviables. Paloma plantea metas ambiciosas en los primeros 100 días, como resolver millones de atenciones represadas, una compra masiva de medicamentos y un PMU permanente. Son enfoques que, con matices, priorizan la estabilidad operativa y respuesta inmediata al usuario que exige soluciones ya.

Distinto es el enfoque de Iván Cepeda, quien, al margen de los correctivos perentorios que anuncia, insiste en profundizar un modelo con prioridad en lo público, que los actores del sistema, sobre todo usuarios, asocian con el deterioro actual.

Su apuesta por mantener la orientación del Gobierno vigente, incluso con ajustes y consensos, despierta dudas en un contexto donde la gente reclama resultados tangibles y no transiciones nuevas e inciertas.

Y es que la discusión de fondo no debe ser ideológica, sino funcional: ¿cómo garantizar que un paciente reciba atención oportuna y medicamentos a tiempo? La respuesta no admite dilaciones. Porque mientras la política debate el diseño de nuevos modelos e improvisa con total irresponsabilidad, como ha hecho el gobierno Petro, los ciudadanos están esperando —y pagando— por un derecho fundamental que no puede seguir, como hoy, en suspenso.

El llamado de los pacientes se convierte en una exigencia inaplazable, cuestión de vida o muerte. El próximo presidente no solo deberá reformar lo que queda del sistema, tendrá que rescatarlo. Y hacerlo rápido, porque cada día de demora, como se ha demostrado, le cuesta la vida a un enfermo. Y ya tenemos demasiadas familias llorando a sus seres amados.